Ante el endeudamiento qué hacer:
Hace algunos años señalé el exceso de créditos que había solicitado la administración del señor Humberto Moreira Valdés y posteriormente el señor Jorge Torres, por supuesto después de que Cordero, secretario de Hacienda en su momento, la declara públicamente, se desarrolló un evento denominado “Expo Deuda”, el cual fue presentado en diferentes partes del país junto al señor Armando Guadiana Tijerina y otros ciudadanos preocupados por la situación que se estaba presentado.
Haber solicitado créditos bancarias a diferentes instituciones financieras no es delito, el delito es haberlos solicitado (algunos de ellos) en forma irregular y con documentos apócrifos. De esto fue señalado denunciado en su oportunidad, sin embargo los procesos judiciales fallaron en perjuicio de los ciudadanos y por supuesto en favor de quienes incumplieron con su responsabilidad.
En las últimas semanas se le ha dado más juego a la “Megadeuda”, incluso algunos políticos la han utilizado como herramienta para catapultar su imagen ganando terreno sobre otros “precandidatos”. Pero muchas personas, organizaciones y medios de comunicación tienen en forma permanente este tema, eso es meritorio y no se les ha reconocido.
Sin duda el haber solicitado esos créditos en forma irregular es un delito. Pero hemos perdido de vista el mayor daño que se le hizo a los coahuilenses, fue haber extraviado, desviado o tomado esos recursos y no haberlos invertido en el propio estado y sus habitantes. Humberto, Jorge, Rubén y más de una veintena de funcionarios públicos (presuntos cómplices) se han cansado de prometer que entregaran las cuentas y documentos, pero la verdad que todos sabemos es que solo están esperando a que pasen los tiempos para que se vayan dando las prescripciones legales necesarias y evitar un daño mayor (impunidad).
¿Qué es lo que debemos de hacer las organizaciones ciudadanas?
Las organizaciones debemos exigir la rendición de cuentas. Desgraciadamente no es tan sencillo. Los gobiernos (en sus tres niveles de gobierno) tienen elementos y estrategias jurídicas que hacen prácticamente imposible que esa rendición de cuentas se lleve a cabo.
En los tres niveles, los congresos o cabildos que en teoría son la representación del pueblo, y “en teoría” deben vigilar el quehacer del ejecutivo, se han convertido en sus cómplices detrás de las malas decisiones. Estos personajes, en las sombras, son los que vigilan los dineros y las actuaciones de toda la administración. Ellos, (nuestros representantes) nombran al auditor superior de la Federación, los auditores superiores de los estados, los contralores de los municipios, así como los contralores de diferentes instituciones del gobierno o auditores externos contratados para emitir opiniones mediante sus dictámenes.
Dictámenes que deberían informar ante la representación popular de la buena o mala gestión de los gobernantes, entendiéndose como gestión no sólo la aplicación correcta de los recursos obtenidos, sino también de las acciones éticas o no éticas de los supervisados.
Bajo esa premisa, y con relación directa de los sucedido en el Estado de Coahuila, el auditor superior del estado estaba obligado a informar del origen y aplicación de los recursos que obtuvieron en la administración de Humberto Moreira, de Jorge Torres, Rubén Moreira, de todos los presidentes municipales y de los organismos o instituciones que hayan recibido o utilizado recursos públicos, en efectivo o en especie. Ojo, utilizar equipo, instalaciones e incluso tiempos del estado para obtener un beneficio personal también es un perjuicio al erario.
Podremos exigir, exigir y seguir exigiendo la rendición de cuentas a todas esas administraciones (estatal y municipales), y seguramente con argucias legales lo van a impedir. A quien debemos de exigir, además de los anteriores, es al auditor superior del estado. Quien ha sido ratificado en cada administración estatal por conducto del Congreso (la representación popular). ¿Cuál es la razón de que este personaje sea ratificado administración tras administración? ¿Y por qué, incluso, los diputados de oposición no lo han cuestionado?
Víctor Alducín Flores,
Torreón, Coahuila.
