Para quienes habitamos en el norte de México nos llama la atención lo que durante los últimos años ocurre en el sur, particularmente en el corredor costero del Pacífico (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán), continuas movilizaciones sociales y graves hechos de violencia criminal y social, vale la pena una breve reflexión diferente al bombardeo que realizan los medios de difusión electrónica o la versión oficial que criminalizan la protesta social.
Si bien el norte no ha estado exento de hechos de violencia por la captura que las organizaciones criminales han realizado de las instituciones del Estado, particularmente de las responsables de la seguridad a nivel local, en el sur este fenómeno se combina con otros factores que han detonado conflictos ininterrumpidamente, ahora acentuados por la reacción del gremio magisterial a la Reforma Educativa.
Si realizamos un análisis comparativo de algunos indicadores sociales entre el estado de Oaxaca y Coahuila, quizá podríamos tener elementos para entender más allá de las imágenes que observamos, particularmente en los noticieros informativos, lo que subyace a la violencia social que resulta de la protesta también social. Para ello nos apoyaremos en datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval).
Este organismo, el mayormente acreditado en la evaluación de la pobreza en México, se basa en la aplicación de una Metodología de Medición Multidimensional de la Pobreza, la cual se centra en dos espacios: bienestar y derechos sociales, donde el primero se analiza principalmente a partir de los ingresos que perciben las personas, mientras que el segundo es dimensionado considerando seis carencias sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Define como pobreza el estado en que se encuentran las personas que al menos presentan alguna de estas carencias sociales, y pobreza extrema cuando presentan tres o más de ellas.
Con respecto al primer indicador, considerando datos de la evaluación de la pobreza que realiza el CONEVAL en 2012, el ingreso como determinante del bienestar, en Oaxaca el 63.6 % de la población (2.49 mill/hab) tenía en ese año un ingreso por debajo de la línea de bienestar y 34.4 % por debajo de la línea mínima de bienestar (1.6 mill/hab), mientras que Coahuila eran el 40.7 % y 11.6 % quienes se ubican respectivamente en dichas categorías (1.13 mill/hab y 319 mil/hab). Entre ambos estados se observa la disparidad al ser comparados con los datos nacionales: 51.6 % y 20 % de la población tenían ingresos considerando dichas categorías (60.6 y 23.5 mill/hab, respectivamente).
Con relación al segundo indicador, este organismo señala que en el estado de Oaxaca la población que se encontraba en situación de pobreza era un 61.9 % (equivalente a 2.3 mill/ hab) y en pobreza extrema el 23.3 % (916 mil/hab); en el estado de Coahuila la relación se invierte: el 27.9 % (equivalente a 799,300 hab) se encontraban en situación de pobreza y 3.2 % en pobreza extrema (92,700 hab); la media nacional era de 45.5 % y 9.8 % de la población quienes se encontraban respectivamente en situación de pobreza y pobreza extrema (53.3 mill/hab y 11.5 mill/hab, también respectivamente).
Tales diferencias se marcan mejor si se considera la desagregación de los anteriores indicadores, tal es el caso del rezago educativo en que se encontraba el 27.7 % de la población de Oaxaca (equivalente a 1.08 mill/hab), en Coahuila era de 12.5 % (358 mil/hab) y a nivel nacional era de 19.2 % (22.6 mill/hab).
Los datos anteriores indican que la situación social en que se encuentran grandes conglomerados de la población mexicana no debe subestimarse, por el contrario, para no sesgar una visión de conjunto sobre la situación económica y social del país, donde se sigue insistiendo que nos encontramos bien, la realidad es que debemos revalorarla no sólo considerando indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, la inflación, las reservas en dólares u otros, puesto que menospreciar u ocultar en el discurso oficial cotidiano la precaria situación en que se encuentra la mitad de los mexicanos, es decir las personas, significa manipular la información o desinformar.
Particularmente también debemos valorar las condiciones en que se encuentran connacionales como los oaxaqueños, donde los rezagos sociales aún son abismales y al observarlos podemos confundirlos con habitantes de Haití o algunos países centroamericanos y no mexicanos. La situación de pobreza en que se encuentran no sólo marcan graves desigualdades sociales en esas regiones sino también con respecto a otras entidades del país, y es esta situación prevaleciente la que provoca reacciones de protesta social cuando se pretende imponer por la fuerza una política pública como la llamada Reforma Educativa, quizá mejor llamada reforma laboral al sistema educativo nacional.
Aun cuando en escuelas del estado de Coahuila u otro que se encuentre mejor que las citadas entidades costeras del sur-Pacífico mexicano, donde también existen rezagos sociales, basta con visitar escuelas públicas en algunas comunidades rurales o colonias populares para observar el estado de la infraestructura y equipamientos para entender las condiciones extremas en que estarán las escuelas de Oaxaca y con ello el entorno socialmente precario que les rodea, para revalorar la imposición de la Reforma Educativa y entender la reacción que provoca en esos lugares, sin que por ello se justifiquen los hechos de violencia que ahí ocurren, sino más bien debe replantearse la aplicación de una política pública en todo su contexto económico y sociocultural.
