A discusión. Fundar presentó la noche del pasado miércoles, el estudio '(Re) construyendo la confianza en el poder público', en el Senado.
Esto sucede porque las contralorías encargadas de la revisión de las declaraciones, no tienen las herramientas y el presupuesto suficiente para investigar y verificar la veracidad de su contenido, explicó Guillermo Ávila, investigador de Fundar.
Durante la presentación de su estudio "(Re) construyendo la confianza en el poder público". Las declaraciones patrimoniales como instrumentos de control ciudadano, Ávila advirtió que esa restringida revisión de las declaraciones de funcionarios limita el escrutinio público, y no logra prevenir y detectar posibles actos de corrupción y conflicto de interés.
El investigador aseguró que si hubiera un formato más abierto para el escrutinio público, casos de conflicto de interés como la "casa blanca" se hubieran desahogado de mejor manera, y no con una investigación tan limitada.
DISCRECIONALIDAD POR MIEDO
Fundar presentó este estudio la noche del pasado miércoles, en el Senado, para incidir en la discusión de las reformas secundarias del sistema anticorrupción y poner sobre la mesa la necesaria obligación de los funcionarios públicos, de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses para prevenir y detectar posibles actos de corrupción.
El estudio advierte que un argumento en contra de hacer pública la declaración patrimonial de los funcionarios es el derecho a la protección de datos personales.
Al respecto, la senadora panista Laura Rojas argumentó que si bien no hay evidencias de una relación directa entre la publicación de una declaración patrimonial y un secuestro, sí hay miedo en los funcionarios.
"Hay un terrible miedo en un país donde te secuestran por 10,000 pesos. Esto es un hecho y es algo con lo que tenemos que lidiar", dijo.
Advirtió que la protección de datos personales es un derecho humano y, por ende, será difícil ganar una batalla legislativa si no se eliminan los datos personales de la declaración patrimonial.
Por eso, agregó, será necesario otro tipo de mecanismo que logren ser una herramienta útil en el combate a la corrupción.
La senadora panista dijo que no hay forma de seguir eficazmente la evolución patrimonial de un funcionario y recomendó además incorporar a las personas que reciben dinero público y no son necesariamente servidores o funcionarios.
Ávila, de Fundar, aseguró que en los países donde la información está disponible, hay una mejor percepción sobre la corrupción sin afectaciones a la seguridad personal de los funcionarios.
La propuesta de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, dijo, permite el acceso a datos relevantes para la rendición de cuentas y protege aquellos que pertenecen a la esfera íntima.
