Hace algunos años, en 1993, un plebiscito convocado por nueve representantes de la Asamblea del DF, a propuesta del Asambleísta Demetrio Sodi de la Tijera, dejó claro el deseo de los habitantes del Distrito Federal de elevar la categoría de éste a la de Estado federativo.
Desde mucho tiempo antes numerosas organizaciones cívicas promovían una acción ciudadana para reformar las estructuras electorales y hacer realidad la Democracia.
Las dos décadas, en las que se dieron las gestas electorales de Chihuahua y Baja California, presenciaron un vigoroso renacimiento de las viejas aspiraciones ciudadanas, latentes desde 1910, por hacer valer los principios democráticos y la efectiva participación ciudadana en la actividad política y el funcionamiento del aparato gubernamental.
Ya para 1993 el desgaste de las formas de gobierno del ya pronto septuagenario PRI se manifestaba en la profunda insatisfacción popular del manejo arbitrario y patrimonialista que frenaba el ejerció del poder ciudadano.
La fundación en 1988 de ADESE, Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo, agrupación interpartidaria, fue una importante expresión, al lado de la creación del Consejo para la Democracia al año siguiente. Este último, cuidadosamente equilibrado en su membrecía, reunió a prominentes miembros de los distintos partidos políticos como Carlos Castillo Peraza, Miguel Ángel Granados Chapa, Eraclio Zepeda, Rodolfo González Guevara, Ricardo García Cervantes, Pablo Gómez Álvarez, Jorge Alcocer, Luis Felipe Bravo Mena, Jesús Ortega, Miguel Basáñez, Ifigenia Martínez, Felipe Calderón, Jaime González Graf y Diego Fernández de Cevallos quienes participaron en el Foro sobre Procesos Electorales realizado por el Consejo para la Democracia en el Anfiteatro Simón Bolívar de la UNAM.
Las conclusiones del Foro señalaron la falta de credibilidad de las estructuras y procesos electorales, lo indispensable que el IFE tuviera una integración imparcial, la urgencia de una credencial electoral con foto, la necesidad de observadores electorales, subsidio del Estado equitativo para los partidos políticos y ante todo la independencia de la organización electoral frente al gobierno.
Paso a paso fue consolidándose, por virtud del trabajo incansable en esos años de varias organizaciones ciudadanas, la fe en que, pese a las resistencias del grupo hegemónico del PRI, la maduración cívica en México acabaría por prevalecer. Renacía con un vigor que no se ha apagado hasta nuestros días el empeño democrático de la campaña de Vasconcelos.
El Plebiscito lanzado por un grupo plural de destacados asambleístas apareció como un evento en plena consonancia con el espíritu esperanzado en la instauración de un nuevo órden político que desatara las energías políticas y con ellas las de los demás campos del desarrollo nacional. De acuerdo con estos antecedentes el Plebiscito se lanzó teniendo por objeto someter a la consideración de la ciudadanía la eventual creación de un Estado "32".
No existían más antecedentes en México sobre plebiscitos que la consulta que en 1823, se le planteó a los chiapanecos sobre reincorporarse a la Federación Mexicana de la que se habían separado a la caída del Imperio de Agustín I.
La consulta o referéndum para la reforma política del DF era, en palabras del propio Demetrio Sodi, el instrumento moderno, utilizado en varios países como Uruguay, Costa Rica, más adecuado para fijar rumbo y logar el soporte político y moral que requería.
La consulta anunciado para el 21 de marzo de 1993, habría de consistir en tres preguntas sobre si la ciudadanía quería que los gobernantes de la ciudad debieran ser o no elegidos, sobre si la ciudad debiera tener un poder legislativo propio y sobre si esa entidad debe convertirse en un Estado más de la Federación.
Sin tener carácter vinculatorio, el Plebiscito era un complemento muy oportuno de la Mesa de Concertación Política que se desarrollaba en ese momento en la que destacaba la figura de Porfirio Muñoz Ledo. En ella se enfrentaban la insistencia de los partidos de oposición para la creación del Estado "32" con elección directa de su gobernante y creación de su Congreso propio y municipios a la posición del PRI y del gobierno federal a la elección directa del Jefe del Departamento y de los Delegados.
La realización del Plebiscito descasó en el trabajo de más de mil voluntarios encargados de la producción y distribución de los formularios, a recibir y concentrar respuestas para su inmediato cómputo. Este grupo fue análogo al que se formó para realizar en 1991 el conteo rápido, el primero en la historia de México, de las elecciones federales en el DF.
El Plebiscito se llevó a cabo con todo éxito. Su resultado, con base en una participación ciudadana de 321,933, confirmó la voluntad de la ciudadanía de elegir a sus propios gobernantes y miembros de su propio Congreso como todos las demás entidades federativas.
Uno de los frutos más importantes del Plebiscito fue el probar a una ciudadanía todavía escéptica de su propio potencial electoral el poder efectivo de su voto. Al paso del tiempo la participación del electorado, entonces exigua en relación con un padrón de 5 millones, ha aumentado considerablemente en porcentaje en los comicios.
Al festejar en estos días la convalidación constitucional de la creación del Estado de la Ciudad de México, no hay que olvidar que el primer paso concreto lo dio aquel Plebiscito del 21 de marzo de 1993.
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