Alertan. Expertos aseguran que hay riesgos e inconsistencias en la propuesta del Senado en materia de Ley General de Archivos.
Historiadores, académicos y organizaciones civiles exigieron al Senado frenar la propuesta de entregar a Gobernación el control sobre el manejo de los archivos en el país, respaldada por el PRI, PAN y PRD. Colocar a esa dependencia como cabeza del Consejo Nacional de Archivos, consideraron, sería una regresión.
En conferencia conjunta, dieron lectura a un pronunciamiento en el que advierten que los archivos son la base fundamental de la rendición de cuentas, por lo que aprobar la iniciativa en sus términos equivaldría a colocar a los sistemas de transparencia y anticorrupción bajo la dirección de Bucareli.
"No hay ninguna razón técnica para que (Gobernación) conduzca el Consejo y el Sistema Nacional de Archivos. Por el contrario, deben ser perfiles especializados en las disciplinas de archivos, historia y gestión documental quienes sean el núcleo del Consejo y sus decisiones", señalaron.
Los especialistas aseguraron que sólo con la presencia de técnicos independientes se puede asegurar una política de archivos basada en las necesidades administrativas y no en los impulsos autoritarios del control político.
Asimismo, pidieron fortalecer el Archivo General de la Nación (AGN) al transformarlo en una entidad descentralizada, no sectorizada, y demandaron que su titular sea elegido en un proceso público, no por el Presidente. "La práctica nos demuestra que la dependencia política de los archivos no se traduce en mejoras sustantivas y sirve como ejemplo el desaire de la Secretaría de Hacienda al recortar significativamente el presupuesto de AGN para el 2017", denunciaron.
Los académicos hicieron un extrañamiento público a la directora del AGN, Mercedes de Vega, por considerar que ha defendido las posiciones contenidas en iniciativas de priistas y panistas. Tras advertir que la ley no debe permitir regresiones en la materia, exigieron evitar trabas a la labor de los historiadores. En su pronunciamiento, piden obligar a todas las dependencias públicas a transferir la totalidad de los documentos con valor histórico en los archivos que se dispongan.
De no tomar en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil, señalaron, el Senado estaría aceptando un proyecto diseñado desde Gobernación. El posicionamiento fue suscrito por Enrique Florescano, Aurora Gomez-Galvarriato y Andrés Lira, de El Colegio de México; Gabriel Torres, del Colegio de Historia; Mauricio Merino, del CIDE; Lourdes Morales y Liliana Veloz, de la Red por la Rendición de Cuentas; Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19; Justine Dupuy, de Fundar, y Ramón Aguilera, de la Escuela Mexicana de Archivos.
Ven riesgos en la Ley General de Archivos
Expertos en materia de transparencia, académicos e historiadores advirtieron sobre riesgos e inconsistencias en la propuesta del Senado en materia de Ley General de Archivos, que incluso representan una amenaza a los sistemas de combate a la corrupción.
Durante las audiencias públicas para revisar la iniciativa, organizadas por el Senado, Mauricio Merino, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinó que es inadmisible que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, por lo que pidió que el Archivo General de la Nación tenga autonomía técnica y se aleje del control político.
"No permitamos que al final del enorme esfuerzo para tener un sistema de transparencia y corrupción, nos tropecemos con la Ley de Archivos, poniendo en manos del poder político los archivos".
"Admitamos que la discusión no responde a criterios técnicos, responde a la insistencia del gobierno federal para mantener a la Secretaría de Gobernación con el control de todos los archivos del país", aseguró.
Lourdes Morales, directora de la Red de Rendición de Cuentas, coincidió en que se debe sacar a la Secretaría de Gobernación del control de los archivos y fortalecer al Archivo de la Nación. Para ello, propuso que sea el Senado el que designe a su titular y se le otorguen los recursos necesarios porque en el Presupuesto 2017 se le quitó al Archivo 87 % de sus recursos.
Pidió que los comentarios de las organizaciones sean tomados en cuenta para cambiar el dictamen y no sea sólo un "checklist" de asistencia.
El investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Alfredo Ávila, pidió que se revise el artículo 14 transitorio que dice que los documentos serán revalorados por instancias federales y estatales para ver si tiene valor histórico: "Se trata de una cosa peligrosísima; sería una oportunidad para expurgar documentos en el mejor estilo de las quemas de los códices del siglo 16".
