El panorama para el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha complicado aún más en los últimos días. A los problemas que viene arrastrando por la falta de claridad en casos relacionados con corrupción y violación de los Derechos Humanos, se suma la presión a dos bandas que ha generado la reacción de un grupo radical de uno de los sindicatos de maestros a la Reforma Educativa, el reclamo ciudadano por las promesas incumplidas en cuanto al precio de los energéticos y la seguridad, y el creciente desafío que representa el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, enemigo declarado de México, en caso de ganar la elección.
El sindicato de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tomado durante semanas carreteras y vías férreas para obligar al gobierno de la República a sentarse a negociar puntos sobre la Reforma Educativa. Mientras el diálogo registra pocos avances, los bloqueos causan numerosos daños a los ciudadanos, principalmente de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Pero entre los más afectados están los empresarios, quienes han calculado pérdidas por 50,000 millones de pesos a raíz de las protestas de la CNTE.
Debido a esto último, la Iniciativa Privada organizada ha levantado la voz para exigir al gobierno federal que aplique la ley y resuelva de una vez por todas el problema de los bloqueos a vías de comunicación terrestre. Incluso, algunos organismos han planteado la posibilidad de dejar de pagar impuestos como medida de presión, aunque este anuncio ha sido matizado por otros organismos que no están de acuerdo. Es decir, la administración de Peña Nieto se coloca aquí entre las acciones ilegales de los maestros radicales y el llamado a la ilegalidad, como llamada desesperada de los empresarios quejosos. Pero la ilegalidad no se combate con ilegalidad.
Otro embate procede de la ciudadanía, misma que en los dos últimos meses ha enfrentado considerables aumentos en las tarifas de electricidad para comercios e industrias y el precio de los combustibles. Lo que más se ha cuestionado de estos incrementos es que el presidente de la República prometió que con las reformas Energética y Fiscal no habría más aumentos a las gasolinas y el diesel, como venían dándose desde el sexenio de Felipe Calderón, y que las tarifas eléctricas disminuirían, reformas sobrevendidas dado que son de largo plazo y en el entorno de precios mundiales de energéticos a la baja, promesas imposibles de cumplir. A lo anterior hay que sumar el repunte generalizado de la violencia, principalmente los homicidios en varias regiones del país.
Por último, el caso Trump. El gobierno federal ha sido cuestionado por su falta de acción frente a los ataques verbales del candidato republicano, quien ha acusado a México de enviar sólo violadores y asesinos al otro lado de la frontera e, incluso, de estafar a los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Es decir, una serie de sinsentidos que merecen una respuesta que si bien no debe ser directa del propio presidente mexicano, quien debe mantenerse al margen del proceso electoral en el país vecino, bien pudiera darse de manera indirecta y utilizando los canales de cabildeo político que todos los gobiernos con intereses en Estados Unidos realizan en Washington.
Frente a este panorama, el gobierno de la República debe atender al reclamo de la ciudadanía a la vez de que debe aplicar medidas claras y contundentes siempre apegadas al estado de derecho y al bienestar de la mayoría y liberarse, si acaso pudiera o supiera, de los fantasmas del pasado, como el síndrome del 68. En caso de seguir manteniendo la postura pasiva que ha mostrado hasta ahora, corre el riesgo de perder en la trivialidad el poco capital político que le queda.
