En camino. En Coahuila disminuyó el total de asuntos abiertos en Centros de Justicia Alternativa.
A casi ocho años de implementarse la Reforma Penal en el país, mientras que Coahuila lleva un avance del 53 %, Durango lleva un avance del 66 % en cuanto a la cobertura de "justicia alternativa", una figura, que forma parte del nuevo sistema penal acusatorio que permite solucionar conflictos antes de que lleguen a juicio, informó el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
Coahuila es una de las entidades medianamente avanzadas en la materia, al contar con siete Centros de Justicia Alternativa (CJA), que permiten a víctima y ofensor solucionar un conflicto de forma conjunta para reparar el daño y así mejorar la reconstrucción del tejido social, además de descongestionar el sistema de justicia penal tradicional. En tanto Durango cumple con poco más de la mitad del proceso en la materia, al contar con ocho CJA.
De acuerdo a los datos más recientes del Inegi, durante 2014, Coahuila disminuyó el total de asuntos abiertos en los CJAs al pasar de 2,690 en contraste con los 2,758 en 2013, lo que significó 68 casos menos. Además decreció en los asuntos solucionados al pasar de 2,241 en 2013 a 2,609 en 2014, es decir, se resolvieron 449 casos menos. En cuanto a los conflictos pendientes la cifra también disminuyó al pasar de 517 en 2013 a 142 en 2014.
Mientras que Durango aumentó el total de asuntos abiertos al pasar de 4,064 en 2013 en contraste con los 5,287 de 2014 lo que significó un alza de 1,223 casos en este sistema. Los asuntos solucionados la entidad también logró un avance significativo al pasar de 3, 167 en 2013 a 5, 359 en 2014, es decir, se resolvieron 2,192 casos más. En cuanto a los conflictos pendientes la cifra también disminuyó al pasar de 901 en 2013 a 829 en 2014.
Durante la presentación del informe: "La otra justicia, reporte sobre la operación de la justicia alternativa en México", CIDAC destacó que, a partir de la reforma en materia penal de 2008, todas los estados están obligados a contar en sus procuradurías o fiscalías con Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales (MASCP) como órganos especializados en justicia alternativa.
A decir de María Novoa, investigadora de CIDAC, a Coahuila le falta cobertura ya que no tiene todos los centros para poder dar todo el servicio a nivel estado. Con ello, dijo "esta entidad carece de condiciones avanzadas para junio de este año, fecha en la que deberá de estar en función el nuevo sistema penal acusatorio".
"Coahuila tiene un mayor número de conflictividad y otro tipo de delitos que habría que ir trabajando, para saber qué tanto se puede avanzar a través de mecanismos alternativos y su impacto en la resolución de conflicto", destacó.
Generalmente, la justicia alternativa se implementa para delitos no graves. Hay una limitación a través de la ley nacional donde determina que este sistema esencialmente es para querellas, asuntos patrimoniales o para conflictos donde no haya habido violencia, explicó María Novoa.
"A nivel de las procuradurías, es algo novedoso y va a implicar un desarrollo distinto y mayor credibilidad de la Fiscalía hacía el uso de estos mecanismos", dijo.
Por otra parte Violeta Maltos, especialista en justicia restaurativa, dijo que la Fiscalía de Coahuila, realiza buenas prácticas en cuanto a justicia alternativa, ya que cuenta con el personal mejor capacitado del país en cuanto a la materia.
"La Fiscalía se ha preocupado por la capacitación del personal, dentro de las instancias de justicia, están validadores que son licenciados en derecho que validan los mecanismos que tienen los Centros de Justicia Alternativa, muchos de ellos, fueron facilitadores anteriormente y ahora son Ministerios Públicos. De esta forma, cumplen en un solo paso y en poco tiempo con el proceso que tiene que seguir el usuario", señaló Maltos.
Pese al avance en su estructura, en los sistemas alternativos de Coahuila falta la alineación temprana de los órganos especializados. No obstante, es uno de los estados más abiertos para dar su información, mencionó.
Por trabajar
Según CIDAC, algunas de las flaquezas de la operación de los MASCP a nivel nacional están relacionadas con la ausencia de recursos económicos y humanos en los Centros de Justicia Alternativa, además de la ausencia de estandarización en la forma de reportar e integrar datos de la operación, lo que impide contar con información completa, comparable y actualizada.
En el país, las personas que acudieron a estos centros mostraron un alto grado de satisfacción, en contraste con la experiencia del usuario en los procesos tradicionales de justicia penal.
Del total de usuario entrevistados, 44 % reportó estar "muy satisfecho" y 24 % dijo estar "algo satisfecho" con los mismos. El 89 % está de acuerdo con los MASCP como una buena forma para resolver un conflicto y 9 de cada 10 usuarios los recomendaría a un familiar o conocido.
En comparación con la justicia penal tradicional, los MASCP presentan ventajas considerables en términos de tiempos y costos, según el estudio realizado por CIDAC, en cinco entidades del país, la mayoría de los usuarios entrevistados resolvió su conflicto en menos de un mes.
En cuanto a costos, en un proceso proceso penal tradicional 7 de cada 10 usuarios reportan gastos en servicios legales, 9 de cada 10 usuarios de los MASCP no reportó ningún gasto asociado directamente con el mecanismo.
Del total de entrevistados, el 23 % reportó haber gastado menos de 100 pesos, el 30 % entre 100 y 500 pesos y el 24 % entre 501 y 5, 00 pesos. En contraste con el uso abusivo de la prisión preventiva en México donde el 20.7 % de los familiares de internos en presiones gastan entre 501 y 1, 000 pesos mensuales de insumos y protección para su familiar, 31 % gasta entre 1,001 y 2,000 pesos y 26.6 % paga 2, 001 y 5, 000 pesos.
