La crítica es parte de la esencia de la democracia. No se puede entender un régimen democrático sin crítica, cuestionamiento, disentimiento o enfrentamiento de dos o más ideas o posturas políticas. Si se acepta que la democracia es el gobierno práctico más plural que existe, en consecuencia debe asumirse que la crítica es indispensable para su desarrollo. Y para que esa crítica genere una condición dialéctica positiva lo deseable es que se concentre en los ámbitos que por naturaleza corresponden al colectivo: la cosa pública, la situación del Estado-nación y sus componentes, el manejo del erario y el desempeño de las estructuras políticas.
Una persona que aspira a ocupar un cargo público sin aceptar que conseguirlo implica poner sobre su función los ojos de los ciudadanos y eventualmente recibir cuestionamientos y críticas a su ejercicio, es una persona que ignora la raíz de una democracia o que ningún respeto tiene por aquellos a los que dice representar.
Desde los orígenes de la democracia quedó asentada esta indisolubilidad entre el actuar político y la deliberación crítica. El famoso Discurso Fúnebre de Pericles, pronunciado en 431 a. C., y recogido por Tucídides en su célebre Historia de la Guerra del Peloponeso, condensa en una frase esta peculiaridad de un gobierno democrático, en este caso el de la ciudad-estado de Atenas. "Somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer". Deliberación, decisión, derecho, cosa pública, acción, debate y discusión. Palabras clave todas que definen a la democracia.
Incluso el propio Pericles, continuador de la obra de Clístenes, Temístocles y Efialtes para instaurar la democracia en Atenas, fue blanco de fuertes acusaciones en la asamblea en plena cúspide de su carrera política, acusaciones que iban desde lo trivial, como ser supuestamente manipulado por su amante Aspasia de Mileto, hasta lo relevante, como presuntamente haber derrochado el dinero público y de la Liga de Delos para beneficiar a sus allegados con obras que embellecieron a la ciudad.
Más de 2,400 años después parece que aún no ha quedado claro entre varios de quienes se dedican a la política en México que la crítica no sólo es un derecho de los ciudadanos de una república que se asume en su constitución como democrática, sino que además es indispensable para el buen desempeño de la misma. Sin discusión, sin deliberación, no puede haber consenso sobre lo que mejor conviene a una sociedad. Sin debate ni cuestionamiento, lo que termina por ocurrir es la imposición de una visión sobre las demás, ya sea de forma sutil, ignorando o descalificando a las voces disonantes, o de manera violenta, amenazando o asesinando a los que se atreven a denunciar lo que marcha mal.
Sin crítica, la tentación autoritaria termina por convertirse en costumbre y norma. En un régimen así, sólo los que alaban sin reflexión a quien detenta el poder público o se ajustan a las reglas del juego son reconocidos por éste como interlocutores. Los que disienten se vuelven incómodos, indeseables, intolerables y se llega incluso al absurdo de ser considerados "enemigos". Como si la política se redujera a un asunto de rencillas personales.
En México son variados los ejemplos de intolerancia a la crítica por parte de funcionarios de distintos niveles. Asesinatos, desapariciones, agresiones físicas, insultos, amenazas y difamaciones forman parte de las medidas que lamentablemente se siguen presentando para censurar a quienes cuestionan el desempeño de gobiernos y políticos. Pero también se manifiesta de otras formas, como la descalificación personal, la ocultación de información, la negación del otro como interlocutor o la manipulación de datos o estudios.
En la semana que acaba de pasar, se dieron dos muestras muy claras de esa intolerancia. Una: frente al análisis de los datos de incidencia delictiva presentado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y respaldado por el Observatorio Nacional Ciudadano, el gobernador Rubén Moreira sólo atinó a opinar que no sabía quiénes eran dichos organismos, con todo y que éstos utilizan cifras aportadas por la propia autoridad. Dos: ante las estadísticas adversas en materia de combate a la pobreza reportadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, funcionarios que trabajan en la aplicación del programa social e intergubernamental Prospera en Coahuila están aleccionando a los beneficiarios para que en encuestas nieguen que tienen hambre en vez de hacer los ajustes necesarios al mecanismo asistencial.
Es común también que los funcionarios y políticos recurran al argumento simplista de llamar "pesimistas" a quienes señalan, denuncian o cuestionan fallas en su desempeño o en el de sus gobiernos. Y aquí incurren en un error por partida doble. No sólo están demostrando que para ellos los únicos que pueden ser tomados en cuenta son aquellos que no les incomodan con sus planteamientos, sino que evidencian también que son incapaces de ver más allá de su mediocridad. Porque ¿cómo puede llamarse pesimista a quien señala o cuestiona con la convicción de que si lo hace es porque cree que la situación de la ciudad, el estado o país puede mejorar? Si un ciudadano considera que nada tiene remedio y que es imposible que las cosas se hagan de forma distinta, sencillamente no critica ni cuestiona lo que ocurre en el ámbito público. Éste es el auténtico pesimista. El que se conforma con lo que hay.
Pero existe algo más que no ven los que practican la intolerancia a la opinión divergente. Si se les cuestiona a los funcionarios en su ejercicio público no es sólo porque se crea que los problemas de la sociedad se pueden resolver sino, además, porque se les cree a ellos capaces de resolverlos. ¿Hay alguna prueba más clara de optimismo? Si aún así a quien busca ocupar u ocupa ya un cargo público no le gusta ser criticado o cuestionado en su desempeño como funcionario, la democracia le ofrece una salida: sencillamente no acepte gobernar o renuncie a hacerlo.
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