ENTRADA.- La intervención del llamado GIEI en el ininteligible caso judicial de Ayotzinapa nos dejó peor que antes. Primeramente porque a 20 meses de la desaparición de los 43 normalistas no ha sido posible localizar sus restos ni tampoco determina con certeza el lugar físico en donde fueron sacrificados.
SOPA.- Tampoco sabemos aún quiénes fueron los asesinos; desconocemos la razón por la cual fueron victimados y por qué con tanta saña. No sabemos tampoco la motivación del asesinato ni de quiénes podrían haberse beneficiado con los homicidios. Por estas y otras muchas razones podemos afirmar que el asunto es inédito en la historia delincuencial del país.
PLATO FUERTE.- Desgraciadamente en la búsqueda de la verdad la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha resultado, como se dice, peor la medicina que la enfermedad. Con su pronunciamiento, los "peritos" logran crear nuevas dudas, más desorientación y más sospechas de las que ya de por sí antes había.
Una síntesis apretada de las conclusiones GIEI sería: Que el hecho no tuvo ninguna relación o vínculo con el crimen organizado; Que sí hubo en algún momento actuación coordinada de fuerzas municipales, estatales y federales; Que los "investigadores" sí sufrieron la poca disposición de las autoridades para la solución del caso y lo más importante: que en el basurero de Cocula no pudo haber habido un gran incendio el día de los hechos.
Por otra parte es válida la denuncia pública que hace el GIEI, respecto las debilidades estructurales de la procuración de justicia en México, asunto que no es nada nuevo y se confirma diariamente con el hartazgo manifiesta la sociedad mexicana en este tema.
Con su informe el GIEI viene a destruir la famosa "verdad histórica" de la Procuraduría General de la República y también echa por tierra la opinión que rindieron los peritos en "fuegos e incendios" hace unos días. En este último dictamen se afirma que en el basurero de Cocula sí pudo haber ocurrido un gran incendio el día de los hechos. Todo esto nos pone en otra nueva realidad: el gobierno está ahora más despistado que al principio, por no decir verdaderamente hecho bolas.
El costo de los peritajes del GIEI representó millones de pesos al erario y el trabajo consumió más de 500 días de investigación. Pero lo lamentable es que nada se aclaró ni se avanzó finalmente en el caso, por lo contrario, el país quedó en la más terrible oscuridad y desorientación sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Sin que exista evidencia alguna de una posible participación de las autoridades federales en aquellos sucesos, desgraciadamente los crímenes ya marcaron al régimen presidencial de Enrique Peña Nieto y a esto había que agregar el desprestigio de la PGR por su ineficacia.
Estamos ciertos de que los intereses políticos (que no de justicia) seguirán movilizándose en calles, medios y organismos internacionales toda vez que los padres de las víctimas se han convertido en inagotable mina de oro para sus representantes y promotores.
Al margen de la manipulación política que puede haber detrás de los padres y familiares de las víctimas, no cabe duda que ha sido la incapacidad de las autoridades encargadas de investigar los delitos las responsables del estado en que se encuentran las indagatorias ministeriales. Todo ello no es nada más que una muestra más de la incapacidad del estado mexicano para administrar justicia.
POSTRE.- El costo político y de credibilidad que ha sufrido el gobierno federal (que no tiene realmente ninguna responsabilidad en los hechos) ha sido incalculable, pero además, parece que no tendrá fin. Este asunto es sin duda la gran piedra en el zapato del presidente que le ha deteriorado su imagen como gobernante y la propia agenda de su gobierno. Ojalá y pronto se aclare este terrible asunto que tiene al país entero en permanente zozobra e irritación.
NOTA AL MARGEN
Cuidado con el resurgimiento de la violencia e inseguridad en La Laguna. Ya se están prendiendo algunos focos rojos que el municipio no quiere y ver menos reconocer.
