Errores. La PGR ha realizado una investigación deficiente sobre la fuga del “Chapo” Guzmán.
En un principio, la investigación de la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue deficiente.
Cuando Joaquín "El Chapo" Guzmán escapó en julio pasado del penal del Altiplano, la PGR no pudo acreditar la responsabilidad penal de nueve de los funcionarios a los que imputó el delito de evasión de un reo procesado por delitos contra la salud.
El 17 de julio, apenas seis días después de la fuga, Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, resolvió negar nueve órdenes de aprehensión y librar sólo siete, de acuerdo con la resolución judicial a la que se tuvo acceso.
En el fallo de la causa penal 48/2015, el juez rehusó girar las capturas de Miguel Ángel Flores Mirafuentes, Herminio González Albarrán, Agustín Jiménez Molina, Roberto Cruz Bernal, Miguel Ángel Cortez Carrillo, Jaime Galindo Hernández, Juan Carlos Ortiz Calderón, Felipe Hernández Espinoza y Librado Carmona García.
Para el juez, en aquel momento, la investigación de la PGR carecía de los elementos básicos probatorios para presumir la probable responsabilidad de dichos indiciados.
Pero en la misma resolución instruyó las aprehensiones de Víctor Flores Hernández, José Daniel Aurioles Tavares, Emmanuel Galicia Conchillos, Juan Carlos Sánchez García, Luis Alberto Aguilar Morales, Juan Ignacio Cuarenta Orozco y Esteban Estrada Ramírez, ex elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal y de Seguridad Penitenciaria.
Este fallo fue impugnado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), entonces a cargo de Felipe Muñoz Vázquez, pero unos días después retiraron la apelación para reelaborar el expediente.
En septiembre, la dependencia volvió a pedir las aprehensiones y logró encarcelar a seis de los nueve funcionarios a los que en un principio no había podido acreditarles indicios de delito.
Sin embargo, los tres que no fueron detenidos son precisamente los que tenían mayor nivel jerárquico, es decir, Librado Carmona, ex director Técnico; Juan Carlos Ortiz Calderón y Felipe Hernández, director y subdirector de Seguridad y Custodia del Altiplano.
Aún no está claro si se libraron en septiembre las capturas contra estos últimos, ya que el juez de la causa incluso giró un citatorio a Ortiz Calderón para que declarara la semana pasada como testigo. Ortiz no acudió a rendir su testimonio.
De las más de 40 personas que han sido recluidas por la fuga de "El Chapo", 20 de ellos son servidores públicos.
Sí es Lucero Sánchez
La Procuraduría General de la República concluyó con base en un dictamen de fisonomía que la mujer que visitó a Joaquín "El Chapo" Guzmán en septiembre de 2014, en el penal del Altiplano, es la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López.
En la indagatoria UEITA/089/2015, en la que se encuentra como indiciada por los delitos de uso de documentos falsos y delincuencia organizada, la Coordinación de Servicios Periciales presentó un dictamen de reconocimiento facial. De acuerdo con Rubén Tamayo, defensor de la legisladora, esa fue la única prueba pericial que les exhibieron cuando se presentaron a declarar el pasado 20 de enero, en la SEIDO. La legisladora dijo que se le tomaron fotografías y las huellas dactilares con el propósito de compararlas con las muestras recabadas a la mujer que visitó a "El Chapo" en el Altiplano. El gobierno asegura que el 4 de septiembre de 2014 la diputada utilizó el nombre de "Devany Vianey Villatoro Pérez" para ingresar.
Su defensa ligada a Amado Carrillo
Lucero Guadalupe Sánchez, quien podría enfrentar un proceso por utilizar documentos oficiales falsos para visitar a "El Chapo" Guzmán en el penal de El Altiplano, busca enfrentar a la justicia por medio de un abogado que estuvo relacionado con la muerte de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos".
El 4 de julio de 1997 Carrillo Fuentes, entonces líder del "Cártel de Juárez", habría fallecido luego de haberse practicado una cirugía estética para cambiar su rostro; la intervención quirúrgica ocurrió en el hospital Santa Mónica, en la Ciudad de México.
En noviembre de ese mismo año, los médicos que intervinieron a Amado Carrillo fueron localizados sin vida y con signos de tortura sobre la carretera México-Acapulco. Se trataba de Jaime Godoy Singth, Carlos Humberto Ávila, originarios de Sinaloa; así como del colombiano Ricardo Reyes Rincón. Antes de encontrarlos, el abogado Rubén Tamayo fue contactado por uno de los familiares de Jaime Godoy. En ese entonces también se dijo que el defensor del médico era parte del grupo de abogados de "El Señor de los Cielos".
La diputada buscó a Rubén Tamayo para que lleve su caso luego que la PGR alista la solicitud de desafuero.
