Licitaciones
Quien conozca de licitaciones para obras públicas y compras de gobierno de bienes y servicios, me darán la razón, sobre todo aquellos proveedores que han sido descartados después de un concurso. Las licitaciones públicas de gobierno contienen cláusulas y condiciones a veces insuperables, que las hacen ver serias y muy formales -de hecho lo son– y poco accesibles para la mayoría de las Empresas y para Especialistas del ramo al que se convoca. Los proveedores que participan en un concurso, generalmente ya saben que las licitaciones son bipolares, amables para unos y grotescas para otros y porque conocen su doble mensaje; el soborno en especie y/o el influyentísimo. El proveedor incauto se va con la finta del mensaje formal y lo interpretan textual tratando legalmente de cubrir todos los requisitos que se piden, con el esfuerzo que implica ajustarse a los requisitos que son extraordinarios. Otros proveedores de gobierno prefieren irse por la libre, porque saben que los concursos no se ganan cubriendo todos los requisitos que contienen las bases, saben que se ganan con el apoyo de la transa, un segundo lenguaje que requiere encontrar al interlocutor correcto, al que no todos tienen acceso.
Desafortunadamente, para los que aportamos nuestros impuestos, una cosa es lo que rezan las licitaciones y otra cosa es la manera como el Gobierno las administra, porque en vez de ganar el mejor proveedor concursante, parece que los fallos favorecen a los peores y para comprobarlo sólo hay que ver cómo los constructores trabajan a sus anchas en obras que debieran contar con espacios y protecciones específicas y en horarios convenientes para no afectar al paso de transeúntes ni al flujo vehicular acostumbrado, cuando las obras se hacen eternas y poco les importan las molestias y afectaciones al comercio formal y también cuando se hacen con materiales chafas o sin respetar las especificaciones técnicas del diseño y a pesar de ello nadie señala responsables ni les requiere el pago por los daños ocasionados y quizás, tampoco exista una fianza de garantía para respaldar la calidad de cada obra.
¿Será ésta la razón por la que el Gobierno de Coahuila manipula a su antojo el pago oportuno a los constructores y éstos no son capaces de hacer las reclamaciones pertinentes?
¿Será ésta es la razón por la que los funcionarios de gobierno se solapan entre sí y a la vez protegen al proveedor deshonesto?
¿Será que hay arreglos en lo oscurito al margen de la sociedad civil y sus contribuyentes?
¿Será que hay razones malvadas y desconocidas por la que enmudece nuestra primera autoridad municipal para no comprometerse?
Cualquiera que sea la razón, no esperemos que sea la correcta, porque a nuestros funcionarios y gobernantes poco les importan nuestros comentarios y señalamientos, ellos se jactan de hacer negocio, simplemente porque son vividores del poder y de nuestros impuestos.
Juan Antonio Aguilar Tello
Torreón, Coah.
