Entre polémica. La relación entre los expertos del GIEI y el gobierno mexicano concluye muy golpeada.
El gobierno mexicano ha frustrado las investigaciones para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, aseguraron a "The New York Times" expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes este domingo darán a conocer el informe final de su trabajo y se retirarán del país.
Cuatro de los cinco miembros del GIEI señalaron que, a pesar de que su investigación está lejos de completarse, ellos deben irse.
"Las condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no existen", dijo Claudia Paz y Paz, quien forma parte del panel de expertos. "La prueba es que el gobierno se opuso a extender nuestro período, ¿o no?", señaló.
Paz y Paz, quien realizó investigaciones forenses en Guatemala, no es la única que asegura que el gobierno mexicano los está "expulsando". Francisco Cox, chileno y abogado en Derechos Humanos, comentó que "no tenía sentido quedarse aquí, porque en cierta manera es dar legitimidad a algo que en el fondo sabes que no es correcto".
Para Carlos Martín Beristain, otro de los expertos, "estaba claro en la investigación del gobierno y de la versión oficial de que hubo una intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad. Sin embargo, sus investigaciones demostraron que sí hubo presencia de agentes estatales y federales".
Por otra parte, el gobierno mexicano, dice "The New York Times", asegura que ha colaborado para que las investigaciones del GIEI se realicen.
Incluso, continúa el diario estadounidense, cuando el panel de expertos llegó a México hubo un recibimiento "cálido". Las cosas cambiaron en septiembre, cuando el GIEI publicó un informe que contradecía la llamada "verdad histórica" de la PGR, encabezada en ese entonces por Jesús Murillo Karam.
"Después de nuestro reporte fue evidente que la relación cambió", según Cox, quien señala: "Ellos pensaron que nosotros íbamos a mantener su versión de lo que pasó".
Dos de las expertas, Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, fueron atacadas por algunos medios. "Eso fue inimaginable. El propósito de todo esto fue sólo para deslegitimizar la investigación, para desacreditarnos y para distraernos", lamentaron.
"The New York Times" recordó la investigación que la PGR en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que el GIEI es parte, por presunto fraude.
"Es interesante que ellos hayan investigado esto, en lugar de indagar los cientos de casos de personas que no saben nada de sus seres queridos, sin ningún tipo de asistencia de la procuraduría", indicó James L. Cavallaro, presidente de la CIDH.
RATIFICAN SU VERSIÓN
En su informe final sobre el caso Iguala, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ratifican su versión de que no hay evidencia de que en septiembre de 2014 se registró un incendio en ese lugar de la magnitud requerida para haber incinerado a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, revelaron fuentes allegadas a los especialistas, que desde hace varias semanas redactan sus conclusiones.
Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa presentan hoy este reporte, que sería su último acto oficial público, puesto que el 30 de abril expira el mandato que tenían por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano, con el fin de coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones de la desaparición forzada de los normalistas.
En su reporte de la misión que iniciaron el 1 de marzo de 2015, los expertos no sólo insistirán en que la llamada "versión histórica" que presentó el ex procurador Jesús Murillo Karam no se sostiene con la evidencia científica, sino que también desacreditarán el tercer peritaje de fuego que se presentó el pasado 1 de abril.
El Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, integrado por seis especialistas que realizaron el nuevo estudio, informó que en el basurero de Cocula sí hubo un fuego de grandes dimensiones en septiembre de 2014, y que en el sitio fueron quemadas al menos 17 personas adultas, aunque no detallaron cómo arribaron a esta conclusión tras mes y medio de analizar el caso y el lugar.
Las fuentes consultadas indicaron que el GIEI ofrecerá hoy elementos científicos y las pruebas que ponen en duda ese resultado, entre ellas, el hecho de que la hipótesis de que los normalistas fueron incinerados en el basurero se sustenta en declaraciones de algunos de los detenidos del grupo "Guerreros Unidos", pero al analizar 12 testimonios existen serias discrepancias entre los presuntos responsables.
Cubiertas, 84% de peticiones de CIDH: informe
El gobierno de México ha cumplido con 84% de las medidas cautelares que le solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
En el informe periódico que presentó el gobierno mexicano al organismo, la Procuraduría General de la República (PGR) detalla que de las 941 peticiones que formuló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se cumplieron 84%; 13% están por completarse y 3% están pendientes.
Las medidas cautelares requeridas por la CIDH al Estado mexicano fueron adoptar las acciones necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 normalistas, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.
Hacer lo necesario para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos durante el ataque a los normalistas entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Concretar las medidas a adoptar con los beneficiarios y sus representantes, así como informar sobre las acciones implementadas, a fin de investigar los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero.
El documento -con fecha del 20 de abril y al que tuvo acceso EL UNIVERSAL- sobre el cumplimiento de estas disposiciones destaca, por ejemplo, que la PGR está tras la pista de 45 personas prófugas de la justicia, contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.
Indica que de las 168 personas consignadas por el delito de delincuencia organizada por la desaparición de los estudiantes, están detenidas 123.
Aunque para la investigación es fundamental la captura de esos prófugos, la PGR asegura que con las detenciones de 54 policías municipales de Iguala, 19 de Cocula y 50 integrantes de Guerreros Unidos, esa organización criminal está desmantelada.
Desde que la PGR tomó conocimiento del caso, junto con la Policía Federal y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina-Armada de México se han efectuado 755 acciones de búsqueda para dar con el paradero de los 43 normalistas y seguir las líneas de investigación, entre ellas la hipótesis central de que fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula por integrantes del grupo criminal que controlaba la zona.
