En la misma semana en la que la Cámara Baja del Congreso Nacional de Brasil decidía el primer paso para proceder contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de haber manipulado las cuentas públicas, su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, era blanco de artillería pesada procedente de la opinión pública internacional y nacional por problemas que su gobierno viene arrastrando desde el principio o expectativas que no ha logrado cumplir. De forma inusitado, siete días fueron suficientes para ofrecer un panorama de los grandes pendientes que tiene la administración del priista, a dos años y ocho meses de que concluya el sexenio. Seguridad, Derechos Humanos, corrupción, economía y paz social, prácticamente de todo hubo durante la semana que acaba pasar.
En el asunto de la seguridad pública, la semana inició con bloqueos en carreteras y autos incendiados por parte del cártel de Los Viagras en Michoacán, uno de los grupos criminales más activos en el occidente del país. Por tres días consecutivos esa entidad vivió en una situación de pánico motivada por la violenta reacción de la banda delictiva a la detención de algunos de sus integrantes. Si a este hecho se le agrega lo ocurrido semanas atrás en ciudades de Tamaulipas, también con quema de autos y bloqueo de vías, se observa que los dos focos rojos en materia de seguridad desde el sexenio de Felipe Calderón no han podido ser apagados. Se trata de los dos estados clave en el corredor principal del trasiego de armas y drogas en México. La estrategia del gobierno de Peña Nieto, que tanto se presume en otras regiones, como La Laguna, hasta ahora no ha tenido los resultados esperados en esas y otras entidades.
El jueves y el viernes estuvieron marcados por dos escándalos en materia de Derechos Humanos, uno nuevo y otro no tanto. La difusión de un video en el que se observa a dos elementos del Ejército Mexicano y a una policía federal torturando a una mujer obligó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a ofrecer disculpas, un hecho del que no se tienen precedentes en México. Apenas un día antes, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual global sobre Derechos Humanos en el que advierte que en México la situación de gravedad persiste, sobre todo por la implicación de fuerzas del orden de los distintos niveles de gobierno en abusos y violaciones de diversa índole. Por si fuera poco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reavivó el fuego del caso Iguala al presentar un informe en el que se señala la probable participación de por lo menos dos policías federales en la desaparición de 20 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Hasta ahora sólo se había apuntado a la responsabilidad de agentes municipales.
En lo que concierne a la corrupción, la semana pasada comenzó la batalla en el Congreso de la Unión por lo que serán las leyes secundarias de la reforma para la creación de un sistema nacional anticorrupción, una promesa que viene desde la campaña presidencial de 2012 y que Peña Nieto se vio obligado a hacer cuando cobró fuerza el movimiento "Yo Soy 132" y luego, ya como presidente, tuvo que darle cauce tras las revelaciones sobre posibles conflictos de interés en la adquisición de casas a contratistas del gobierno del Estado de México cuando era gobernador, y del actual gobierno federal. Pero poca esperanza existe de que el sistema resultante sea uno con los suficientes dientes y la autonomía necesaria para proceder contra quien sea en caso de que se requiera. El PRI, junto a su aliado el Verde, ha creado un muro en ambas cámaras para bloquear las propuestas de la oposición, principalmente del PAN y el PRD que se han alineado en un frente común. La propuesta de la coalición gobernante es hacer cambios mínimos, cosméticos, para dejar las cosas prácticamente como están.
Respecto al tema económico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) asestó en la semana un duro golpe a las expectativas de crecimiento del gobierno de la República, con todo y las reformas aprobadas y ofrecidas como el requisito previo para el despegue de la economía nacional. Para el organismo internacional, el Producto Interno Bruto no crecerá más del 3 por ciento en lo que resta del sexenio. En enero de 2016, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que con las reformas el crecimiento económico del país alcanzaría niveles superiores al 5 por ciento. El pronóstico del FMI seguramente obligará al gobierno federal a modificar su expectativa y a hacer nuevos ajustes con la consecuente afectación al gasto social. Una vez más, la proyección oficial se quedará muy por encima de la realidad.
Por último, sobre el tema de la paz social, la semana pasada los maestros disidentes en estados del sur de la República dieron nuevos visos de su radicalización al encabezar bloqueos, tomas de edificios y actos vandálicos para protestar contra la reforma educativa. A pesar de que ésta ha avanzado en la mayor parte del territorio nacional, los puntos de resistencia parecen agravarse, por lo que crece el riesgo de que estos grupos cada vez más aguerridos puedan vincularse con otros que se sientan agraviados o afectados en sus intereses por el actual gobierno.
Para rematar esta negativa panorámica en siete días de la administración de Enrique Peña Nieto, Reforma publicó su encuesta sobre evaluación de la gestión del presidente, en la que se observa el registro de aprobación más bajo de todo el sexenio. Los fracasos acumulados, las promesas incumplidas y la presión dentro y fuera han hecho mella en la imagen del habitante de Los Pinos. El problema es que muy pocas políticas públicas cambiarán de aquí a que termine la administración, debido a que el equipo del presidente tiene más la mirada puesta en la operación para sacar adelante la elección de 2018, que en sacar adelante los compromisos realizados y resolver los problemas que se siguen arrastrando.
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