El pasado jueves 8 de diciembre el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos hizo una crítica evaluación de los 10 años de presencia del Ejército en las calles para combatir al crimen organizado; en sus palabras no reveló nada desconocido, pero sí tuvieron mayor impacto por provenir precisamente del responsable de las Fuerzas Armadas nacionales.
Por más que se quiera destacar la aprehensión de los criminales más buscados y el supuesto desmantelamiento de los grupos criminales, lo cierto es que la violencia no cede, la drogadicción se extiende y los índices delictivos, con algunos altibajos, se mantienen altísimos. Y, lamentablemente, aunado a todo esto se incrementó las violaciones a los derechos humanos.
Cualquier logró que se quiera presumir palidece frente a las apabullantes cifras de muertos, desaparecidos, vejaciones y atropellos; el balance es abrumadoramente negativo. Y, sin embargo, hasta hoy las autoridades mantienen la misma estrategia fallida y, lo peor, no se ven avances sustantivos y sostenibles para disminuir la criminalidad y la impunidad.
Aunque no hay plazos determinados, siempre se planteó que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles sería temporal, mientras se lograban fortalecer las policías estatales y municipales, sin embargo, como bien señaló el General las policías no hacen su tarea y, en estos 10 años, los gobiernos estatales y municipales han sido incapaces de reestructurar sus cuerpos policiacos y hacerlos funcionales. Efectivamente son muy pocas (si existe alguna) las entidades federativas que puedan presumir de contar con una policía eficaz, eficiente y confiable, capaz de abatir los índices delictivos. Después de 10 años no se puede presumir ningún avance en la materia.
Otro de los aspectos en los que también tiene razón es en que el nuevo sistema de justicia penal no funciona como debería. En este caso, por lo menos, sí hubo un cambio sustantivo, pues se transformó radicalmente el sistema, sin embargo, se mantienen los índices de impunidad y muchos presuntos delincuentes son liberados por problemas procesales. Las distintas instancias que participan en dicho proceso (policías -incluyendo al Ejército y la Marina-, ministerios públicos y jueces) intercambian acusaciones, pero no avanzan en la solución del problema.
La principal motivación para la alarma que hizo sonar el General es impulsar una nueva legislación en materia de seguridad interna y un mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas, lo cual finalmente lograría lo contrario de lo que él dijo favorecer: pues en lugar de regresar al Ejército a los cuarteles, ampliaría y fortalecería su presencia en calles y en las tareas para las que él dijo que no estudiaban los soldados: perseguir delincuentes.
El General, como todos los que defienden la presencia del Ejército en estas tareas, quiere una legislación que amplíe sus atribuciones y blinde a sus efectivos en sus violaciones, atropellos y abusos, que él calificó como "resbalones", pero contrario a lo que él señaló "ni se caen ni hasta allí llegan", pues como es evidente no hay ningún militar condenado por cualquiera de los graves delitos que han cometido.
El décimo aniversario de una guerra infructuosa y muy costosa (tanto en vidas humanas, como en el impacto que ha tenido en la vida política, social y económica del país) y el llamado de atención del General, deben ser un buen inicio para hacer una revisión a fondo de la fallida estrategia; pero, sobre todo, para identificar una o varias opciones que permitan recuperar la tranquilidad perdida.
Para "llevar agua a su molino" el General puso el dedo en la llaga, fue él quien abrió la puerta para iniciar una profunda discusión. Pero ésta tiene que ser franca y abierta, libre de prejuicios y de tabúes y basada en evidencias. Antes de seguir discutiendo las iniciativas de nuevas legislaciones y reformas que hoy están congeladas en el Congreso, habría que aprovechar para hacer un alto en el camino y hacer una revisión objetiva.
La discusión tiene que abarcar todos los ámbitos involucrados, es decir, seguridad, procuración e impartición de justicia; entender que la interrelación es tal que las deficiencias en uno impactan a los otros dos y, por lo tanto, la solución debe ser integral. Hay que reconocer que hay algunos avances, como el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero también aceptar que su implementación enfrenta serios obstáculos, particularmente porque prevalecen muchos de los viejos vicios en los tres subsistemas. Pero la integralidad de una nueva estrategia también tiene que extenderse a la política social de las instancias gubernamentales, pues es un hecho que hay causas estructurales, que impedirán el éxito de cualquier solución que no los tome en cuenta.
Por supuesto que el problema es complejo, pero hacer un balance objetivo y basado en evidencias de 10 años de política de seguridad y combate a la delincuencia en el país, es un buen punto de partida.
El General abrió el debate, pero es evidente que lo hizo desde su particular posición y aprovechó para repartir culpas y exigir condiciones, hay que aprovechar la oportunidad pero estableciendo términos adecuados para que el debate no concluya en un intercambio de reproches y recriminaciones o reconocimientos, esto en nada contribuye a la búsqueda de soluciones, que es lo que necesita urgentemente México.