Tras el veto presidencial a la llamada Ley 3 de 3, es evidente que la maniobra de incluir entre los sujetos obligados a las personas físicas y morales que recibían recursos del gobierno tenía como principal objetivo el distraer la atención de la negativa de los tricolores para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal y, sobre todo, tener una ficha para intercambiar con los empresarios mexicanos.
La inclusión de la obligación en los incisos "b" y "c" del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos enfureció a los empresarios, que de inmediato se hicieron presentes en Los Pinos y exigieron el veto presidencial a la legislación; su exigencia provocó la cancelación de la promulgación de las leyes que conforman el andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción, para la que se ya se habían girado invitaciones.
Y como si los empresarios fueran representantes de los más de 600 mil mexicanos que respaldaron con sus firmas la iniciativa legal, ellos centraron sus reclamos en esa obligación incorporada de último momento. Y el presidente de inmediato tomó la opción: veto la ley y envió su observación al Senado de la República, pero únicamente en lo referente a eliminar la obligación de los particulares y dejó de lado (como también lo hicieron los empresarios) la demanda popular de hacer públicas las 3 declaraciones ya señaladas.
Los empresarios, a través de la Coparmex, de inmediato expresaron su beneplácito por el veto presidencial, pues según señalaron en su boletín: "el objetivo de este Sistema es contar con un andamiaje que permita castigar el mal uso de los recursos públicos; y con la aprobación del artículo 32 en los términos que venía, volvía inoperante el SNA ante la imposibilidad de procesar las millones de declaraciones de empresarios, trabajadores y beneficiarios de programas gubernamentales, entre otros."
Dejaron de lado la exigencia de publicidad de las declaraciones de los servidores públicos y se concentraron en defender sus intereses. La maniobra que los priistas implementaron a través del autodenominado senador independiente Manuel Cárdenas (aunque llegó a dicha cámara como suplente de la fallecida hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola) cumplió a cabalidad con su cometido: desviaron la discusión a un tema que era totalmente prescindible para ellos, pues en realidad nada más lo habían colocado en la ley para eso; los empresarios mordieron el anzuelo: centraron sus demandas a ese agregado y se olvidaron de su compromiso con las organizaciones, académicos y ciudadanos que trabajaron en la elaboración y respaldo de la iniciativa de ley.
El apoyo y la organización de los empresarios fueron fundamentales para conseguir las más de 600 mil firmas que respaldaron al documento, pero sin las firmas la iniciativa no hubiese tenido ni la atención de los medios masivos de comunicación ni el impacto en la opinión que pública que obtuvo gracias al entusiasmo que logró concitar en la ciudadanía.
Como su nombre lo indica la propuesta de ley era una iniciativa popular y por lo mismo, ni siquiera los autores materiales de la misma podían reclamar derechos sobre ella y negociar a nombre de los más de 600 mil ciudadanos que firmaron. En estricto sentido nadie podía ostentarse como representante de los firmantes para dialogar con los legisladores. Sin embargo, algunos de los grupos promotores de la misma aceptaron reunirse con los parlamentarios, escuchar sus observaciones y hasta revisar aspectos específicos.
Hasta esos momentos, aunque los dirigentes de los organismos empresariales habían promovido públicamente el respaldo a la iniciativa, quiénes se reunían con los legisladores eran los representantes de los "think tanks", las organizaciones de la sociedad civil y los académicos que habían trabajado en la elaboración de la ley. Fue el director de Transparencia Mexicana, quien ocupó la tribuna del Congreso para presuntamente expresar la postura ciudadana.
Sin embargo, en el momento en el que los legisladores incorporaron las disposiciones que establecían obligaciones concretas para los empresarios, éstos no titubearon en desplazar a todos, encabezar las expresiones de descontento e ir hasta Los Pinos a manifestarle sus preocupaciones al presidente.
Una vez que el presidente hizo llegar las observaciones al Senado, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, anunció que antes de aprobar las modificaciones al artículo 32 y los 15 artículos, harían consultas con el Consejo Coordinador Empresarial. Y al día siguiente el presidente de dicho organismo ratificó dicha declaración.
Sin embargo, como ya habían establecido en el comunicado de la Coparmex, la revisión se limitará a "los artículos que se regresaron al Legislativo", con lo cual ya quedó claro que las otras demandas fueron archivadas y ya no les interesa que las declaraciones de los servidores públicos se hagan públicas, se contentan con que eliminen las obligaciones que les habían establecido. Posteriormente, los líderes parlamentarios de la fracciones del PRI y el PRD, establecieron que por disposición legal lo único que puede discutirse son los artículos observados por Presidencia.
La maniobra había cumplido cabalmente con sus objetivos, pues finalmente el presidente y los legisladores que lo respaldan lograron aprobar la legislación en sus términos y , hasta lograron el reconocimiento de los empresarios para Peña Nieto, pues el comunicado de prensa del sindicato patronal es explícito al respecto: "El Presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, reconoció la sensibilidad del Ejecutivo al escuchar a la sociedad, analizar las demandas y solicitar al Poder Legislativo que revise y corrija lo aprobado con el objetivo de mantener el espíritu original del Sistema Nacional Anticorrupción."
