Comienzo. En la ceremonia de arranque del nuevo sistema de justicia penal, participaron, además del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien abrió el evento con un mensaje. (AGENCIA REFORMA)
El gobierno de la República tiene la determinación de ajustar y cambiar lo que se necesite para que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal responda a las exigencias de la sociedad, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto.
En la ceremonia que marcó la entrada en vigor de dicho sistema en el país, al que calificó como la mayor transformación institucional en los últimos cien años, el mandatario destacó que todos los sectores de la sociedad son corresponsables de su éxito, por lo que llamó a hacer del nuevo sistema el emblema de un país comprometido con la legalidad.
Agradeció a quienes participaron y guiaron sus esfuerzos para cumplir con el plazo establecido con la reforma constitucional y llamó a los Poderes de la Unión, así como a todos los niveles de gobierno, a mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional.
PRIVILEGIARÁ LA TRANSPARENCIA
El nuevo Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor ayer en todo el país, representa una innovación en la forma de impartir justicia en México, en el que la confrontación y la rapidez son parte de sus características.
A este nuevo modelo también se le conoce como sistema acusatorio adversarial, ya que la acusación y la defensa se efectúan a través de una confrontación de pruebas y argumentos del imputado y la víctima. Otra de sus particularidades es que es oral, pues el juicio se lleva a cabo en un debate hablado y siempre en presencia de un juez.
Se establece nuevas figuras para garantizar que los procesos no sean tan largos y se realicen con transparencia y eficiencia.
La víctima es la persona que sufre un delito y tiene derecho a que la autoridad preserve su integridad física. La persona es señalada de probablemente haber cometido un delito se le nombra imputado.
Avanza reforma policial
Luego de 18 meses de debate, el pleno del Senado aprobó la reforma constitucional que dará origen al denominado Mando Mixto Policiaco, pero con limitaciones.
Con 102 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones, los legisladores desecharon la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para desaparecer las policías municipales y, en cambio, establecieron un sistema de coordinación, que permitirá la intervención federal en los estados, sólo cuando lo autorice el Senado.
A propuesta del PAN, las corporaciones policiacas estatales sólo podrán ser intervenidas con el voto de la Cámara alta.
Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya no podrá actuar por oficio, como lo establecía el proyecto de dictamen que habían avalado en comisiones las bancadas del PRI y PRD. Los ajustes propuestos por Acción Nacional se realizaron luego de que, el pasado 5 de junio, sus abanderados consiguieron el triunfo en siete estados del país.
