Se levantan. El GIEI criticó a la PGR, por no cumplir con el acuerdo que tenían.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció el rompimiento de colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso del tercer peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula, porque no se respetaron los acuerdos de confidencialidad.
Se reunirán hoy con la procuradora Arely Gómez y los expertos que efectuaron el dictamen, lo que no impedirá su separación, pues acusan que lo han utilizado "con fines políticos".
En conferencia de prensa, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Claudia Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, calificaron de irresponsable a la PGR por salir a dar a conocer un informe -el 1 de abril pasado- que es preliminar y no se apega a las cuestiones centrales del peritaje; asimismo, denunciaron que hay una campaña de desprestigio en su contra, por lo que exigieron al Estado mexicano que salga en defensa de la labor que desarrollan.
"El grupo no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y el descrédito. El GIEI ha pedido a la PGR la realización de una reunión con todos los peritos de fuego para aclarar lo sucedido", señaló Claudia Paz.
Francisco Cox reprochó que fue unilateral la decisión de salir a dar una conferencia de prensa para informar sobre unos resultados que eran preliminares, y no se tomó en cuenta la postura del GIEI en el sentido de que no era oportuno sino hasta tener la conclusión del estudio de fuego.
Carlos Beristáin, otro integrante del GIEI, agregó que cumplirán con su mandato que termina el 30 de abril, presentarán su informe final por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y "no seguirá trabajando con la PGR en esta cuestión"; aclaró que estarán a la espera de otra posible prórroga de su labor.
Cox explicó que el GIEI advirtió a la PGR que no se podía hacer del conocimiento a los medios algo que era provisional y que no respondía a las cuestiones centrales planteadas en el peritaje, aunado a que se tenía un acuerdo de confidencialidad.
"En ningún momento el GIEI tuvo conocimiento de que estaba escrito un texto. Sólo se nos comentó que el mensaje era para decir que no se había podido determinar si era posible o no la quema de los 43 normalistas".
Paz señaló que el resultado preliminar no responde cuestionamientos sobre la cantidad de energía que se necesita para la combustión de los cuerpos, determinar la cantidad de madera que se requiere para mantener el calor, sí se utilizaron llantas, plástico u otros elementos para la posible quema.
Ángela Buitrago aseguró que el informe que dio a conocer Ricardo Damián Torres y el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, "no recoge las respuestas que se pidieron a los peritos, debido a que señalan la necesidad de nuevos estudios, lo cual invalida todavía dicho planteamiento. No hay conclusiones y el GIEI no va a contribuir a aumentar la confusión difundiendo aspectos preliminares sobre un problema delicado y complejo.
La PGR respondió que el peritaje es conclusivo y las pruebas que realice en las próximas semanas el grupo colegiado de expertos en fuego para determinar científicamente si fue posible quemar los 43 cuerpos de los normalistas, "serán complementarias a las conclusiones que determinaron que sí hubo un evento de fuego controlado".
La PGR que encabeza Arely Gómez González indicó que el resultado dado a conocer será incorporado a la averiguación previa del caso Iguala para su valoración integral.
'Existe una campaña de desprestigio'
Después de que se dio a conocer un audio en el que el padre de familia Mario César González Contreras le informa al abogado Vidulfo Rosales que recibió amenazas por parte del grupo criminal "Guerrero Unidos", presuntamente por no entregar 200 mil pesos a los otros padres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló que existe una campaña de desprestigio.
Claudia Paz y Ángela Buitrago aseguraron se pretende afectar al movimiento de los padres de familia que buscan a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al propio GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Realizar escuchas sin autorización de un juez es un delito. En un Estado de Derecho no se pueden intervenir los aparatos de los particulares porque se violan los derechos de los ciudadanos; se trata de una campaña de desprestigio contra los padres", explicó Paz.
Ángela Buitrago declaró que todo lo están descontextualizando para generar un impacto negativo frente a las víctimas, los padres y el trabajo del GIEI.
"Estamos aquí por los mexicanos, la única finalidad es trabajar para conseguir la verdad. Hay una campaña de desprestigio", agregó luego de comentar que también hay una estrategia similar contra Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.
El abogado Vidulfo Rosales detalló que sí tuvo una conversación con el padre de familia por las amenazas, pero rechazó que se reciban fondos del grupo criminal "Guerreros Unidos".
ONU exige que cesen presiones a defensores
Los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre activistas de derechos humanos, libertad de expresión y de asociación sumaron voces para exigir un alto a la campaña mediática que tiene lugar en México en contra de los defensores de garantías en el país.
Los expertos alertaron, a través de un comunicado conjunto, que los ataques dirigidos para desprestigiar su trabajo están aumentando los riesgos y la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos.
Igualmente están teniendo un efecto disuasivo, silenciando expresiones de disenso de quienes pretenden ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación pacífica.
"El gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad civil, libre de cualquier tipo de acoso", afirmó el abogado keniano Maina Kiai, relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
De igual forma se manifestaron Michel Forst y David Kaye, relatores de Naciones Unidas sobre, la situación de defensores de garantías, y sobre libertad de expresión, respectivamente.
Forst, el experto francés, explicó que el llamado conjunto de los relatores responde a la existencia de una campaña deliberada y dirigida a distorsionar la labor de los defensores de derechos humanos, acusarlos de fraude, corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura. "
‘Peritaje sobre fuego en Cocula es conclusivo’
La Procuraduría General de la República (PGR) dijo que el informe dado a conocer por Ricardo Damián Torres, respecto a que sí hubo un evento de fuego controlado en el basurero de Cocula donde por lo menos 17 personas adultas fueron quemadas, es conclusivo.
En un comunicado, la PGR explicó que las pruebas que realicen en las próximas semanas el grupo colegiado de expertos en fuego para determinar científicamente su fue posible quemar los 43 cuerpos de los normalistas "serán complementarias a las conclusiones que determinaron que sí hubo un evento de fuego controlado".
Luego que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) informó ayer miércoles su desacuerdo por que la PGR no habría respetado los acuerdos de confidencialidad; la dependencia que encabeza la procuradora Arely Gómez indicó que el resultado dado a conocer será incorporado a la averiguación previa del caso Iguala para su valoración integral.
"La PGR hará del conocimiento del panel colegiado de expertos en fuego, la petición del GIEI para obtener mayores detalles del estudio. La Procuraduría reitera que la investigación sobre el caso Iguala sigue abierta, y no se escatimarán esfuerzos hasta poner a disposición de la autoridad jurisdiccional a todos los probables responsables de estos lamentables hechos", detalló.
En un comunicado, agregó que su obligación y compromiso con los padres de los jóvenes, con el cumplimiento irrestricto de la ley y la transparencia; y mantiene su convicción de seguir colaborando con el GIEI, en el marco de la asistencia técnica contemplada en su mandato de coadyuvancia.
