Resultados. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), presentó ayer ante Comisiones del Senado de la República las conclusiones del informe de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Al cabo de un año y siete meses, una nube de inconsistencias y contradicciones se expande sobre una extensión de 80 kilómetros: el escenario de la acción "concertada" que concluyó con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
¿Qué pasó entre las 17:30 horas del 26 de septiembre y las 2 de la madrugada del 27 de septiembre de 2014? ¿Quiénes participaron en el ataque? ¿Quién lo ordenó y por qué? ¿Dónde están los estudiantes normalistas?
Estas son las incógnitas que desde enero de 2015 y hasta el pasado 24 de abril intentó despejar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo firmado con el gobierno de México desde noviembre de 2014.
Al concluir su mandato en México, este 30 de abril, el GIEI deja sobre la mesa de las autoridades mexicanas 2 informes, cada uno de 525 y 608 páginas, que reconstruyen los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre, y que incluye evidencias de tortura a detenidos, posible manipulación de pruebas por parte de autoridades, mentiras y omisiones en la indagatoria, así como la obstaculización en las labores de los expertos, desde enero de este año.
SE ABREN MÁS INTERROGANTES
En su segundo informe, el GIEI da cuenta de 9 escenarios en los que ocurrieron ataques que dejaron 80 víctimas directas y al menos 700 familiares afectados. Las acciones involucraron a las policías municipales de Iguala y Cocula, que participaron en las agresiones a normalistas, integrantes del equipo de futbol Los Avispones y sus familiares, y personas que transitaban por las zonas del cerco tendido contra los estudiantes.
También involucran a elementos de seguridad del municipio de Huitzuco, que habrían participado en el bloqueo de la carretera Iguala-Chilpancingo durante los ataques; a policías estatales y ministeriales que habrían participado en los ataques; federales y elementos de 27 Batallón del Ejército que negaron ayuda a las víctimas o fueron omisos frente a los ataques.
De acuerdo al GIEI, personal militar estuvo presente en varias escenas de los hechos como testigos directos. Por ello pidieron entrevistarse con los militares, pero su solicitud nunca fue atendida.
A través del centro de mando C-4, elementos de todas las fuerzas de seguridad, incluido el Ejército, sabían lo que ocurría, de acuerdo con los informes del GIEI.
Los informes del grupo de expertos sostienen como una de las principales hipótesis del ataque a los normalistas el posible traslado de heroína en uno de los camiones que tomaron los estudiantes aquella tarde para dirigirse a la Ciudad de México y participar en la manifestación del 2 de octubre.
La línea de investigación de este "quinto autobús" Estrella Roja, no ha sido retomada por la Procuraduría General de la República, a pesar de inconsistencias y contradicciones sobre su paradero y la identidad del "supuesto chofer" que presentó testimonio ante las autoridades.
La posibilidad de que este autobús trasladara heroína podría explicar el nivel del operativo para no dejar salir los autobuses (de Iguala), el cerco en la carretera y la agresión creciente contra ellos que derivó en la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo en contra del autobús de Los Avispones, apunta el segundo informe del GIEI.
EL CAMINANTE, PIEZA CLAVE
Este segundo documento elaborado por el GIEI revela también la posible coordinación de las acciones contra los normalistas por parte de una persona identificada como "Caminante". Con él mantuvieron comunicación durante toda la noche, al menos seis policías municipales de Iguala.
De acuerdo con el GIEI, el número de este personaje surgió de "la forensia" practicada en el teléfono de Ramiro Ocampo Pineda, "El Chango", jefe de halcones de "Los Tilos": una célula de Guerreros Unidos comandada por Víctor Hugo Palacios Benítez, "El Tilo", personaje citado en el expediente y quien aún no ha sido aprehendido.
El GIEI señala que desde el 15 de mayo de 2015 la PGR acordó solicitar información del número telefónico, aunque en el expediente no obra la solicitud ni la posible respuesta a la misma.
A la fecha, la PGR no ha ubicado al que, según indican las llamadas, dirigió el operativo en contra de los normalistas.
En las conclusiones de su segundo informe, el GIEI también reveló que siete celulares de los estudiantes estuvieron activos durante varios días, luego del ataque armado de la noche del 26 de septiembre, lo que contradice la versión de la PGR, que aseguró que todos los aparatos de telefonía fueron quemados en el basurero de Cocula.
Como ejemplo, presentaron el mensaje que Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió a su familia a la una de la madrugada del 27 de septiembre, señal que fue ubicada en Huitzuco.
"Este estudiante estaba vivo, lo que se contradice la versión oficial de que los estudiantes habrían sido asesinados. Es una línea de investigación no agotada", apuntó el GIEI.
CUESTIONAN ACCIONES DE ZERÓN
En su informe el GIEI afirma categóricamente que no encontró evidencia alguna que los haga cambiar su hipótesis de que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. En cambio, cuestiona la presencia probada de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, en la zona del río San Juan, en Cocula, con uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, alias "El Chereje".
Con base en testimonio fotográfico y de video, Zerón estuvo en esta escena el 28 de octubre de 2014, un día antes a que buzos de la Marina encontraran una bolsa con los restos de quien posteriormente fue identificado como el normalista Alexander Mora Venancio.
Esta diligencia, sin embargo, no está integrada en el expediente, pues en su versión oficial la PGR asegura que visitó hasta el lugar el día siguiente, el 29 de octubre de 2014.
Cabe recordar que Tomás Zerón formó parte del equipo que investigó el caso de la niña Paulette, en el Estado de México.
Hasta ahora, la PGR no ha explicado las razones que lo llevaron a una escena fundamental en el caso de los normalistas desaparecidos, sin dar cuenta de ello en el expediente.
