Se ha ido endureciendo al grado de sugerir que se emplee la fuerza pública si los maestros disidentes intentan bloquear el regreso a clases el lunes próximo. (ARCHIVO)
La postura de un sector de la Iniciativa Privada (IP) frente a las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha ido endureciendo al grado de sugerir que se emplee la fuerza pública si los maestros disidentes intentan bloquear el regreso a clases el lunes próximo.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo ayer que la autoridad "tiene justificado" el uso de la fuerza en caso de impedirse el inicio de las clases el próximo 22 de agosto.
Comentó que "el imponer el estado de derecho" significa que no haya bloqueos a carreteras, que los comercios puedan operar y que los niños puedan tener el derecho a recibir educación, entre otras cosas.
"El Gobierno federal tiene que hacer valer su autoridad y en caso de impedirse por cualquier grupo que una escuela, cualquiera de ellas, no inicie labores, aquí puede imponerse incluso la fuerza pública", aseveró.
El derecho a recibir educación es algo fundamental y debe recibirse "sin cortapisas y sin limitaciones" en todos los estados, dijo.
Como se informó ayer, varias secciones de la CNTE decidieron el miércoles por la noche no iniciar clases el 22 de agosto.
