Intenso en materia política, difícil en gestión económica, delicado en asuntos diplomáticos, inquietante en cuestión social, este año desafía la tarea gubernamental, cifra el destino de las reformas estructurales y determina la correlación de fuerzas dentro de los partidos de cara a la sucesión presidencial.
Podría creerse que la actividad electoral significada en trece procesos -doce con relevo en las gubernaturas, sin contar Colima ni la Constituyente en el Distrito Federal- determinará el cuadro final. Sin embargo, de acuerdo con la agenda previsible, cada uno de los doce meses supondrá un reto formidable al gobierno del partido en el poder, pero también a las oposiciones si, en verdad, pretenden competir en el 2018.
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En materia electoral, el primer mes pondrá en juego la gubernatura de Colima y el sexto las de doce entidades, con un añadido: ese primer domingo de junio se elegirá también, en la capital de la República, a la Asamblea encargada de ajustar y dictaminar la Constitución de la Ciudad de México.
En el resultado electoral del conjunto de esos concursos influirá, sin duda, la gestión de la crisis económica en puerta. A su vez, la calidad de los procesos electorales ampliará o reducirá el ya de por sí constreñido margen de maniobra gubernamental y la capacidad de instrumentar, hasta donde pueda, las reformas estructurales que, en más de un caso, se tambalean.
Complicado el cuadro, se suma a él una locura. En medio del calor electoral, los partidos y sus bancadas pretenden reformar, valga el absurdo, la reforma electoral. Abrirán (marzo) en plena temporada electoral, la legislación en la materia. ¿Podrán cerrarla bien y debidamente? Vale la interrogante porque no se puede descartar que de la reforma de la reforma, las televisoras y su bancada en el Congreso intenten la contrarreforma electoral. ¡Cómo no reponer el jugoso negocio de la spotización de la política!
Cierto, las posiciones electorales en juego son importantes, pero tienen un valor agregado. Al interior del priismo, los candidatos postulados dejarán ver las posibilidades de quienes aspiran a suceder al presidente Enrique Peña Nieto. Al interior del panismo y el perredismo, Ricardo Anaya y Agustín Basave se juegan la consolidación o el desmoronamiento de su muy frágil liderazgo. A su vez, Andrés Manuel López Obrador advertirá si más allá de su figura y del campanazo dado en el Distrito Federal, así como en alguno que otro enclave, la estructura y la organización del Movimiento de Regeneración Nacional es o no competitiva electoralmente, de cara al 2018.
Y ese juego que tanto gusta a los partidos de ganar elecciones sin conquistar gobiernos revelará si alivia o agrava el malestar social.
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En el campo diplomático bilateral y multilateral, la agenda previsible es menos intensa, pero no menos importante.
Arranca el mes entrante con la visita del Papa Francisco, cuyo itinerario recorre la geografía del dolor con síntomas de crisis humanitaria: migrantes, desaparecidos e indios marginados. Esa gira de la cual más de un político quiere colgarse tiene doble filo: puede revestirlo o desnudarlo. Con pinzas diplomáticas deberá atenderse al jefe del Estado Vaticano. No habrá milagros.
Luego, dentro del país arranca un debate con efecto hacia dentro y hacia fuera: el relativo al consumo de marihuana. La acción obligada a partir del resultado de ese debate perfilará la inteligencia y la voluntad del gobierno para dar un enfoque distinto al combate a la droga y su grado de independencia ante la política dictada en la materia por el vecino del norte. En todo caso, en la sesión de Naciones Unidas sobre drogas programada para abril, pocos días después del debate nacional, se verá con qué llega el gobierno a ese foro multilateral. Política interior y exterior en brete.
Y, bueno, aun cuando la indiferencia diplomática ha sido la actitud en la precampaña por la Presidencia de Estados Unidos, a lo largo del año correrá ese proceso con culminación en noviembre. ¿Cuál es la política mexicana ante Estados Unidos?
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Si bien por ley, el calendario legislativo marca dos períodos ordinarios en el curso del año, la falta de profesionalismo en las bancadas no alcanza a fijar su agenda de trabajo.
Los pendientes legislativos son caros a la ciudadanía. Falta la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción, el nombramiento del fiscal correspondiente, el afinamiento de las leyes en materia de transparencia y, la ya citada, reforma de la reforma electoral. Y, claro, aparte y en manos de la Asamblea electa con ese fin, la elaboración de la Constitución de la capital de la República.
Los legisladores han acreditado trabajar sobre las rodillas y privilegiar los asuntos de su interés partidista y no necesariamente de la ciudadanía. No sólo eso, también han hecho gala de su inclinación por atar con nudos ciegos una legislación con otra sin nada que ver entre ellas o con asuntos políticos distintos. El canje, la cuota, la prebenda y la prerrogativa animan la actuación legislativa sin parlamento. ¿Anudarán el concurso electoral con el quehacer legislativo? Por cierto, en octubre, el Senado deberá elegir a siete magistrados del Tribunal Electoral.
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En el terreno de las reformas estructurales, la agenda desafía su curso y destino. Arranca con el resultado de la evaluación del magisterio, sigue con la entrada en vigor del Código Nacional Penal en diez entidades y, a mediados de año, con el inicio del nuevo sistema de justicia penal. Y claro, con el precio del petróleo al piso, continuará la reforma energética que, al menos ahora, perdió ya su expectativa. De la hacendaria y la laboral, mejor ni hablar.
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Intenso el año que arranca, su conclusión perfilará con mayor nitidez a quienes aspiran a suceder al presidente Enrique Peña Nieto y, vaya, que esa aspiración se advierte desbocada. Quizá por eso, el presidente Peña Nieto amplió, al ajustar su equipo de colaboradores, la baraja de sus posibles sucesores. Feliz año.
