En el insólito de la temporada, la Coparmex está convocando a los sindicatos obreros a integrar un frente común en defensa de la deducción al 100% del gasto empresarial en prestaciones sociales, en la antesala de que la Suprema Corte se pronuncie por el sí o no a 7 mil amparos interpuestos.
Como usted sabe, la segunda sala del máximo órgano de justicia del país emitió una resolución en la que valida una reforma promovida por la Secretaría de Hacienda para reducir el margen.
De acuerdo a ésta los patrones sólo podrán bajar su carga impositiva por el gasto a favor de sus trabajadores entre 47 y 53%.
La pelea del sindicato patronal, en principio, es que no sea una sala, sino el pleno de la Corte quien resuelva el asunto, dada su trascendencia.
Lo que está en juego es un abanico que oscila desde el aguinaldo hasta las ayudas en materia de alimentación, renta, escuela, pasando por horas extras, primas vacacionales y dominicales, además de las aportaciones adicionales para el incremento de los fondos de pensiones y jubilaciones.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Actuarios, la caída en la posibilidad de deducción ha representado para las empresas formales del país un incremento en el costo de la nómina de entre 5% y 8%.
Y aunque las empresas no han retirado las prestaciones para evitar brotes de descontento o huelgas, la liga se ha estirado al límite.
De acuerdo con la reforma planteada a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en caso de que un patrón baje de un año a otro el nivel de gasto en prestaciones la deducción de 53% bajaría a 47.
En su exposición de motivos la Coparmex habla de que el incremento en la recaudación al limitar la deducción es de 20 mil millones de pesos, por más que el efecto coloca en jaque el bienestar de los trabajadores.
Por ejemplo, se ha disminuido el ahorro para el retiro de los trabajadores a partir de la medida. Las cifras las avala el Registro Electrónico de Planes Privados de Pensiones del 2016, hecho público el 31 de agosto pasado.
De acuerdo al Inegi, al cierre del segundo trimestre de este año de los 51.4 millones de personas ocupadas, casi la mitad no ha cotizado en una institución de seguridad social.
La única certeza real de trabajadores con prestaciones se ubica en los 18.4 millones afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Mientras a los trabajadores y a las empresas se les coloca un jaque a las prestaciones sociales en momentos difíciles, se mantienen intactas las que reciben los altos funcionarios públicos, legisladores, jueces, ministros y magistrados.
Si el gobierno necesita más ingresos -dice la Coparmex-, que empiecen por recortar privilegios de los funcionarios con mayores salarios.
Por lo pronto, en paralelo a la presión sobre la Corte, el sindicato patronal cabildea con el Poder Legislativo para que en el análisis y discusión de la Ley del Impuesto sobre la Renta se regrese al escenario de hace dos años.
De no lograrse, dice, muchas empresas dejarán de ofrecer nuevas prestaciones o limitarán las existentes en nuevas contrataciones. ¿Ese puño sí se ve?
Como lo anticipábamos, finalmente la Secretaría de Economía optó por una solución salomónica de cara a la presión de tirios y troyanos: Mantener la salvaguarda que permite imponer una cuota arancelaria de 15% a cuatro ramas de productos de acero para países con los que no se han firmado acuerdos de libre comercio.
La medida estará vigente seis meses.
Como usted sabe, los productores nacionales pugnaban no sólo por mantener la protección, sino elevarla al doble, es decir, al máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio cuando se pone en riesgo una rama económica.
A su vez, los importadores pedían derogarla. En su apretón de pinza, las firmas siderúrgicas hablaban de que sin piso parejo se congelarían inversiones en curso por 3 mil millones de dólares.
La tercera parte la apuesta la realiza Altos Hornos de México de Alonso Ancira.
Sitiados sus accesos desde el 26 de septiembre por transportistas que exigen contratos, la mina Peñasquito cancela temporalmente sus operaciones.
Ubicada en Zacatecas, la veta es explotada por la empresa canadiense Goldcorp.
Ésta ha colocado en la barandilla una serie de denuncias penales contra los líderes del movimiento, señalando que la reapertura dependerá del resultado de éstas.
La mina genera 3 mil 500 empleos directos y 7 mil indirectos, generando una derrama económica de 600 millones de dólares hacia proveedores. Peñasquito presume de apoyar proyectos de educación, salud y desarrollo comunitario.
Mantenida durante dos décadas la razón social Banamex, pese a la compra del capital del banco por parte del Citigroup de los Estados Unidos, ésta dará paso en los próximos días a Citibanamex.
El anuncio llegó acompañado de la noticia de una inversión de mil millones de dólares por parte de la matriz. Naturalmente, la nueva razón social requeriría el cambio en el logotipo, papelería, promoción, plásticos…
AMAGAN CONCESIóN
Dueña de la única concesión en el país para operar el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la empresa Desarrollo Hidráulico de Cancún, conocida como Aguakin, anda nerviosa ante el anuncio de las nuevas presidentas de los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos de revocarles ésta.
La firma en la cuerda floja es subsidiaria del Grupo Mexicano de Desarrollo y Grupo Bursátil Mexicano. La concesión se otorgó por 50 años.
De acuerdo con la empresa la inversión realizada en infraestructura es de mil 80 millones de pesos. Los ediles son Cristina Torres, quien llegó en coalición PAN-PRD, y Laura Fernández, a quien postularon el PRI, el Verde y el Partido Nueva Alianza.
TRAS NIñO AHOGADO…
A la vera del paquete económico entregado por la Secretaría de Hacienda al Congreso se coló una iniciativa presidencial que plantea homologar el marco legal de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte toral del Sistema Anticorrupción.
Los candados hablan de evitar conflictos de interés de los llamados consejeros profesionales de las empresas, los administradores o directivos. Ni parientes ni socios o accionistas de empresas contratistas. El problema es que la medida se tardó 78 años en llegar. Dos tercios de siglo de fiesta con perfil de orgia para la corrupción.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
