Parece increíble que tuvieran que pasar diez años para que desde el gobierno de la República se reconociera lo que desde un principio se consideró una aberración o, en el mejor de los casos, una situación sin fundamento constitucional de alto riesgo: que el Ejército Mexicano saliera a las calles a realizar labores de prevención, vigilancia, revisión, investigación y persecución de delitos.
Felipe Calderón, expresidente panista, decidió en un marco de escasa legitimidad política, tras su cuestionado triunfo de 2006, sacar de los cuarteles a la milicia para combatir al crimen organizado en lo que él mismo llamó “guerra contra el narco”. La medida, según se dijo, era necesaria y provisional. Necesaria frente a la evidente incapacidad de las policías de los tres niveles de gobierno de frenar a la delincuencia. Provisional mientras dichas policías se reestructuraban para poder contar con mayor fortaleza, probidad y recursos.
Eso no ocurrió en el sexenio calderonista y cuando entró el priista Enrique Peña Nieto a Los Pinos, la estrategia se mantuvo intacta, aunque con mucho menos exposición mediática. La realidad, a la vuelta de una década, no es muy distinta hoy con todo y que se han desaparecido y reconstruido los cuerpos policiales, aplicado un nuevo sistema de justicia penal y detenido a grandes capos de la droga.
La violencia sigue siendo historia de todos los días. De acuerdo a un recuento publicado en las páginas de El Siglo de Torreón, en diez años de esta “guerra” en la que han participado las Fuerzas Armadas el saldo es de 174,000 muertos, alrededor de 30,000 desaparecidos, por lo menos 50,000 huérfanos y una sangría al erario de 1.8 billones de pesos. Pero el alto costo no sólo es social, político y económico.
Las mismas instituciones castrenses han padecido un desgaste que las ha colocado en una posición muy complicada por los señalamientos de violaciones a los Derechos Humanos y, por supuesto, por las bajas y golpes que han sufrido por parte del crimen organizado. Además, se han documentado casos de militares involucrados con delincuentes, lo que ha abierto la puerta a la pérdida de confianza ciudadana de una de las instituciones pilares del Estado mexicano y que tradicionalmente ha gozado de mayor prestigio en la sociedad.
Bajo este contexto deben revisarse las declaraciones hechas la semana pasada por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, respaldadas por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto. De lo dicho hay que destacar que existe la suficiente conciencia en el Ejército de que no está en su función, facultad, o en la capacidad de asumir el rol de policía, y que haberlo hecho, por estricta orden y necesidad, ha tenido costos altísimos. Que lo deseable es que la tropa regrese a los cuarteles o que el Congreso de la Unión dé soporte legal al actuar del Ejército en temas de seguridad pública.
El problema es que aún no están dadas las condiciones para que las policías de los tres niveles de gobierno puedan asumir por completo la labor de enfrentar al crimen organizado. La descomposición de la seguridad que se vive en estados como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, entre otros, pone de relieve los grandes rezagos que aún se tienen en materia de fortalecimiento de las instituciones civiles.
La responsabilidad de este fracaso es compartida: entre los municipios que claudicaron, los estados que los descobijaron y la Federación que se ha desentendido, el país entró en una espiral de violencia que obligó a la militarización de las funciones de seguridad. La gran pregunta es ¿qué va a pasar ahora?
La única respuesta viable es, con todo: que se regule, dentro de un marco de estado de derecho y respecto a los Derechos Humanos, la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas, pero que a la vez se imponga un plazo fatal para que regresen a sus labores normales. En el ínterin, los gobiernos federal, estatal y municipal deben prepararse para asumir plenamente una función que les corresponde.
