La contralora general del gobierno de Nuevo León, Nora Elia Cantú Suárez, anunció la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos y comisiones, además de una sanción resarcitoria de 280 millones de pesos para los exsecretarios de Desarrollo Económico y Social de la entidad, Federico Vargas, y de Obras Públicas, Luis Gerardo Marroquín Salazar. En la Secretaría de Infraestructura, antes de Obras Públicas, fueron sancionados 5 empleados, de los cuales 4 aún estaban en la nómina, pero 2 de ellos quedaron inhabilitados y 2 fueron suspendidos por 3 meses.
La contralora expuso que a raíz de revisiones llevadas a cabo por la dependencia a su cargo, se han detectado diversos actos cometidos por servidores y exfuncionarios estatales, por lo cual la Contraloría inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Federico Eugenio Vargas Rodríguez, quien durante el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz, fue titular de las secretarías de Desarrollo Económico y Desarrollo Social. El exfuncionario es señalado por su participación y consentimiento en el otorgamiento de incentivos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares, explicó la Cantú, quien estuvo acompañada por Aldo Fasci Zuazua, asesor para casos relevantes de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del gobierno estatal.
