Nuevamente, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un anuncio importante desde el extranjero, en este caso dio a conocer en Davos, Suiza que su gobierno decidió extraditar a Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos, pues hasta antes de su declaración aunque todo hacía suponer que así sería, no había la plena certeza ya que lo único que se sabía era que se procesaba la solicitud norteamericana, pero no se había hecho explícita la postura del Ejecutivo federal.
De acuerdo al párrafo 1 del artículo 9 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, cuando jurídicamente procede la extradición (lo cual en este caso no está en cuestionamiento, simplemente hay que procesarla ante el Poder Judicial), la decisión de hacerlo o no queda totalmente a la "entera discreción" del Poder Ejecutivo.
Así, hoy es claro que el cambio de titular de la procuraduría también cambió el criterio respecto a la extradición del que era el delincuente más buscado del mundo; Jesús Murillo Karam era partidario de mantenerlo en las prisiones mexicanas hasta que cumpliera con las sentencias que le impusieran los tribunales mexicanos, en concordancia con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Extradición Internacional (aplicable únicamente para los países que no tienen tratado de extradición con México), en el sentido de que "cuando el individuo reclamado tuviese una causa pendiente o hubiera sido condenado en la República por delito distinto del que motive la petición formal de extradición, su entrega al Estado solicitante, si procediere, se diferirá hasta que haya sido decretada su libertad por resolución definitiva".
Pero a Arely Gómez y al presidente poco les importa ese referente y aunque "El Chapo" tiene pendientes causas y condenas que cumplir, ellos lo que quieren es deshacerse lo más pronto posible de él. Seguramente su prisa obedece a tres razones principales: una, la presión que ejerce el gobierno del vecino del norte para que se lo envíen cuanto antes; dos, el altísimo costo que representa el mantenerlo en las cárceles mexicanas, más ahora con las extraordinarias medidas de seguridad que implementaron a partir de su recaptura; y tres, el temor de que se les fugue y los deje nuevamente en ridículo.
Sin embargo, la misma procuradora reconoció en una entrevista radiofónica unos días después de la recaptura, que el proceso de extradición, cuando el presunto delincuente se opone al mismo y, por lo tanto, interpone todos los recursos disponibles para evitarla, lleva entre 1 y 5 años, es decir, en el mejor de los casos (para el gobierno mexicano, que en este caso está interesado en extraditarlo) se lleva un año y, si los abogados del presunto delincuente hacen uso de todos los recursos legales en una determinada secuencia, puede prolongarse hasta por 5 años.
En este caso las dos posturas ya son explícitas: Guzmán Loera no quiere ser extraditado (incluso cuando estaba prófugo interpuso recursos de amparo; y cuando lo recapturaron, lo primero que hicieron sus abogados fue interponer un nuevo recurso); y el gobierno mexicano, sí quiere hacerlo y lo más rápido posible.
En estas condiciones las apuestas del presunto narcotraficante son dos: una, cuenta con abogados que son capaces de llevar el trámite jurídico más allá de diciembre de 2018 y confiar en que el nuevo presidente difiera de la postura del actual y, apegándose al párrafo ya referido del tratado de extradición, decida no hacerlo hasta que no pague su deuda con la justicia mexicana (Murillo Karam, decía irónicamente que en 300 años, por los múltiples cargos que enfrentaba); y dos, que le den tiempo suficiente para poder concretar otra fuga.
Para ganar cualquiera de las dos apuestas depende de que sus abogados logren prolongar el juicio de extradición al máximo. Y aunque es una realidad que Guzmán Loera cuenta con buenos y leales abogados, también lo es que el gobierno mexicano, utilizará todos los recursos a su alcance (entre los que desde luego hay que considerar una fuerte presión a jueces, Magistrados y, hasta, Ministros, si se da el caso, para que aceleren los tiempos) para apresurar el trámite, por la enorme atención internacional que hay sobre el caso, que de suyo se convertirá ya en una presión para los integrantes del Poder Judicial que lo atienden, pues todas y cada una de sus decisiones, incluso las procedimentales, tendrán una amplia difusión.
Pero aunque los abogados le cumplan a su jefe y logren prolongar el juicio más allá del 1 de diciembre del 2018 (que implica alargar el juicio durante 2 años y 11 meses, lo cual sería un gran logro para sus representantes legales) eso no implica que el nuevo presidente cambie la postura del gobierno mexicano sobre la extradición ni que "El Chapo" y su gente logren concretar una nueva fuga.
Así las cosas las probabilidades de que (más temprano que tarde) Guzmán Loera sea extraditado son muy altas; y lo único cierto es que ni el mismo presidente Enrique Peña Nieto cree en las palabras que pronunció en su mensaje a los medios de comunicación el viernes 8 de enero, tras la captura del capo: "Hoy, nuestras instituciones han demostrado una vez más que los ciudadanos pueden confiar en ellas, que nuestras instituciones están a la altura, que tienen la fortaleza y determinación para cumplir cualquier misión que les sea encomendada", y prefiere no ponerlas a prueba en la misión de mantener a Joaquín Guzmán Loera en cautiverio, mejor que lo hagan las instituciones norteamericanas.
