El pacto acordado con los colonos, después de meses de negociación, establece su traslado temporal a un terreno aledaño a su actual ubicación. (ARCHIVO)
El Gobierno israelí ha pedido hoy al Tribunal Supremo una moratoria de 45 días para acometer la evacuación de la colonia de Amoná, después de alcanzar el domingo un acuerdo con los colonos para que abandonen sus casas de forma voluntaria.
La petición, informa el diario Haaretz, ha sido presentada por el asesor jurídico del Gobierno cinco días antes de que venza el plazo dado por el Supremo para la evacuación de la colonia, que fue levantada sin autorización gubernamental en tierras privadas palestinas, en contra de las propias leyes israelíes.
Para la comunidad internacional todas las colonias judías en el territorio ocupado de Cisjordania son ilegales, independientemente de si fueron levantadas en tierras privadas o si obtuvieron la autorización del Gobierno israelí.
El pacto acordado con los colonos, después de meses de negociación, establece su traslado temporal a un terreno aledaño a su actual ubicación, aunque una ONG israelí ya ha presentado un recurso al Supremo porque también se trata de tierras privadas.
Para el traslado, Israel ha recalificado las parcelas como "propiedad abandonada", alusión a que sus propietarios legítimos abandonaron el país en alguna de las olas de refugiados palestinos en las guerras de 1948 y 1967.
La ONG Yesh Din (Hay ley) sostiene, sin embargo, en un recurso presentado hoy, que un palestino cuya identidad no revela por motivos de seguridad tiene derechos de propiedad sobre el 90% de una de las parcelas adjudicadas.
"Lo que intentamos es que se reconozca que no son tierras abandonadas como sostiene el Gobierno. Si lo reconocen, no hará falta iniciar un proceso legal como el de Amoná", explicó a Efe el portavoz de la organización, Gilad Grossman.
Yesh Din inició en los últimos días procedimientos administrativos similares sobre varias parcelas colindantes que pertenecen a la villa árabe de Silwad y alrededores y que también han sido declaradas en situación de abandono.
El proyecto del Gobierno israelí consiste en trasladar a los colonos a otra ubicación durante ocho meses, hasta reconstruir sus viviendas y ofrecerles instalaciones públicas en un asentamiento autorizado por la ley local.
Y argumenta ante los jueces que los 45 días le son necesarios para realizar el traslado a su ubicación temporal o encontrar tierras alternativas.
El proyecto costará al erario público israelí hasta 130 millones de shékels (32,5 millones de euros o 33,7 millones de dólares).
