Mentira disfrazada con artificio, tal es el significado de embuste. El arte del embustero radica en no ser descubierto, en ser capaz de construir y sostener una ilusión a título de verdad incontrovertible. Cuando el embustero falla, al centro del escenario queda un mentiroso. En política, un demagogo.
Pues bien, hasta en eso, está fallando la clase política. Muchos de sus actores se esfuerzan por ilusionar y, en el intento, pierden el disfraz, quedan al desnudo y el engaño adquiere el tono de la burla insoportable. El gato pardo se transforma en gato negro.
En estos días, la intención de presentar el recorte como un ejercicio de ahorro y no como producto de la falta de planeación, el despilfarro y el saqueo; el afán de focalizar la corrupción en este o aquel otro pájaro de cuenta y no en la parvada; el brutal fracaso de la estrategia contra el crimen y la impunidad que es tragedia de carne y hueso están colocando en un predicamento la capacidad histriónica de más de un actor político.
El embuste no está surtiendo efecto. Sin importar su signo, los políticos no logran disfrazar la calidad de mentirosos. Han agotado el manual y los recursos del embustero. La voracidad de tener y poder los hace tropezar en plena escena.
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La revelación de los recursos obtenidos al dejar la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, tras renunciar a ella para encabezar el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa la entiende como una campaña mediática orquestada en su contra, para debilitar la iniciativa de echar del partido a uno de los más emblemáticos personajes de la presunta corrupción: el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El dirigente tricolor ampara la pequeña fortuna recibida, luego de permanecer al frente de la Comisión menos de tres años, en un tripié de justificaciones: es legal, otros han hecho lo mismo, él es un actor pasivo en la decisión tomada que lo beneficia. Pensar en devolver ese dinero público, impensable.
El embuste de reducir la moral a lo legal, justificar la conducta propia en la costumbre y echar mano del argumento de yo no lo pedí, ellos me lo dieron ya no genera la ilusión deseada: excepto Javier Duarte, todos los demás priistas somos honestos. El artificio no encubre la mentira y exhibe la práctica de sacrificar sólo a quien ha perdido la membresía del club al cual pertenece.
Menos aún se genera esa ilusión, cuando Duarte no es más que el emblema de un gran elenco de gobernadores y exgobernadores tricolores señalados como corruptos, pero que la dirección del partido lamentablemente no ha visto.
En suma y como siempre, el dirigente tricolor Enrique Ochoa echa mano del socorrido recurso de no leer el mensaje, sino quejarse de los mensajeros, aun cuando el embuste quede al descubierto.
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Meses de discusiones, ajustes y reducciones se llevó la construcción del marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción y, aun cuando todavía se encuentra en trámite parlamentario y su instrumentación dista de emprenderse, el recorte presupuestal si no lo anula, cuando menos vulnera su posibilidad, siendo que conceptualmente su eficacia está en duda.
El embuste de garantizar en la Constitución o en la ley lo que en el reglamento o el presupuesto se niega ya es inocultable. Según cálculos, el mencionado sistema requiere más de mil 500 millones de pesos no contemplados en el presupuesto.
La lógica de la administración para no destinarle una partida específica al sistema es un círculo perfecto: no se puede combatir el robo de recursos públicos porque no hay recursos públicos para combatirlo. Sin embargo, cuando se considera el estudio de "México ¿cómo vamos?" (2014) señalando que la corrupción le significa anualmente al país 341 mil millones de pesos, esto es, cien mil millones más que el monto del recorte, el artificio de la mentira se desploma.
No hay la decisión política de combatir la corrupción, aun cuando en el discurso y, ahora, en la ley se pretenda sostener la ilusión.
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Desde el año pasado se sabía de los problemas domésticos y del adverso entorno económico que afrontaba el país. Se temió, no sin fundamento, que las elecciones de este año retrasaran las decisiones y los ajustes que exigía la circunstancia. Ocurrió algo peor: la administración no sólo postergó las decisiones, sino que tomó otras que agravaron el problema.
Pese a la evidencia, la administración sostuvo proyectos faraónicos cuyo destino es la quiebra, elevó sin la menor planeación el Conaculta a rango de secretaría de Estado, privilegió la instauración de consejos de vigilancia de entidades en materia de energía sin fortalecer las finanzas de esas entidades... vamos hasta regaló televisores.
Hoy, derechos fundamentales como el de la vida, la integridad, el patrimonio, el tránsito y la libertad se deterioran, evidenciando el brutal fracaso de la política en materia de seguridad pública. El robo, la extorsión, el secuestro, el homicidio repuntan de nuevo, y más allá de la falta de recursos para crear las nuevas policías estatales con mando único o mixto, los funcionarios relacionados con la materia no reparan en el asunto.
El embuste de que, a diferencia de la no estrategia de Felipe Calderón, la actual marcaría la diferencia es inocultable.
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La falta de planeación en el ajuste del presupuesto con tinte electoral en algunos de sus cortes; la política de brazos caídos ante la corrupción, decorada con el castigo de uno que otro compañero expulsado del círculo; el afán de privilegiar la obra faraónica, beneficiándose de las salpicaduras y sacrificando la política social y de seguridad; la austeridad exigida al otro sin suspender el despilfarro propio... carecen del artificio que convierte la mentira en ilusión.
El disfraz se ha perdido.
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