El Relator Especial de Naciones Unidas para los Desplazados Internos, Chaloka Beyani, informó que el gobierno mexicano rechazó su solicitud de visita a México, para analizar la situación de los desplazados internos más de cerca y así empezar a visibilizar el tema, que hoy pretende ser ignorado por las autoridades mexicanas.
De acuerdo con el Informe Global 2015: desplazados internos por conflictos y violencia, elaborado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), del Consejo Noruego para Refugiados, en México, existen al menos 281,400 desplazados internos. El boletín de prensa para dar a conocer los principales resultados del Informe, emitido el pasado 6 de mayo, señala: "La principal causa de desplazamientos en México…fue la violencia criminal relacionada, en mayor parte, al tráfico de drogas y actividades de pandillas".
Más adelante señala que en América Latina: "Los desalojos forzosos fueron más comunes en Colombia, México y Guatemala. Estos desalojos se debieron a la extracción lícita e ilícita de recursos; entre otros, la tala, los cultivos de coca, adormidera, marihuana y los cultivos para producir biocarburantes y aceite de palma."
Durante 2015, México fue el país de América Latina en el que más desplazados internos se registraron, seguido por Perú, El Salvador, Guatemala y Honduras; Colombia es el país de la región que más desplazados reporta, pero de acuerdo al documento eso tiene que ver con el sistema de registro que tiene, que lo lleva a contabilizar incluso a personas que ya fallecieron y otros que ya se establecieron permanentemente en otros lugares.
El relator especial de la ONU, recibió en días pasados la invitación del gobierno de un estado, del que no reveló el nombre, por lo cual solicitó al gobierno federal la autorización para visitar el país, sin embargo, informó de la negativa de las autoridades, porque consideran que no hay "cuestiones urgentes con respecto a las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia criminal en México".
En el mismo evento en el que el relator de la ONU dio a conocer la posición del gobierno, de acuerdo a la información publicada por el periódico regiomontano El Norte, el sábado 14 de mayo, Elizabeth Rushing, asesora sobre conflictos del IDMC, "…señaló que en muchas partes de México se vive una crisis humanitaria que se deriva directamente de la violencia del crimen organizado".
La negativa del gobierno mexicano es consecuente con la cancelación de la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que continuará coadyuvando con las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Todos los informes que han rendido las instancias internacionales vinculadas a derechos humanos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto han sido desfavorables, por lo cual todo indica que el Ejecutivo federal antes que trabajar en mejorar la situación, prefiere ignorarla y, desde luego, cerrarse al escrutinio internacional, que la evidenciaría.
En marzo de 2015, Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura, en el informe que presentó al pleno del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización, señaló que la visita que realizó a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, encontró que: "La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la presentación son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad".
En octubre del mismo año, durante la Trigésima Sesión Ordinaria del mismo consejo, el Comité de desapariciones forzadas, señaló: "la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas delas cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas". En la misma reunión, Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que entre diciembre de 2006 y agosto de 2015 fueron asesinadas 151 mil 233 personas y desparecidas, al menos, 26 mil entre 2007 y 2015.
Un informe similar emitió el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando visitó el país en el último trimestre del año pasado, lo cual agudizó el conflicto entre esta instancia y el gobierno mexicano.
Así que todo indica que tras los informes realistas de las misiones internacionales, el gobierno mexicano prefiere cerrarse al escrutinio internacional y mantener su discurso de que en materia de derechos humanos no hay problemas mayores, además de que este gobierno tiene una especial preocupación al respecto.
El gobierno mexicano prefiere cerrar los ojos ante una realidad que lo rebasa: los grupos del crimen organizado tienen tomados grandes regiones del territorio nacional en varias entidades del país, entre las que destacan Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua y Estado de México, aunque no son las únicas.
Pero además también es evidente que la respuesta del gobierno mexicano ante estos embates, a partir de diciembre de 2006 provocó no únicamente que la violencia se recrudeciera, sino que también se catapultaran las violaciones a los derechos humanos, entre otras cosas por el involucramiento de las fuerzas armadas en dicho combate.
Sin embargo, antes que reconocer la deplorable realidad y el fracaso (o al menos las deficiencias) de la política gubernamental, prefieren desconocerla y como las misiones de los organismos internacionales evidencian la verdad, simplemente les cierran las puertas. Sin embargo, olvidan que no pueden hacer lo mismo con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación internacionales, que se encargarán de darlo a conocer en México y el mundo entero.
