'Mejor’. El presidente Juan Manuel Santos dijo que este acuerdo es mejor que el firmado en Cartagena.
Con menos entusiasmo y más pragmatismo, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron ayer jueves su segundo acuerdo de paz, ante la resistencia de la oposición y, a partir de ahora, en manos del Congreso.
En el Teatro Colón de Bogotá, las partes pusieron fin a más de medio siglo de enfrentamiento armado y cuatro años de negociaciones con una ceremonia sobria pero histórica, mientras en la calle unas 500 personas clamaban "¡Viva la paz!".
"Este acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena", admitió el presidente Juan Manuel Santos, visiblemente cansado, después de firmar el texto modificado con propuestas de la oposición.
El mandatario aseguró que los cambios se hicieron "con sentido de urgencia, conscientes de que la incertidumbre y el paso del tiempo conspiraban contra la paz". Con la misma premura, el documento fue entregado al Congreso para su aprobación la semana próxima.
"Que la palabra sea la única arma de los colombianos", celebró el máximo comandante de la guerrilla Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko", en un discurso cordial pero menos emotivo que el de la ceremonia anterior, e instó a crear un gobierno de transición para implementar los acuerdos.
El líder rebelde dedicó el pacto a quienes lo defendieron en las calles luego de que el primero fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre y lamentó las recientes muertes de guerrilleros, líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. También felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Tanto Santos como "Timochenko" hicieron un llamado a la oposición, que ya expresó su rechazo al nuevo texto, a trabajar en "unidad".
Según la oposición encabezada por el expresidente, Álvaro Uribe (2002-2010), el nuevo pacto introduce cambios solicitados por los defensores del "No" en el plebiscito, pero no los suficientes. Los críticos sostienen que es necesario hacer un nuevo referendo, algo que rechazan tanto el gobierno como las FARC.
El acuerdo, un documento de 310 páginas con medio centenar de modificaciones, prevé que la guerrilla entregue en los próximos seis meses un inventario de sus bienes y activos para resarcir a las víctimas. También detalla las condiciones de la restricción de libertad para los responsables de crímenes, pero no sacia las principales exigencias de la oposición.
Las demandas como penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves y la limitación de la participación política de los rebeldes no fueron atendidas en los 40 días que se extendió la negociación.
