Ilustración: Aida Moya
La clase política reaccionó con una intensidad pocas veces vista al reto que plantean las candidaturas independientes: leyes antibronco que castigan el derecho a ser votado, ese que era facultad exclusiva de los partidos, institutos corruptos para el 84.4 por ciento de la población.
Una candidatura independiente ha calado hondo en el ánimo de la clase política. Propensos a minimizar el descontento popular, los políticos de todos los colores se encontraron de pronto con uno de los suyos convertido en el enemigo a vencer en un ámbito que tienen especialmente dominado: las urnas de votación.
Porque no era un territorio menor, un municipio o un distrito, algo permisible que sirviera para enaltecer un pequeño cambio y agrandarlo con el adjetivo de significativo. El fenómeno de Jaime Rodríguez, El Bronco, arrebató a las siglas y las estructuras hegemónicas de los partidos mexicanos una demarcación preciosa, el estado de Nuevo León, el llamado corazón industrial de la nación.
La clase política, lenta o simplemente displicente a la hora de tratar asuntos como la corrupción en los gobiernos, reaccionó con entendible celeridad -estados como Puebla, Chihuahua o Zacatecas son ejemplares en ese sentido- y promovió leyes para garantizar que seguirán gozando de sus prebendas al menos hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga lo contrario. Las leyes antibronco comenzaron a salir del horno apenas un mes después de los comicios de junio.
Porque la apertura tiene límites y esos límites están claramente definidos. Los candidatos independientes pueden participar, servir para darle un empujón a la alicaída confianza ciudadana en sus representantes, pero, atreverse a ganar...
México, luego de la alternancia, aún sigue buscando que su voz sea escuchada y los ciudadanos apartidistas han aprovechado para abrir una brecha en el muro de la partidocracia. ¿Qué tan grande será? Eso está por verse.
Sólo para recordar, en 1989 el Partido Acción Nacional (PAN) se convirtió en el primer partido distinto al PRI en gobernar un estado mexicano. Veintiséis años después, el fenómeno Bronco ha dado la primera gran campanada de las candidaturas independientes. La clase política, herida en lo más hondo, la ausencia de un poder que nunca le había sido arrebatado, cierra filas y, con procesos electorales a la vista, baja el puente a la espera de que nadie más entre en el castillo del poder sin la debida filiación partidista, cualquiera que esta sea y lo que eso, ideológicamente, signifique.
DEMOCRACIA IMPOPULAR
La democracia mexicana, al igual que buena parte de los representantes populares que de ella emanan, padece una mala salud en términos de opinión pública.
El Latinbarómetro 2013, un estudio en el que se recogen percepciones sobre la convivencia con el sufragio en Latinoamérica en el período de 1995 a 2013, muestra que en Venezuela y Ecuador el apoyo a la democracia ha crecido 16 y 13 puntos respectivamente, mientras que en otras nueve naciones, ninguna de ellas México, los partidarios de las elecciones aumentaron entre dos y ocho puntos porcentuales.
En el caso mexicano el análisis destaca que durante el gobierno de Vicente Fox la democracia alcanzó un 63 por ciento de aprobación entre la población, esto en 2002, bajando apenas cuatro puntos en los siguientes tres años.
Al cierre de 2006, ya con Felipe Calderón en la presidencia, la percepción favorable descendió a 54 por ciento y al año siguiente ya era del 47 por ciento. Los gobiernos panistas dejaron el indicador en un 40 por ciento en 2011.
En 2012, la vuelta del PRI al poder con Enrique Peña Nieto, no mejoró las cosas. En 2013 sólo un 37 por ciento de la población mexicana respaldaba los procesos de votación. México había perdido 12 puntos de apoyo a la democracia respecto del promedio de los pasados dieciocho años.
Sin entrar en muchas explicaciones, el análisis refiere que la violencia y el narcotráfico son parte fundamental del decremento y califica a los gobiernos panistas como un caso de alternancia poco exitosa.
EL CASO CASTAÑEDA
Ser candidato independiente significa aspirar a un cargo de elección popular sin estar afiliado a un partido político. Tan parca definición, sin embargo, debe complementarse: es la nominación para ocupar un puesto en la que el participante no goza del respaldo ni principal ni complementario de un instituto político.
¿Por qué decidirse por un aspirante apartidista? Una respuesta concreta es la que dibuja en apenas una frase el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman: La ciudadanía busca personas con menos compromisos y más libertad.
Para la elección de 2006, el excanciller solicitó el registro para postularse, sin respaldo partidista alguno, a la presidencia de la República.
El Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) negó el registro alegando que era facultad exclusiva de los institutos políticos proponer a los elegibles además de que el proceso de registro aún no iniciaba.
La batalla legal siguió con un amparo que un juzgado de distrito descartó por “considerar que se trataba de una cuestión puramente electoral y no de posibles violaciones de garantías individuales”.
Castañeda siguió pugnando y la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que no había razón para analizar el fondo del asunto (resolver si las candidaturas independientes proceden o no en México) y que el juicio de amparo no era el medio correcto para quejarse por violaciones a los derechos político-electorales.
El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la resolución dictada exhibió al Estado mexicano; se violó el derecho a la protección judicial de Jorge Castañeda, aunque no su derecho político a ser votado y tampoco su derecho de igualdad ante la ley.
México debía ajustar su legislación, en materia de juicio de protección de los derechos político-electorales, para garantizar a los ciudadanos la existencia de un recurso para impugnar la legislación electoral.
Empero, la corte también consideró que no estaba probado que el sistema de registro de candidaturas a cargo de partidos políticos era una restricción ilegítima para regular el derecho a ser votado.
Fue hasta mayo de 2014 que el Congreso de la Unión aprobó la legislación secundaria que abrió la puerta a los candidatos independientes.
PASADO APARTIDISTA
Más allá del fenómeno Bronco la aparición de los independientes en las elecciones del año pasado dejó triunfos como el de Manuel Clouthier, hijo de un excandidato presidencial del PAN, el único legislador sin partido en el Congreso de la Unión. En Jalisco, Pedro Kumamoto, un joven de 25 años, se convirtió en diputado local.
En junio próximo estarán en juego cargos públicos en 12 entidades y diversos analistas coinciden en que los aspirantes sin militancia tendrán este año un panorama mucho más complicado que en los comicios pasados.
Aunque suenen a cosa nueva en el siglo XXI en México, las candidaturas independientes fueron cosa común en otros tiempos.
Durante el siglo XIX los partidos no gozaban de estructuras fuertes y no se les otorgaban prerrogativas de manera que los ciudadanos sin ataduras de colores y siglas llenaban el hueco existente a la hora de encabezar proyectos que gozaran del respaldo popular.
No había reglamentos, no existían preceptos que acreditaran a un candidato como apartidista. Muchos eran propuestos por los gremios a los que pertenecían, por los propios electores o por la élite gobernante.
El 19 de diciembre de 1911 se publicó una ley electoral en la que se hacía referencia a “candidatos no dependientes de partidos políticos”.
La Ley para la Elección de los Poderes Federales de julio de 1918 establecía una regla que debían cumplir los candidatos ciudadanos: si querían ser diputados debían demostrar que contaban con el apoyo de 50 ciudadanos del distrito; si aspiraban al Senado o a la Presidencia, debían ser igualmente 50 ciudadanos, aunque de cualquier distrito. En 1946 dejó de reconocerse la figura. Vino una nueva ley electoral que puso fin a las nominaciones externas entregando a los institutos políticos en exclusiva la facultad de registrar a un candidato.
LEYES ANTIBRONCO
Las reglas vigentes a nivel federal y en algunos estados dan fe de la ardua tarea que representa inmiscuirse en las boletas. Convertirse en candidato independiente en la carrera por suceder a Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República implicaría reunir un número de firmas equivalente al uno por ciento del padrón electoral a nivel nacional. La lista nominal, actualizada al 8 de enero pasado, contiene 79 millones 962 mil 607 personas que solicitaron su inscripción al padrón y cuentan con su credencial para votar vigente.
En Puebla, las firmas para contender por el lugar que ocupa Rafael Moreno Valle deben alcanzar el tres por ciento del listado estatal.
En Aguascalientes, territorio en el que se alista un perfil ciudadano para suceder a Carlos Lozano y compañía, una asociación pretende apoyar candidaturas de la sociedad civil para manifestar el rechazo y el hartazgo de la sociedad hacia la clase política. En ese estado cualquier proyecto independiente a la gubernatura ocupa el 2.5 por ciento de firmas del padrón.
En Zacatecas, Oaxaca y Sinaloa el registro de un independiente requiere del respaldo del dos por ciento de los votantes registrados. En la primera entidad la mitad de las firmas debe provenir de al menos el 50 por ciento de las secciones electorales. En la segunda deberán estar repartidas en por lo menos 15 de los 25 distritos electorales en los que se divide al estado.
Los aspirantes, además, deberán andar rápido en la obtención del apoyo. Las leyes antibronco les otorgan plazos de entre 20 y 40 días para reunir las firmas y las copias de las credenciales.
En Chihuahua, Durango y Quintana Roo los candidatos sin partido deberán comprobar que no militaron, estuvieron afiliados, ni fueron candidatos o dirigentes de algún instituto partidista durante los últimos tres años.
En cuanto a los recursos económicos: En Veracruz las contribuciones que realicen los simpatizantes de una campaña fuera de la tradición no podrán rebasar el 10 por ciento del tope de gasto de la elección para gobernador. Los partidos, en cambio, gozarán de sus cotidianas fuentes de financiación.
En Tamaulipas a los independientes les darán el 1.8 por ciento del tiempo oficial en medios de comunicación. El resto se repartirá entre los otros institutos políticos. El candidato del PRI -partido en el gobierno- tendrá mil 890 anuncios, un apartidista dispondrá de 164 spots.
PUEBLA CERRADA A CAL Y CANTO
El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla es muy clara en su intento de evitar el despegue de los candidatos ciudadanos cuando se trata de viejos conocidos. En la entidad del gobernador Moreno Valle no podrán ser aspirantes independientes quienes hayan pertenecido a un instituto político en los doce meses anteriores al día de la elección ni quienes hayan participado como candidatos por algún partido, en candidatura común o coalición, en el proceso electoral federal o local inmediato anterior.
Tampoco se valen los registros de políticos que hayan participado en un proceso de selección interna de candidatos de algún instituto o coalición en el mismo proceso electoral ni de quienes desempeñen algún cargo de elección popular a menos que renuncien al partido por el que accedieron al puesto un año antes del día de los comicios.
Los actos para recabar el apoyo ciudadano (equivalente al tres por ciento del padrón) deben financiarse con recursos privado. Los aspirantes tienen 20 días para hacer la tarea.
En la relación de votantes que respaldan una candidatura independiente a la gubernatura deberán estar representadas dos terceras partes de los municipios que componen la entidad y en ningún caso el apoyo por municipio podrá ser menor al dos por ciento del padrón que le corresponda.
El dinero también está regulado. Las aportaciones de simpatizantes para una campaña sin logo tricolor, blanquiazul, etcétera, no podrán rebasar el 0.20 por ciento del tope de gasto de campaña aprobado para la anterior elección de gobernador.
En cuanto al financiamiento público, los independientes recibirán el dos por ciento del monto destinado a los partidos políticos.
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL MUNDO
La experiencia apartidista en las campañas es algo que está permitido en 194 países alrededor del mundo, según datos del ACE Project (Proyecto de Administración y Costo de Elecciones).
En 81 naciones se contempla la figura ciudadana para elecciones presidenciales y legislativas; en 67 para elegir representantes en la cámara baja; en 17 se permite para las dos cámaras existentes, en 29 sólo es posible para comicios presidenciales.
Argentina, Brasil, Costa Rica y El Salvador son países de América Latina analizados por ACE Project que carecen de la opción independiente, forman parte de una veintena de sistemas electorales cerrados a los apartidistas.
En Colombia, Honduras, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de la opción apartidista, se permiten la nominaciones de figuras promovidas por agrupaciones o movimientos ajenos a los institutos políticos.
En la organización que compara datos electorales alrededor del mundo han observado que las candidaturas independientes suelen tener poca repercusión en procesos de carácter nacional.
Las opciones de los candidatos ciudadanos son mucho mayores en comicios que son más cercanos a los ciudadanos, como en el caso de las gubernaturas o alcaldías.
Si en la mayoría de los casos se han adoptado medidas que ponen a los candidaturas ciudadanas en desventaja frente a las propuestas emanadas de los partidos es porque los candados tienen una doble intención: por un lado, evitar que el número de nominaciones por la libre prolifere y, por el otro, resguardar al sistema de partidos que, según el ACE Project, "a pesar de sus deficiencias, es en todas las democracias del mundo, el mejor instrumento para el acceso de los ciudadanos al poder público".
LA EXPERIENCIA CHILENA
Chile es considerado el país con las mejores condiciones para la postulación de candidaturas sin respaldo de institutos políticos en América Latina.
La nación sudamericana establece que debe existir una igualdad de condiciones en la contienda electoral. Define al aspirante independiente como un ciudadano sin registro o afiliación partidista que entra a la competencia sin el apoyo de grupos afiliados a partidos o grupos políticos de cualquier tipo.
Si quien aspira a postularse por esa vía tiene etiqueta partidista debe abandonar su afiliación al menos dos meses antes del registro de la candidatura.
Los independientes chilenos también deben reunir una cuota de respaldo popular. Si buscan una senaduría o una diputación, la meta es recabar un número de firmas equivalente al 0.5 por ciento de la votación emitida de la última elección en la circunscripción o distrito a la que se quiera representar, con la salvedad de que el 95 por ciento de sus partidarios no deben estar afiliados a institutos partidistas.
Para registrarse en la contienda presidencial el mínimo es el mismo, el 0.5 por ciento de la votación, pero de la emitida en la última elección de diputados. Las firmas pueden obtenerse en cualquier parte del territorio nacional.
En cuanto a las reglas de financiamiento la ley chilena dispone que los particulares tienen prohibido aportar dos veces al mismo candidato durante la misma elección. En cuanto al dinero público, a los independientes les corresponde un presupuesto similar al del partido que obtuvo el menor número de votos en la elección anterior.
El sistema chileno anula la inscripción de un candidato si este sostiene una relación contractual o un enfrentamiento judicial con el municipio o bien si es prestador de servicios para el Estado. Tampoco pueden ser candidatos quienes tengan un cargo de representación de naturaleza gremial o comunitario.
Para María Lucía Arreguín Ponce y Carlos Manuel Rosales, especialistas en derecho electoral, la participación de los candidatos ciudadanos en las boletas chilenas "ha enriquecido el debate político" en dicho país y "ha vigorizado el sistema democrático con una mayor inclusión de opiniones".
También destacan que, si bien los espacios políticos ocupados por los apartidistas son mínimos, van en ascenso "por la conducta y desencuentro que han generado los partidos políticos con los electores".
LO DISPAREJO DEL ASUNTO
Los candidatos ajenos a las estructuras tradicionales de acceso al poder buscan entusiasmar a los ciudadanos que no se identifican con ninguna de las opciones de la baraja política.
Para Édgar Guillaumin, maestro en Derecho Corporativo y colaborador de CNN México, las nominaciones independientes son un paso importante pensando en consolidar la democracia mexicana, pero no debe olvidarse que la contienda es dispareja empezando por los recursos económicos.
Los partidos reciben dinero del órgano electoral todos los años, aún cuando no haya cita con las urnas, mientras que a los independientes les llega su recurso público hasta después de conseguir el registro.
Los partidos podrán difundir sus ofertas en las precampañas mientras los independientes esperan al inicio de las campañas para tener acceso a los tiempos en medios de comunicación, además serán vitrinas muy limitadas para que exhiban sus propuestas.
Después de la visita a las casillas, el conteo de los votos y la calificación de la elección, los partidos, incluidos los minoritarios, tendrán espacios de representación proporcional en los congresos y en los ayuntamientos mientras que los apartidistas, sin importar si quedan en segundo o tercer lugar, se quedarán sin lugar en el reparto.
Además, los candidatos independientes no pueden ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral.
Diversos analistas coinciden en que los comicios de este año servirán, en primer lugar, para medir la fuerza de las candidaturas de los no militantes frente a las legislaciones aprobadas en entidades como Puebla o Zacatecas.
Para María del Pilar Silva y Mónica Selene Meléndez, maestras en Ciencias Políticas y Sociales, dar cabida a la opción que permitió el triunfo de Jaime Rodríguez en el sistema mexicano no fue el resultado de escuchar a la sociedad, sino la respuesta a una exigencia internacional que se les impone a los países emergentes.
Más que favorecer un ímpetu democrático lo que se vislumbra, al menos desde la parte legal, es facilitar la consolidación del sistema de partidos al existir una serie de requisitos que por su complejidad resultan incomprensibles para el ciudadano común, concluyen las académicas en un texto a propósito de nominaciones como la de Manuel Clouthier o Pedro Kumamoto.
Quizá la mejor forma de sintetizar la situación sea adaptando un refrán popular: los partidos no eran así de ariscos, los broncos tienen la culpa.
EL INTERÉS CIUDADANO
El estudio del Latinbarómetro contiene datos que sirven para augurar un buen futuro a las candidaturas independientes.
El 45 por ciento de la gente en México opina que puede haber democracia sin partidos políticos. Casi la mitad de los mexicanos (49 por ciento) está de acuerdo con la idea de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno. El 19 por ciento considera que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. A un cuarto de la población le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático.
La nación mexicana está en la terna de los países cuya población está más insatisfecha con la democracia junto a Honduras y Perú. En el extremo opuesto se encuentran Uruguay y Ecuador.
Apenas un 21 por ciento de la población mexicana dijo estar satisfecha con la forma de elegir a sus autoridades. El promedio de la región fue del 39 por ciento.
Sólo 19 de cada cien mexicanos piensan que el país está progresando y un 53 por ciento de la población ve poco probable que el gobierno pueda resolver, en el corto plazo, problemas importantes como la inseguridad.
El documento también contiene que en Latinoamérica las formas convencionales de participación no logran entusiasmar a los ciudadanos e integrarlos en el proceso para consolidar la democracia. Si bien hay poco interés en la política, los ciudadanos que abordan con frecuencia dicho tópico son una minoría considerable: uno de cada cuatro latinoamericanos hablan de la cosa pública con frecuencia.
Actividades como firmar una petición, asistir a manifestaciones o trabajar para un partido no interesan al 90 por ciento de los habitantes de la región. Además, hay altos niveles de aceptación hacia la protesta social. Según las circunstancias, la población ve con buenos ojos acciones que van más allá de las manifestaciones típicas con pancartas y caminata, cosas como bloquear vialidades o tomar casetas.
CUESTIÓN DE FORMAS
El derecho a votar y ser votado está contenido en el artículo 35 de la Constitución Mexicana. Si bien la postulación de candidatos a cargos de elección popular ya no es una facultad de los partidos políticos estos aún gozan de un privilegio insoslayable: el poder para poner las reglas en un juego que conocen mejor que nadie.
Los partidos han sobrevivido a décadas de desprestigio, a escándalos de todo tipo, a las luchas internas de sus militantes que han provocado la sangría de sus cuadros, incluso, en algunos casos, a la pérdida del registro. También sobrevivirán, seguramente, a las candidaturas independientes.
Porque el mexicano promedio, por muchas tómbolas que hagan en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del dos veces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, tiene el derecho a votar y ser botado de los espacios de decisión y eso no está contenido en la Constitución sino en el cotidiano ejercicio del poder público.
Dos de los principales argumentos contra las candidaturas apartidistas son que se debilita el sistema representativo, poniendo en peligro a las instituciones electorales, y que se abre la puerta para que lleguen a algún cargo personalidades sin experiencia y sin concordancia con los grupos parlamentarios representados.
De lo primero, debilitar el sistema, se encarga la propia clase política y de lo segundo, también. El ejemplo más inmediato es el exfutbolista, alcalde de Cuernavaca, postulado por el Partido Social Demócrata, y autoridad recientemente ligada con el narcotráfico -por el gobernador morelense, Graco Ramírez-, Cuauhtémoc Blanco, quien ni siquiera vivía en el municipio que ahora gobierna, pero que hizo parte de la estrategia de un partido que postuló a un famoso para garantizar un triunfo y de paso su registro.
NUEVAS CARAS
La democracia mexicana, siempre imperfecta, siempre en la búsqueda de la consolidación, ha encontrado en las candidaturas independientes la última forma para devolver cierto matiz de credibilidad a un sistema que carga con un largo historial de autoritarismo y uno, más reciente, pero sobradamente nutrido, de componendas entre fuerzas políticas.
Y la sociedad mexicana, por mucho que, en apariencia, no se interese en la cosa pública, lo sabe. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que la corrupción es el tercer problema que más preocupa a los mexicanos (48 por ciento), superada por las balas de la inseguridad (70.4 por ciento) y la falta de sustento del desempleo (51 por ciento).
El 88.3 por ciento de los mexicanos considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes o frecuentes a secas. Los partidos políticos ocupan el segundo lugar entre las instituciones percibidas como las más propensas a los actos ilegales cometidos, un 84.4 por ciento de los mexicanos piensa de ese modo. Sólo son superados por las policías (89.7 por ciento).
Los gobiernos estatales son percibidos como infractores cotidianos de la ley por el 77.2 por ciento de la población, prácticamente empatados con los senadores y diputados y su 77 por ciento; las autoridades municipales y el gobierno federal tienen etiqueta de corruptos para el 75.8 por ciento y el 75.6 por ciento de la gente, de forma respectiva, mientras que los institutos electorales salen mejor librados y son percibidos como frecuente o muy frecuentemente corruptos por el 66.5 por ciento de los mexicanos.
Las candidaturas independientes, si bien parecen un ejercicio digno de la estirpe de Sísifo, tienen de su lado ser la opción nueva en la competencia electoral, esa que ha hecho de expresiones como "el menos malo" el principal criterio a la hora de marcar una boleta. Además, emprender una cruzada, cuando se tienen en contra todos los pronósticos, sin garantía alguna de triunfo, es el argumento de más de una bella historia.
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