Libres. Un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General.
Una serie de inconsistencias e insuficiencias probatorias llevaron a los tres militares involucrados en el caso Tlatlaya a dejar la cárcel.
De acuerdo con los argumentos del magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, Adalid Ambriz Landa, el fiscal no acreditó los hechos en los que sustentó la "calificativa ventaja y la participación de los procesados en la comisión del delito que se les atribuyó".
"De lo anterior surge la ineficacia de los agravios expuestos por el fiscal de la Federación y el asesor jurídico de las víctimas indirectas, pues con independencia de las razones jurídicas que el juez de primer grado sostuvo para estimar acreditada la conducta que se analiza, lo cierto es que a juicio de este tribunal de alzada, no se acredita el elemento del cuerpo del delito", refiere la resolución.
Establece que las pruebas contra los tres militares no son suficientes para acreditar que, después del primer evento de disparos en el rancho El Limón de aproximadamente ocho minutos (sostenido en la primera versión de los hechos), haya existido un segundo evento en el que los tres soldados ingresaron a la bodega y privaron de la vida a ocho presuntos agresores.
De acuerdo con el Tribunal, la declaración de los testigos y procesados presentó inconsistencias: en un inicio afirmaron que sólo existió un evento de disparos y después, en otra declaración, indicaron que existió un segundo, donde presuntamente fueron "rematados" ocho civiles.
"(Los) argumentos que generan aún más incertidumbre y desconfianza sobre lo declarado por los mencionados atestes el 28 de septiembre de 2014, ante el Fiscal de la Federación, pues como se vio, al declarar en preparatoria ante la presencia judicial, en esencia, se advierte que negaron haber expresado de viva voz y de manera espontánea, el contenido de esa segunda versión (doble evento de disparos), bajo la principal explicación de que esa narración fue previamente elaborada por el personal que tomó su declaración.
"Que el Ministerio Público de la Federación únicamente les pidió que firmaran ese documento, con la promesa que de esa manera se les ayudaría a todos los involucrados en los hechos investigados", refiere una de las conclusiones del Tribunal.
Para el Tribunal esa versión incriminatoria (del segundo evento de disparos), del, 28 de septiembre de 2014, se contrapone con lo narrado por las tres únicas testigos sobrevivientes del enfrentamiento el 4 de julio de 2014 (primera versión ministerial) y lo expuesto por los propios militares a que sólo fue un evento de disparos.
"Dadas las omisiones, imprecisiones y contradicciones que presentan en si mismos, sumado a lo contradictorio con la primera versión de los hechos narrada por las testigos de cargo el 4 de julio de 2014 y los elementos castrenses el 24 de septiembre del mismo año, cuya modificación no encontró sustento en las constancias del expediente que se analiza; no son legalmente suficientes para probar los hechos con base en los cuales el Ministerio Público de la Federación y el juez de distrito afirmaron actualizada la agravante de ventaja que se analiza", determinó el Magistrado.
"Existe en el sumario diverso un medio de convicción que se contrapone con la afirmación de que los civiles a que corresponden los ocho cadáveres por los que se ejerció acción penal fueron 'ejecutados', el cual, por su naturaleza científica (...) no permite tener por cierta la supuesta ejecución de la que hablan las testigos de cargo", añadió.
La bodega de Tlatlaya era casa de seguridad: testigo
"La Familia Michoacana", al mando de Johnny Hurtado Olascoaga, "El Fish", tenía varias casas de seguridad en municipios colindantes entre Guerrero y Estado de México, a las que llevaba a sus víctimas para ejecutarlas y luego tirarlas en bolsas. Una de esas casas es la bodega ubicada en Tlatlaya, en la que 22 civiles murieron durante un enfrentamiento con el Ejército.
De acuerdo con la declaración de una de las tres testigos en las que la Procuraduría General de la República (PGR) basó su acusación contra tres soldados por homicidio, uno de los secuestrados fue un diputado, "pero ya no supe lo que pasó con él".
El Consejo de Judicatura Federal (CJF) hizo pública la resolución del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito que ordenó la liberación de los soldados Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides al no encontrar pruebas suficientes en su contra por la muerte de civiles.
En la resolución se desprende la declaración de tres mujeres: Clara Gómez, Patricia Campos y Estefany Nava, identificadas como testigos 1, 2 y 3, respectivamente.
"Nos encontrábamos en una casa abandonada sin recordar en qué municipio era, debido a que ellos nos llevaban de un lugar a otro. Fue cuando un sujeto junto a otras personas a quienes no conozco llegaron a bordo de una camioneta quienes traían a siete personas amarradas de pies y manos y la cabeza cubierta con sus propias camisas. En la madrugada del siguiente día los formó y les dio de balazos matándolos a todos, por lo que posteriormente los echaron a unas bolsas negras y los fueron a tirar sin saber en qué lugar", declaró la testigo 3.
Asimismo, relató que durante una semana en la que estuvo en la casa de seguridad para ofrecer servicios sexuales observó que llevaban a más gente secuestrada y que ella se encargaba de darles de comer.
PGR busca reaprehender a militares
La Procuraduría General de la República (PGR) buscará todas las vías jurídicas posibles para reaprehender a los tres soldados implicados en el caso Tlatlaya que fueron puestos en libertad este sábado por orden de un tribunal.
En un comunicado, la dependencia que encabeza la procuradora Arely Gómez mencionó que actuarán la resolución el órgano jurisdiccional sin embargo "no es cosa juzgada".
En ese sentido enfatizó que presentará todas las "pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que éstos sean reaprehendidos y formalmente procesados".
Explicó que luego de analizar detalladamente la resolución del Sexto Tribunal Unitario, con sede en Toluca, que ordenó liberar por "falta de elementos para procesar" a tres presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos, la PGR aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados.
Reiteró que si bien dicha resolución judicial no se puede impugnar, el fiscal de la federación aportará pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio.
En esos términos, la Procuraduría General de la República solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, queden impunes.
"La Procuraduría General de la República, actuará con absoluto respeto a la división de poderes y a la independencia judicial, en estricto cumplimiento a las facultades que la ley le señala".
