Una misteriosa ley
Por casualidad tuve frente a mí el texto de la Ley de Protección Civil del Estado de Coahuila, que se refiere a la prevención de accidentes que atentan contra las personas, los bienes y el medio ambiente y que por curiosidad leí y me percaté de las graves omisiones que cometen nuestras autoridades a todos los niveles, en las que entre otras, hice las siguientes observaciones y consideraciones:
En nuestra ciudad tenemos rutas urbanas y servicio de taxi de transporte público que son un riesgo y representan un peligro latente para nuestra sociedad.
Un transporte público que como tal debería ajustarse a las normas de la Ley de Protección Civil del Estado y que nadie se ha percatado de ello y tampoco lo ha reclamado ni lo ha exigido.
Cualquier autoridad, con sólo estar a la hora pico en cualquier parada de las que se ubican a todo lo largo del bulevar Revolución o que aborde un autobús de pasajeros o un taxi, se podrá dar cuenta del enorme peligro que a diario se exponen todos los usuarios.
Rutas como la Dorada, San Joaquín, Valle Oriente, Matamoros, Jardines, Periférico, La Cortina, etcétera, saturan peligrosamente esta rúa la cual por este solo hecho, ya representa un peligro; a esto, sumémosle la velocidad que alcanza cada vehículo, más las condiciones mecánicas de cada uno, más la gran cantidad de pasajeros que viajan a bordo, más la gran cantidad de pasajeros que esperan en las paradas y el desorden con el que manejan los conductores, da como resultado un ambiente demasiado peligroso para que ocurra en cualquier momento, una verdadera tragedia.
La Ley menciona en su Artículo No. 26 que “Las personas físicas y morales que desarrollen cualquier actividad que implique un riesgo a las personas… deberán....” y los transportistas son personas morales o son personas físicas a quienes las autoridades deberían llamarlos a cuentas.
Para reafirmar lo anterior, la propia Ley lo reitera en su Artículo No. 5 cuando se refiere a los establecimientos, los define entre otras cosas como: “...actividad, servicio u obras en los que debido a su propia naturaleza, al uso que se destine o a la concurrencia de personas, pueda existir riesgo”.
Las autoridades estatales y las autoridades municipales están infringiendo gravemente por omisión, esta Ley.
El Subsecretario de Protección Civil del Estado, el Alcalde y todos sus colaboradores, tienen la obligación por Ley, de prevenir las desgracias personales y con mayor razón cuando los riesgos son evidentes.
Esta Ley que debiera aplicarse de oficio al parejo, sólo ha servido como instrumento de venganza, que con razón y sin ella se utiliza para hostigar a los rivales de la autoridad en turno, sirviendo también para extorsionar a empresarios incautos.
Al Gobierno le importa un pito la protección de los bienes, la integridad de las personas y mucho menos nuestro medio ambiente.
Juan Antonio Aguilar Tello,
Torreón, Coahuila.
