L A renuncia de Esther Monsiváis, quien fuera considerada como jefa del gabinete del gobernador Rubén Moreira, genera sentimientos encontrados que van desde un relativo alivio por ser consecuencia merecida de su proceder ilícito, hasta una razonable preocupación respecto a que la demanda de justicia de los coahuilenses, pare en este solo acontecimiento y no toque fondo.
Como es del conocimiento, la que hasta el lunes pasado fue titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del gobierno de Coahuila, fue señalada por una investigación del periódico Reforma como autora de la sustracción de ciento sesenta millones de pesos de dinero público, cometida al amparo de facturas falsas que fueron emitidas en un período que va del pasado mes de abril a la fecha.
En un principio Moreira aseguró haberse enterado de los hechos por la prensa y contestó a la interpelación que sobre el particular le hicieron los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, lavándose las manos y señalando a la Secretaría de Finanzas del Estado, como la instancia responsable de aclarar y resolver la situación.
A dicho propósito respondió la comparecencia reciente del tesorero Ismael Ramos ante el Congreso del Estado, quien puso cara de baqueta frente a los justos reclamos de los diputados de la oposición, que se hicieron eco de la indignación general de los ciudadanos. De nada valió en esta ocasión que la mayoría priista en la legislatura hiciera de comparsa al emisario del gobernador y finalmente, la favorita del moreirato tuvo que dimitir según el principio en virtud del cual, la cuerda revienta por lo más delgado.
La renuncia no es producto de un súbito arrepentimiento de la Monsiváis, ni fruto de un mea culpa del sistema Moreira y menos aún, implica el propósito de dejar de robar en adelante. Ocurre porque la denuncia de Reforma adquiere vuelos de alcance nacional y coincide con el hallazgo de raterías semejantes por su modo de operación y por sus montos elevados, en los casos de otros estados como Veracruz y Chuihuahua, en los que hoy día está operando una alternancia política que revela las entrañas corruptas del nuevo PRI a niveles de escándalo.
No es casualidad que los exgobernadores César Duarte y Javier Duarte pertenezcan a la generación de favorecidos en los tiempos de ascenso de Humberto Moreira a la presidencia del PRI nacional, y se caractericen por el desfalco sistemático de las arcas de los estados en aras de un gasto político electoral sin precedentes, que tuvo por objeto tomar el poder estado por estado, llevar a Humberto a la dirigencia nacional de su partido y por último, construir el andamiaje que traería al PRI de nueva cuenta a Los Pinos.
Las enseñanzas y el ejemplo de los profesores Moreira operaron como escuela del crimen a nivel nacional y los frutos del saqueo sistemático en orden a mantener y acrecentar el poder de la nueva generación de priistas están a la vista. Esto se llama "joder a México…" en forma consciente deliberada y sistemática, en aras de un proyecto político perverso.
Los Moreira han erigido una estructura de saqueo e impunidad que fue construida al interior de Coahuila, y posteriormente replicada en serie y exportada a otros estados como Chihuahua, Nuevo León, Durango, Michoacán, Veracruz, etcétera, en deterioro de las instituciones nacionales y en agravio del patrimonio de todos los mexicanos. Se puede decir que en el estilo de Jorge Herrera, Rodrigo Medina, César Duarte, Javier Duarte, Fausto Vallejo y demás alumnos aventajados de la escuela Moreira, se encuentra la huella y talante del profesor y desde luego, el desempeño de los alumnos aventajados cuyo anhelo mayor es superar al maestro.
Por ello la megadeuda de Coahuila no se limita a ser un problema de caja; es un megatema político, causa y efecto de una problemática general. Inicia en la falta de transparencia y rendición de cuentas, transita por el camino del dispendio del gasto público en la compra de conciencias y lealtades a todos los niveles; acaba con la participación ciudadana, la división de poderes y el valor del sufragio, lo cual deriva en la quiebra moral y económica y estalla en inseguridad y pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos.
