Cuando los países ricos tienen un problema le avientan dinero. Cuando los países pobres tienen un problema le avientan una ley. En México la mejoramos: a los problemas les aventamos pactos.
Hay que tener cuidado. El CCE, Canacintra y Concamin, hacen un llamado, particularmente a los tres poderes del gobierno, a formular un pacto para la seguridad y la justicia para darle facultades plenas al Ejército en el combate a la inseguridad. La idea es válida, pero hay que completarla. Nada se dice de la acción que toca a los empresarios.
En efecto. La inseguridad que ha llegado a niveles incontrolables en nuestro país durante la administración presidencial actual, requiere ser eliminada por una acción oficial firme y suficiente. El papel del estado es claro. El gobierno actual ha evitado intencionadamente la confrontación abierta por varias razones entre las cuales está lo inconveniente de usar las fuerzas armadas, militares o policiacas, contra grupos ciudadanos. El síndrome de Tlatelolco prevalece. No sabemos qué tanto tiempo tardará el legislativo en dar certeza jurídica a la acción militar, pero la propuesta de las tres entidades privadas busca avanzar en ese sentido.
Los empresarios aluden a tres situaciones que se han salido e control: delincuencia organizada, delitos comunes y descontento social. La violencia que nos preocupa mas no es la de las manifestaciones o confrontaciones callejeras que incluyen vandalismos que hay que castigar. La violencia que agrede y hiere a una gran parte de nuestras comunidades es la de intención criminal, y dentro de ella la organizada.
Los ilícitos que conforman la inseguridad en México sumas el 10 % del PIB, pero si a los daños causados juntamos el gasto que hacen empresas y particulares para protegerse el efecto será mucho mayor.
Este impresionante gasto es la expresión inicial de los daños a la comunidad mexicana por razón de la violencia. El costo directo lo cubre en mayor medida las empresas privadas. Lo más grave y costoso, sin embargo, está en la corrupción extendida por todo el país.
El pacto que proponen los empresarios no contiene intenciones de acción social. No hay nada malo en proponer el pacto que exigen los empresarios. Que las autoridades federales y estatales, los organismos defensores de derechos humanos y ciudadanos en general se comprometan a articular la defensa de la sociedad contra los que la agreden es bueno, pero insuficiente.
Si el empresariado es serio en su deseo de contribuir a la seguridad de la comunidad, empezando por la propia, su discurso tiene que referirse también a la responsabilidad social de los empresarios como factores imprescindibles en la integración de una estrategia total al lado de las responsabilidades de las entidades de carácter público.
Se trata de consolidar al país en términos de cultura, salud, educación y organización de la producción. En cada uno de estos temas ya hay cierta actividad empresarial pero ni es general ni es suficiente. El pacto propuesto tiene que incluir aumentar el nivel de contribución del sector privado al bienestar general para integrarla a un esfuerzo común verdaderamente común.
Los recursos de que disponen los empresarios superan, ya lo vemos en términos de inversiones, a lo que el estado reúne. No sólo eso. La capacidad de convocatoria y de articulación con que cuenta es también superior. Ese es el potencial que está faltando traducir en una gran estrategia nacional.
La acción de los empresarios de toda dimensión consensuada con el gobierno dirigiría esfuerzos hacia sectores productores para promover creación y contratación de empleos, realizar adiestramiento de aprendices en las empresas, articular colaboración "escuela industria" mediante convenios de colaboración entre empresas y centros educativos como preparatorias técnicas e institutos tecnológicos, promovería acuerdos con sindicatos para aumento de productividad, ajuste de condiciones laborales.
El programa de empresas en acción puede ser iniciado por mismas cúpulas que ahora han propuesto el Pacto por la Seguridad. Apoyado por organismos sindicales que así lo deseen, tal programa sería el complemento que el sector empresarial aportaría al ambicioso programa de Reformas que el gobierno lanzó y que se encuentra en proceso.
Sumando esfuerzos público y privado podemos todos integrar un impulso superior a cualquier programa anterior para el desarrollo socioeconómico del país. El pacto por la seguridad y justicia será insuficiente mientras el empresariado siga exigiendo acción desde las bambalinas.
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