Ataque generalizado. Los altos niveles de violencia, reiteró James Goldston (centro), director de OSJI, no se han dado al azar.
En México han ocurrido crímenes de lesa humanidad que involucran a fuerzas del Estado y grupos del crimen organizado como los Zetas, y es responsabilidad del gobierno investigar y enjuiciar a los responsables, con base en su compromiso como país firmante del Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional.
Esta es la conclusión del informe "Atrocidades Innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México", que presentó ayer la organización Open Society Justice Iniciative, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.
El coordinador de esta investigación, James Goldston, y representantes de las cinco organizaciones civiles que colaboraron en el informe aclararon que el documento no tiene el propósito de iniciar un procedimiento ante la Corte Penal Internacional, pero sí demuestra que el gobierno tiene la obligación de establecer "la culpabilidad individual" por crímenes atroces graves que deben ser investigados, procesados y enjuiciados.
"La solución al problema de justicia y las respuesta efectivas a la impunidad no vienen desde afuera, sino desde adentro", dijo Goldston.
La conclusión principal del estudio, dijo, es que "existe un fundamento razonable para creer que las fuerzas federales y los Zetas han cometido crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, desapariciones forzadas y tortura".
Explicó que con las herramientas del derecho penal internacional, las autoridades mexicanas -fiscales, jueces y abogados- pueden determinar la responsabilidad de quienes cometieron directamente los crímenes atroces, de su cadena de mando y de quienes dictan la política que permitió que ocurrieran.
Desde la perspectiva de los crímenes de lesa humanidad, dijo, es posible examinar la cadena de responsabilidad. "No sólo de quienes aprietan el gatillo, sino de quienes hacen la política, mandan las órdenes y fallan al prevenir y castigar a los autores materiales".
Estos crímenes, además, no prescriben, advirtió. "Siempre se tienen que investigar y enjuiciar".
LA VIOLENCIA EN MÉXICO NO HA SIDO CASUAL
El informe demuestra que en México se han cometido actos de violencia que cumplen con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esto es, dijo Goldston, uno o más actos individuales cometidos con conocimiento de que forman parte de un ataque generalizado y sistemático, dirigido contra una población civil y conforme a una política del Estado.
La violencia en México no ha sido casual, afirmó. Con 150,000 homicidios dolosos cometidos entre 2006 y 2015, México tuvo la tasa más alta de homicidios dolosos en todo el mundo entre 2007 y 2010. La mayoría fueron responsabilidad de los cárteles, pero también los cometieron policías y militares, dijo.
Además, agregó, las desapariciones también experimentaron una vertiginosa escalada, las denuncias por tortura se cuadriplicaron ante la CNDH entre 2007 y 2012, y docenas de fosas comunes han sido descubiertas, pero el gobierno no hace un seguimiento de los números.
"La impunidad es casi total en relación a tanta violencia", afirmó. Muy poco soldados y policías han sido procesados y condenados por homicidio. Según la Sedena, entre 2007 y 2013 se llevaron a cabo sólo 29 investigaciones militares por asesinados cometidos por miembros de las fuerzas armadas, sin condenas importantes.
En relación con las desapariciones, informó que hasta febrero de 2015 sólo hubo 313 investigaciones federales correspondientes a desapariciones forzadas y 13 condenas. Lo mismo ocurre con las miles de quejas por tortura y malos tratos, por las cuales sólo ha habido 6 condenas.
Golston dijo que es legítimo someter al crimen organizado. Pero México lo ha hecho mediante el despliegue de fuerzas armadas y policía militar, el uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, falsos positivos, daños colaterales, y con impunidad casi total.
"Se dice que hay una política abierta por parte de los tres poderes para cubrir todas las atrocidades y los abusos de autoridad que ha cometido el Ejército contra población civil", afirmó.
En Coahuila, 494 desaparecidos
Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, advirtió hasta 2013 había estados del país sin denuncias de desapariciones, pero ahora éstas se extendieron a todas las entidades. El noreste, dijo, cubre 35 % de las desapariciones totales y el norte el 52.2 %.
Sólo en Coahuila, aseguró, hay 494 personas desaparecidas, la mayoría en grupo. "Estos hechos -aseguró- no podrían ocurrir sin la complacencia de autoridades".
José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseguró que el informe prueba que hay una política de Estado que fomenta el uso de medios ilegítimos e ilegales para la seguridad, con ausencia de consecuencias de cualquier tipo.
Juan Carlos Gutiérrez, de Litigio Estratégico en derechos Humanos, afirmó que el problema no tiene que ver con la estructura del Estado, sino con la falta de voluntad política para investigar los crímenes.
"No hay voluntad política para investigar violaciones graves a derechos humanos", aseguró.
