Muy lejos se observan hoy los días en que el presidente Enrique Peña Nieto, de la mano del PRI y con el aval del PAN y el PRD, construía en cada iniciativa la imagen de un gobierno reformador y conciliador con la que intentaba obtener el beneficio de la duda y la aceptación del 62 por ciento del electorado que no votó por él. Desde entonces han transcurrido dos años, el segundo tercio del sexenio. Dos años en los que han explotado casos como Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, la "casa blanca", Higa, OHL, Pemex, Humberto Moreira, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte. Dos años en los que la violencia y la corrupción han aumentado su presencia como temas protagónicos de la agenda pública. Y los últimos días ofrecen un cuadro del estatus de los esfuerzos planteados para enfrentar ambos flagelos. Un cuadro de tonalidades oscuras.
Sistema cojo. Luego de meses de discusión y retrasos, el Congreso de la Unión aprobó la semana pasada el paquete de reformas para la creación del sistema nacional anticorrupción, un tema que se convirtió en exigencia abanderada por el gremio patronal del país respaldado por organizaciones de la sociedad civil. Pero el sistema presenta dos grandes asegunes. El primero es la falta de autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, la cual dependerá de la Procuraduría General de la República, que a su vez seguirá en el organigrama del gobierno federal. ¿Cómo se espera que opere eficientemente una institución encargada de vigilar y poner límites al actuar de los funcionarios si ésta está subordinada a uno de los poderes que se supone debe escudriñar? El segundo punto es el rechazo de la obligatoriedad de la máxima publicidad de las tres declaraciones -patrimonial, fiscal y de intereses- de los funcionarios y, en contraste, la exigencia a los empresarios contratistas y proveedores a presentarlas como si fueran servidores públicos. Un sinsentido a todas luces. Sin autonomía del fiscal y con discrecionalidad en la publicación de las declaraciones, poco se puede esperar de este sistema.
Austeridad incumplida. La complicada situación económica que enfrenta México como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio, ha orillado al gobierno de la República a aplicar fuertes recortes al gasto público, y a anunciar medidas de austeridad y solicitar que los otros órdenes de gobierno las apliquen también. Sin embargo, los reportes más recientes indican que el apretón de cinturón se está dando en la inversión productiva y no en el gasto corriente. Las erogaciones por servicios personales incluso se han incrementado en el gabinete de Peña Nieto 0.5 por ciento en el primer trimestre de 2016. Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados subieron en 33 millones de pesos sus gastos entre enero y abril. Pero esta alza no sólo se da a nivel federal. Por ejemplo, el ayuntamiento de Torreón en vez de registrar una disminución en la nómina, como lo había prometido el alcalde Miguel Riquelme, continúa en aumento y las explicaciones dadas son galimatías. Por otra parte, el nivel de endeudamiento no sólo resulta preocupante en el ámbito estatal, como en el caso de Coahuila, sino ahora también en el federal, que ya roza el 50 por ciento del PIB.
Transparencia simulada. Uno de los discursos que más promueven hoy los gobiernos es el de la transparencia. No obstante, dentro de esta dinámica de retóricas y realidades, es posible encontrar casos como el de Coahuila, cuyo gobierno presume ser uno de los más transparentes de la República, mientras se desconoce aún a dónde fue a parar la mitad de los 36,000 millones de pesos de deuda que dejó la administración del hermano del actual gobernador Rubén Moreira, y cuyo destino no está justificado en las cuentas públicas del sexenio pasado. Pero incluso en los temas más básicos, y que deberían estar ya superados, es posible encontrar opacidad. El domingo pasado se reveló que se desconoce el presupuesto que maneja el 91 por ciento de los programas sociales municipales en todo el país. Es decir, sólo uno de cada 10 programas asistenciales es transparente en este sentido. Además, del 87.7 por ciento de dichos apoyos se desconocen sus objetivos y la población a la que se pretende ayudar. En síntesis, en este tema seguimos anclados en el pasado del uso de recursos sociales con fines clientelares.
Justicia en riesgo. El sábado pasado entró en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, el cual representa un viraje en la procuración y administración de justicia en México. De un modelo casi inquisitorial y escrito en donde la carga de la prueba estaba en el acusado, se transita ahora a un modelo acusatorio y oral en donde la responsabilidad de la comprobación está en la parte acusadora, y en donde la prueba científica adquiere un rol protagónico. El problema es que, de acuerdo con la Red Nacional por la Seguridad, que agrupa a diversas asociaciones civiles, unos 24,000 policías aún no cuentan con la capacitación adecuada, lo cual pone en riesgo la viabilidad del nuevo sistema. Los agentes que acuden a los sitios en donde se han cometido delitos, tienen que apegarse a un protocolo para que los expedientes sean integrados como es debido para evitar pifias en los procedimientos. Por otra parte, no todas las regiones se encuentran preparadas con la infraestructura necesaria para hacer frente al modelo. Tal es el caso de La Laguna de Coahuila, en donde las salas de audiencia fueron prácticamente improvisadas.
Protocolo olvidado. Además de los homicidios, los focos rojos en materia de seguridad en México están en los casos de desaparecidos, calculados en algún momento en 26,000. Este problema representa uno de los principales puntos de atención de organismos internacionales sobre la debilidad del estado de derecho en esta República. Es por ello que la PGR se comprometió a crear un protocolo homologado para la búsqueda de desaparecidos. Pero diez meses después, parientes de desaparecidos y activistas de organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que dicho protocolo simplemente no se ha aplicado. Mientras tanto, son las propias familias afectadas las que han emprendido la búsqueda, como ha ocurrido en Coahuila. Una búsqueda que se da más con fe que con certezas.
Los cinco puntos explicados arriba representan golpes de realidad sobre una República que parece tener la certeza de los problemas que padece, pero cuyos representantes no han mostrado hasta ahora la voluntad, pericia y probidad para sacar adelante las soluciones que se requieren.
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