Una de las grandes tentaciones de los llamados "planes de austeridad" y "recortes presupuestales", particularmente en el caso del sector público, es que lo único que hacen es reducir programas o posponer inversiones, pero al no recortar su gasto corriente no se gana en eficiencia y productividad, simplemente se maquillan las cifras para ofrecer números que les favorezcan.
Eso justamente es lo que se hizo en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el año 2017, pues los recortes están fundamentalmente en inversión en infraestructura y en Pemex, de tal manera que no hay ninguna reducción real del gasto; y, otra parte en la reducción del alcance de los programas sociales.
En el caso de infraestructura se pospone la inversión, pues en algún momento será indispensable hacerla sin importar el tipo de infraestructura (carreteras, edificios públicos, presas, telecomunicaciones, etc.) ya que es la única forma de sostener el crecimiento de un país. Y, en el de Pemex, es nada más acelerar su debacle (como han venido haciendo desde 1982, es decir, desde hace 34 años) para dejarle la vía libre a los particulares, a pesar de todo lo que se divulgó cuando se aprobó la reforma energética. En el caso de la reducción del alcance de los programas sociales inevitablemente se traducirá en pérdida de calidad en los servicios que presta el gobierno o falta de atención de grupos vulnerables.
En ambos los recortes de hoy tendrán que compensarse en presupuestos futuros, en contrapartida los recortes en el gasto corriente, es decir, en el destinado a cumplir con las atribuciones legales del gobierno federal, son ahorros permanentes, pues salvo que existan justificaciones expresas y detalladas no hay razón para que se reestablezcan en los siguientes ejercicio fiscales.
Para lograr dichos recortes, ni siquiera se tiene que proceder a hacer despido masivo de empleados, hay varias vías que se pueden seguir: una, aunque siempre el gasto en servicios personales es el que lleva el más alto porcentaje, es revisar los gastos asociados (teléfonos, gastos de representación, etc.) normalmente hay posibilidades de reducción; la otra, es sin duda, el cancelar la apertura de nuevas plazas; una tercera vía, es establecer políticas que impidan reemplazar automáticamente las vacantes que se generan por distintas causas, como retiros, renuncias y demás, ésta puede ser reforzada con un programa de retiro voluntario.
El problema de reducir el presupuesto por la vía de reducir las inversiones y no el gasto corriente es doble, pues invariablemente las inversiones públicas impulsan el crecimiento económico, por supuesto que no inmediatamente pero sí en el mediano y largo plazo (estudios con fundamento científico, pueden demostrar incluso el período de rezago que existe entre el momento de la inversión y impulso al crecimiento), lo cual permite incrementar también la recaudación de impuestos y si el incremento de la deuda es menor porcentualmente al del PIB, la relación entre deuda y PIB, que es la que preocupa hoy a las calificadoras, también se reducirá.
Otra opción, que hoy han encontrado los servidores públicos para modificar los registros contables, no las obligaciones de la administración pública, son las llamadas asociaciones público-privadas (APPs). Este instrumento puede ser muy útil cuando la inversión que se realiza puede recuperarse por los mismos ingresos que genera, es decir, carreteras con los ingresos por peaje (como el ejemplo más claro), pero eso implica que la concesión establezca con toda claridad los términos en los que el particular asume todo el riesgo, es decir, como se establecerán las cuotas de la carretera, que sucederá si el particular incumple con los compromisos de mantenimiento de las carreteras, etc., pues de lo contrario el desenlace es el que ya se vivió en México con el rescate carretero, que el gobierno finalmente pagó un costo mayor por dichas carreteras y los particulares recogieron todas las ganancias o, al menos, no incurrieron en pérdidas.
En el caso de las APPs en cárceles u hospitales, donde el gobierno garantiza los ingresos al inversionista por un determinado número de años y no hay forma de que el particular obtenga ingresos directos, lo que realmente ha sucedido en México es que simplemente no se registra como deuda, pero es la más cara de todas, pues incluye una tasa de rendimiento desproporcionada. La lógica indicaría que la tasa de rendimiento para el particular debía ser en algún punto entre las tasas que recibiría el particular si invirtiese su dinero en un instrumento financiero de redención garantizado y la que el gobierno pagaría como intereses por una deuda; pero en México esa lógica no opera y se pagan rendimientos superiores a la segunda tasa, lo cual es un absurdo.
Así la propuesta de recorte del presupuesto federal, no es una solución real y, en el mejor de los casos (si se cumplen el supuesto de crecimiento del PIB y el compromiso de incremento del endeudamiento público) es simplemente "una fuga hacia adelante", ya que en los próximos años habrá que realizar las inversiones y retomar los programas que hoy se pospusieron, pero además se pagará (si vale la expresión) con intereses, pues la falta de inversión pública impactará en el crecimiento del PIB y esta disminución afectará negativamente el crecimiento de la recaudación futura y al tener un PIB menor también afectará la relación PIB/deuda.
Aunque sea más doloroso para el gobierno, la exigencia tiene que ser la reducción del gasto corriente, pues es el único ahorro real y el que genera una estabilidad en el mediano y largo plazo.
