La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que propone una reforma constitucional para legalizar las uniones maritales de personas de un mismo sexo y por consecuencia la adopción de niños por parte de las parejas resultantes, merece por lo menos los calificativos de sorpresiva y desconcertante.
Antes de tratar el tema en el terreno religioso y político, toca atender los aspectos biológicos y antropológicos que descansan sobre el principio de que el género humano se divide en hombre y mujer, verdad ésta que cuesta trabajo demostrarla por otra vía, que no sea la de la aceptación del axioma de que se trata, como hecho notorio y evidente que no requiere ser demostrado.
A la luz de lo antes dicho, la homosexualidad es un misterio que sólo se explica en función de un trastorno de la personalidad, o en el simple ejercicio de la libertad que pone al alcance de todo hombre y de toda mujer, la posibilidad real de encauzar su conducta por los caminos de lo que ha dado en llamarse preferencia sexual.
El fenómeno como tal ha existido siempre, y los ejemplos frecuentes de personas creativas que siendo homosexuales han hecho aportaciones positivas al acervo cultural del mundo en muy diversos campos, demuestra que si bien han sufrido discriminación, no les ha faltado fraternal acogida en el seno de sus respectivas comunidades. La situación de los homosexuales no transcurre en la historia en blanco o negro, sino que tiene diversas tonalidades como corresponde a todo lo que concierne a la especie humana.
De hecho, entre las personas homosexuales existe una división entre los que apoyan la agenda política internacional del llamado Lobby Gay y quienes no la apoyan y por el contrario, asumen su situación en condición de solteros o parejas sin hijos, como corresponde a una lógica consecuente con la realidad natural, porque como enseña el Papa Francisco en su carta Amoris Laetitia, tales relaciones por naturaleza están cerradas a la transmisión de la vida.
En el caso de la iniciativa de reforma que nos ocupa, responde a tendencias mundiales impulsadas desde la Organización de las Naciones Unidas, que plantean la ideología de género como una imposición a los pueblos y a los gobiernos del mundo, de modo que detrás de la adopción de niños por parte de parejas gay, viene una reforma a los sistemas de enseñanza que presenta a nuestros niños la sexualidad desvinculada de la naturaleza biológica y antropológica que determina una vocación existencial definida, para situarla en el campo de la decisión personal.
Es lógico que existan voces de inconformidad y en consecuencia, es legítimo que organizaciones cívicas o religiosas salten a la palestra para expresar su opinión en contrario, en el marco del ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, de asociación y de difusión de las ideas, que reconoce la Constitución de la República.
Con toda razón los ciudadanos tienen derecho a pronunciarse en pro o en contra de una iniciativa de reforma constitucional como la que nos ocupa. El presidente Peña Nieto debe arrostrar las consecuencias de su iniciativa y sobre todo, está obligado a respetar la opinión de los ciudadanos, y abstenerse de imponer la reforma en función de lo que piense en lo personal.
El reproche social en contra del presidente es fundado. Durante su campaña Peña Nieto jamás puso sobre la mesa el tema que nos ocupa y por el contrario, el empeño de su gobierno en invitar al Papa Francisco a nuestro país y el hecho de que la vista papal haya sido aprovechada por el mandatario para proyectar una imagen de católico practicante, hace que la sorpresiva y desconcertante iniciativa cuyo comentario nos ocupa, aparezca como una bofetada en el rostro de una parte de la sociedad que acompañó a su Papa y a su Presidente, en ocasión de la visita mencionada.
El problema político es que la agenda gay lejos de implicar un beneficio para las personas homosexuales, los utiliza como bandera política y de lucha por el poder, en el marco de una dialéctica de contrarios para dividir y enfrentar a la sociedad mexicana aún más de lo que está y en ese sentido, el Gobierno que preside Peña Nieto debe apagar este nuevo incendio, provocado desde las altas esferas del poder a nivel internacional.
