Hace unas semanas organismos empresariales promovían con entusiasmo una iniciativa de ley para controlar la corrupción en México. Apenas en marzo Gustavo de Hoyos Walther, líder nacional de Coparmex decía que la Ley de Responsabilidades Administrativas era la mejor forma de combatir la corrupción, "estamos convencidos que sí se puede ganar la batalla contra la corrupción", afirmaba con optimismo. Movilizaron a la ciudadanía en una amplia campaña propagandística y lograron reunir 634,143 firmas de apoyo para la #Ley3de3.
La corrupción es un tema no menor, además de ser una de las prácticas más primitivas del sistema político mexicano, detiene el crecimiento económico.
Pero no es una práctica exclusivamente nuestra. Transparencia Internacional es un organismo no gubernamental que anualmente da a conocer un índice de corrupción por país. El informe 2015 ubica a México en el lugar 95 de 168. Somalia, Corea del Norte y Afganistán ocupan los últimos lugares. En el otro extremo, entre los países con niveles de corrupción más bajos, está Dinamarca, Finlandia y Suecia.
Corrupción es abusar del poder confiado para obtener ganancias privadas, puede ser grande o pequeño, puede ser público o privado, dependiendo de la cantidad y del sector involucrado. La corrupción es en ambas direcciones, quien da, quien recibe.
No es ningún juego neutro, ataca directamente los fundamentos de la socialidad. La confianza de la gente sobre los sistemas económico y político se hace difusa, impacta directamente a instituciones y líderes. Para la gente hay un costo enorme sobre la libertad, salud, dinero y en ocasiones, hasta la vida misma.
Aunque se habla de un hecho generalizado, las tendencias muestran que se trata de un fenómeno primitivo, tercermundista, retrógrado. Resistencia frontal al aire fresco con que nos recibe el siglo XXI y esta ola de la democracia ciudadana que vivimos. Entre nosotros lo más anquilosado del sistema político mexicano se organiza, hace bloques e impone su ley.
La corrupción es una práctica cultural decía hace unos meses el presidente Peña Nieto. Ante la avalancha de descalificaciones que recibió tuvo que corregir, afirmando que sólo una amplia reforma en la estructura legal lograría avances significativos.
Por costumbre la práctica se ha hecho modo ordinario de proceder. Los contratistas privados que hacen obras para el gobierno saben que el costo total debe incluir los sobornos a los agentes gubernamentales.
Romper esa lógica es el espíritu de la iniciativa de la #Ley3de3. Todo funcionario gubernamental debe hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Pero tercera ley de Newton, la defensa se ha levantado de lado de la protección de datos. Alegan, los mismos administradores gubernamentales, que su seguridad debe ser garantizada.
La iniciativa #Ley3de3 se presentó al Senado de la República, que se convierte de este modo en Cámara de origen, es decir, los senadores debieron aprobar en primera instancia el proyecto de ley. Pasó entonces a la Cámara de Diputados y fue enviada al ejecutivo para su promulgación en el Diario oficial de la federación.
Ante la imposibilidad de los senadores de no aprobar la iniciativa, optaron por hacer, como decían los clásicos, una reducción al absurdo. La publicación de las tres declaraciones es opcional, sólo mientras no afecte la vida privada o los datos personales del funcionario (artículo 29). Eso que "pueda afectar la vida privada" queda totalmente a la interpretación del funcionario en cuestión, la puerta de escape es enorme.
Pero no sólo, la ley incluye, además de todos los servidores públicos, a toda persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos, además sujetos de obligación será también todo aquel que preste servicios o reciba recursos de las personales morales que ejerzan recursos públicos (artículo 32). O sea, todos.
Lógica gansteril que dejó irreconocible la idea original, así a mediano plazo será completamente inoperable. Vendetta tipo mafia siciliana, se ha calificado a esta reacción de los legisladores contra los promotores de la iniciativa. Está todavía por verse cuál será el modo en que el aparato administrativo procese esta trampa, en el mejor de los casos será un pendiente postergado para el 2018.
Aunque fuera cierto que hasta ahora todos nos hemos beneficiado de la corrupción, la comprensión social de este fenómeno va cambiando. Hoy en día esto nos parece aberrante y el proceso civilizatorio, a pesar de las resistencias va a continuar, así tarde más de lo deseado. La decisión de caminar hacia adelante es lo único que puede romper ese hechizo. México transita hacia estadios más racionales.
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