Los informes presidenciales en México siempre han sido meros actos protocolarios utilizados con fines publicitarios y de promoción personal; durante años fueron el escenario en el que se le rendía pleitesía al monarca sexenal, hasta que la llegada de la oposición al Congreso de la Unión alteró la parafernalia y le disputó el protagonismo al presidente.
El cambio de formato simplemente buscó evadir a los opositores, que al estar fuera de su recinto ya no podían arruinarle la fiesta al Titular del Ejecutivo. Y, particularmente, a partir de ese cambio de formato es que los presidentes al referirse a ese acto protocolario reiteradamente dicen que rinden cuentas a la nación, lo cual es absolutamente falso.
Vale la pena insistir en que rendir cuentas implica la existencia de 3 elementos indispensables: informar, justificar y asumir las consecuencias de sus actos. Es decir, el informe es simplemente cumplir con el primer elemento de la rendición de cuentas, que ciertamente es indispensable pero no suficiente, pues faltarían los otros dos para que efectivamente rindieran cuentas.
Sin embargo, todas las variantes incorporadas al formato del Informe presidencial son precisamente con la intención de evadir la rendición de cuentas, ya que tienden a proteger al Titular del Ejecutivo de cualquier tipo de interacción espontánea con sus interlocutores, lo cual es una característica indispensable de la justificación.
Y, desde luego, el párrafo segundo del artículo 108 constitucional, que prácticamente le brinda inmunidad absoluta, lo libra del tercer elemento, es decir, el sufrir las consecuencias de sus actos (premios, pero sobre todo castigos). Ya que lo deja fuera incluso del recién promulgado Sistema Nacional Anticorrupción, que tanto pregona Enrique Peña Nieto, ya que ninguno de los delitos señalados en el mismo encuadran dentro de lo establecido en dicho párrafo: "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común."
Hasta el gobierno de José López Portillo, prácticamente el único actor era el Presidente de la República, pues aunque formalmente había una respuesta al informe, ésta siempre estaba dirigida a alabar las acciones presidenciales. En el último informe de Miguel de la Madrid, un senador de oposición (ex priista y ex compañero de universidad del presidente) Porfirio Muñoz Ledo le robó cámara al interpelarlo repetidas veces y hacerlo trastabillar.
Pero fue finalmente hasta que la oposición le impidió a Vicente Fox rendir su último informe de gobierno en el Congreso de la Unión, que se decidió modificar la Constitución para que el presidente no tuviera que pronunciar su mensaje en la sesión inicial del primer período de sesiones de la Legislatura correspondiente y, simplemente, lo enviará por escrito y posteriormente los secretarios de estado fueran citados a comparecer en la glosa del mismo.
Sin embargo, para no perder los reflectores y la exposición mediática, Felipe Calderón decidió iniciar una nueva tradición con un mensaje en un recinto alternativo y con un público invitado por él (en el que desde luego se incluía a algunos legisladores, pero siempre cuidando que no fueran a pretender robarle reflectores).
Es decir, la idea del monologo se reforzó y por supuesto que el llamado Mensaje a la Nación, nada tenía que ver con un balance de su gestión (particularmente del último año, pero también lo acumulado en lo que iba de su administración) y menos con el establecimiento de compromisos, metas y objetivos para el siguiente año o para lo que restara de su gobierno. Era simplemente un acto para el lucimiento personal.
Enrique Peña Nieto, lo mantuvo durante sus primeros 3 años, pero decidió modificarlo para este cuarto informe por lo que llamó pomposamente "Diálogo con jóvenes", que más allá de lo excluyente del formato, no cumple ni siquiera con la definición mínima de diálogo, del diccionario de la Real Academia Española: "Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos", en una de sus acepciones. Y como: "Discusión o trato en busca de avenencia".
Y la farsa, con Enrique Peña Nieto como único actor, no cumple con ninguna de las dos acepciones. Más allá de ser un público complaciente y, en su mayoría, comprometido de alguna forma con el gobierno federal para asegurar las preguntas propicias para el lucimiento del presidente, no hubo interlocución, simplemente el invitado preguntaba y Peña Nieto respondía lo que se le antojaba y como quería, sin que hubiese ninguna posibilidad de repreguntar o hacer algún comentario.
Ciertamente hubo algunas preguntas que abordaban temas incómodos, como las referentes al plagio de su tesis de licenciatura o la controvertida visita de Donald Trump, pero casi parecían sembradas para que el presidente abordara dichos temas ante una audiencia pasiva y silenciada, mucho más complaciente que en una conferencia de prensa o en una reunión con casi cualquier otro público, como podían ser legisladores, empresarios, etc.
El Informe de Gobierno debía ser la oportunidad para dirigir un Mensaje a la Nación (al estilo norteamericano) que se aprovechará para hacer un balance de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, así como, una oportunidad para fijar las prioridades para el siguiente tramo de gobierno. O bien, el escenario para confrontarse con la oposición (como sucede en los regímenes parlamentarios) en tonos incluso ásperos y beligerantes, pero siempre dentro de los límites institucionales. Y, en ambos casos, sí como parte de la rendición de cuentas indispensable en una democracia. En contrapartida, es simplemente un evento promocional.
