En febrero de 2012 se reforma el artículo cuarto constitucional mediante la cual se reconoce el derecho humano al agua que todos los mexicanos tenemos, dice: "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".
Con esta reforma nuestro país se actualiza con respecto a las directrices internacionales emitidas por Naciones Unidas y cambia, en esencia, el enfoque adoptado en 1992 cuando se promulga la actual Ley de Aguas Nacionales, entonces sintonizado con la firma del Tratado de Libre Comercio que dos años después firma México con sus vecinos de Norteamérica y las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno federal.
La reforma constitucional de 2012 matiza el enfoque de derecho humano al agua como prioridad jurídica en que se deberá sustentar en lo sucesivo la política pública en materia hídrica, por lo que obliga al Estado Mexicano a modificar la Ley de 2012 y elaborar un proyecto de nueva ley, mismo que es aprobado por comisiones en la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria en marzo de 2015. Es la llamada Ley Korenfeld, en alusión al entonces director general de la Comisión Nacional del Agua.
Este proyecto de ley profundiza y amplía el enfoque mercantil de la ley de 1992, pretende redefinir el marco legal en que se finca la política hídrica nacional, continuamente señalada por la deficiente gestión que realiza la Comisión Nacional del Agua (CNA), con crisis hídricas recurrentes en las diferentes cuencas y regiones.
Un ejemplo de esa deficiente gestión es haber sobre concesionado 110 acuíferos del país, situación que agudizó su sobreexplotación y la contaminación de esas aguas subterránea, el caso de los acuíferos de La Laguna resulta emblemático dentro de esta problemática; otro caso es haber permitido la destrucción o deterioro de los ecosistemas asociados a estos recursos, la contaminación de ríos, entre otras.
Dicho proyecto fue señalado por diferentes actores mexicanos como una ley privatizante que priorizaba el uso del agua como negocio, que establecería que el uso del agua con fines energéticos puede ser considerado de utilidad pública, otorgando las facilidades necesarias para su uso mercantil en actividades como la extracción de gas y petróleo de lutita, la llamada fractura hidráulica.
También concedería mayores facultades a la CNA en la aplicación de la ley y la política hídrica, priorizaría la construcción de grandes obras hidráulicas como alternativa principal para resolver los problemas del déficit hídrico, tal es el caso de los trasvases de agua de una cuenca a otra, plantas desalinizadoras, pozos ultraprofundos, la liberación plena de los derechos de agua de los pequeños productores agrícolas al enajenar los derechos de agua de los ejidos que pasen a pleno dominio o la pérdida de éstos cuando se realicen mediante rentismo y otras formas de usufructo, por mencionar algunos de los cambios propuestos.
Al conocerse dicha iniciativa se produce una reacción que va más allá de las cámaras de diputados y senadores, en diferentes partes del país surge una respuesta de crítica y rechazo a la Ley Korenfeld que obliga a detener su aprobación en el pleno de las cámaras, evento que se cruza con el señalamiento de uso particular de un helicóptero oficial por el entonces director de la CNA, quien finalmente renuncia.
Pero la reacción que surge en el seno de la sociedad mexicana no se queda en una protesta, sino que se forma una red nacional de 450 expertos de universidades, centros de investigación y ciudadanos, denominada Agua para todos@Agua para la vida, quienes elaboran la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, mayormente apegada a la reforma constitucional de 2012 y a las directrices internacionales de Naciones Unidas y la Unión Europea.
La Iniciativa Ciudadana además de cambiar el enfoque mercantil de la Ley de Aguas por el de derecho humano, propone una serie de cambios entre los cuales destaca priorizar la conservación de los ecosistemas asociados al recurso hídrico y la soberanía alimentaria, mantener los derechos de agua a los pueblos y comunidades rurales, enfrentar la contaminación de los cuerpos de agua dulce y promover la ciudadanización de los organismos de gestión del agua. Se trata de transitar de un modelo de gestión hídrica actualmente basado en la extracción y de desecho alto consumidor de energía a otro energéticamente eficiente que promueva y facilite la gestión sustentable de los ciclos locales del agua.
Este enfoque, también encuadrado en el concepto de Nueva Cultura del Agua, pretende desarrollar una planificación de la gestión del agua, con mayor participación ciudadana que provenga y abarque los diferentes niveles espaciales y de uso del recurso, tanto en las juntas u organismos operadores de agua a nivel comunidad o municipio hasta los consejos de cuenca en contraposición a la visión centralista y mercantil de la Ley Korenfeld, recientemente revivida por el gobierno federal y algunos legisladores.
Cumplir el mandato constitucional en nuestro país suena casi utópico puesto que requiere modificar sustancialmente el modelo de gestión del agua, pero así es de sinuoso el camino a la sustentabilidad del desarrollo, como lo señalan los 14,921 científicos que cuestionaron la iniciativa oficial, los 22 senadores de 4 partidos políticos que la hicieron suya o los más de 70,000 ciudadanos que firmamos la iniciativa ciudadana y que aspiramos a ser más antes de que se someta a discusión en el Congreso de la Unión. Si queremos ser un país democrático, los ciudadanos debemos participar no sólo cuestionando sino también proponiendo alternativas de solución a los graves problemas del país o la región, como es el caso del agua.
