El saqueo sistemático a que han sido sometidos diversos estados de la república por gobernadores sin escrúpulos que hasta fecha reciente ejercieron el poder en plena opacidad y fuera de todo esquema de rendición de cuentas, amenaza paralizar las funciones elementales de gobierno, y afecta gravemente a la economía de la sociedad y a la planta productiva.
Tales son los casos de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua por mencionar ejemplos emblemáticos, aunque los casos son muchos más, incluido el Estado de Coahuila. Los detalles sobre el gasto dispendioso, las nóminas abultadas por estructuras clientelares con propósitos electorales, la existencia de adeudos que comprometen las finanzas públicas por los siguientes treinta años y la concertación ilícita de créditos bancarios, llenan las páginas de los periódicos de todo el país, a disposición de quien se quiera enterar.
Si bien es cierto que la corrupción no es nueva, en la actualidad reviste características sin precedentes a raíz de la entronización de un nuevo estilo de gobernar que tuvo su origen en el Estado de Coahuila, con el proyecto en virtud del cual Humberto Moreira se convirtió en líder de una opción para llevar al PRI de regreso a Los Pinos, a partir del control y la disposición ilimitada de recursos de los que dispusieron a discreción gobernadores de diversos estados.
El descubrimiento de la punta del iceberg a fines del año 2011 provocó que Moreira fuera defenestrado de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para calmar los ánimos, pero su proyecto político sobrevivió en el régimen de Peña Nieto, lo que le ofreció y le ha ofrecido hasta la fecha garantía de impunidad.
Igualmente no sólo sobrevivieron sino que se volvieron incontenibles las ambiciones desatadas, de tal suerte que los gobernadores que estudiaron la lección con el profe del endeudamiento ilícito, dieron al traste a sus respectivas finanzas.
Tal escenario se ha visto agravado por un mercado petrolero adverso, y una pésima administración macroeconómica a nivel de Gobierno Federal, que hace necesaria la aplicación de un plan de choque que incluya una especie de Fobaproa de los Estados, es decir, un rescate de la deuda de las entidades federativas, como única alternativa para mantener la gobernabilidad, así como la viabilidad del aparato productivo y del sistema de distribución de bienes y servicios.
En el pasado reciente se han alzado voces que piden lo elemental, una investigación que determine responsabilidades y la persecución en contra de los culpables, que además de un castigo ejemplar implique la recuperación de al menos una parte de lo robado.
Otros que son los menos, han insistido en que además de lo expuesto con anterioridad se haga una revisión analítica de los contratos celebrados por el gobierno con los bancos con motivo de la megadeuda, con el objeto de fincar responsabilidades a las instituciones de crédito, en virtud del desempeño irregular y en ocasiones delictivo de funcionarios bancarios que han sido cómplices de los políticos involucrados para enseguida, entablar acciones tendientes a depurar la deuda y a reducir su monto y su costo financiero.
Esta idea está siendo tomada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y en virtud de que es poco probable que un Estado de la Federación aislado pueda hacer frente al mismo tiempo, a la delincuencia organizada hecha gobierno y al sistema bancario, resulta obligado que el Gobierno Federal asuma el liderazgo y la dirección del plan de rescate que demanda la situación que es objeto de comentario.
Lo anterior plantea un reto ineludible que tarde o temprano tendrá que enfrentar el presidente Enrique Peña Nieto, y sólo falta saber si lo asumirá desde luego, o esperará impasible a que la crisis lo rebase.
