En la anterior colaboración comenté que ante la situación que prevalece en el país (y en planeta mismo), donde la economía funciona como una fábrica de desigualdades sociales y en forma depredadora de los recursos naturales, los ciudadanos comunes tenemos pocas opciones de incidir para que ocurra un cambio, siendo una de ellas, quizá la más importante, el ejercicio de nuestra ciudadanía. Al respecto, en forma verbal y escrita recibí comentarios que indican haber expresado lo anterior de manera muy general, incluso pesimista.
Ciertamente, hablé de manera genérica. Mi respuesta puntual es que la ciudadanía se ejerce diariamente. ¿Qué significa esto? El ejercicio de ciudadanía implica que de manera cotidiana los individuos que formamos un grupo o colectividad en una comunidad, colonia, pueblo, ciudad, región o nación, nos preocupemos por los asuntos públicos, los asuntos que tienen que ver con el entorno o ambiente en que vivimos, con nuestra vida privada.
El ejercicio de ciudadanía conlleva nuestra preocupación por la forma en que se da esa relación. Si una empresa decide instalarse en un sitio que afectará nuestra vivencia diaria, si la autoridad que otorga el permiso para que así suceda no realiza una consulta con los vecinos afectados, debemos expresar públicamente nuestro desacuerdo, individual y/o colectivo, hasta que nos prueben que no habrá afectación.
Si una oficina gubernamental pretende implementar una política pública que provocará daño a una colectividad de personas o al ambiente en que está inserto, debemos manifestar nuestro desacuerdo o, en su caso si a la inversa se obtendrán beneficios de ella, expresar nuestra aprobación. Entendemos que en tal acción siempre debe prevalecer el interés público sobre el privado, pero también existen casos donde la omisión de esa política o acción gubernamental no atiende la afectación que los ciudadanos padecen, como sucede con el acceso a agua potable en cantidad y calidad suficiente que enfrentamos una parte importante de la población de esta región.
Si los pequeños productores rurales, los campesinos laguneros, hubieran sabido y dimensionado lo que ha significado la aplicación de agroquímicos en los cultivos probablemente no lo hubieran hecho y buscado otras alternativas no tan contaminantes de sus suelos, aire y agua, del entorno inmediato a sus comunidades; la verdad es que ni entre los agrónomos se valoró ese impacto, estaban inmersos en un paradigma técnico y cultural soportado por la enseñanza en sus universidades y la mercadotecnia de las casas comerciales que los proveían. Además, eran parte de la política pública agropecuaria que pretendía tecnificar, de ese modo, el disponible, la producción agropecuaria para aumentar la productividad y las ganancias económicas. Ahora vienen los transgénicos.
No siempre es posible opinar sobre las políticas públicas ya que, por principio de cuentas, es común que la mayor parte de los ciudadanos carezcan de información sobre ellas, de cómo se relacionen con su vida o sus actividades laborales para mostrar interés por enterarse, o simplemente las preocupaciones que enfrentan no les permiten atenderlas, como sucede con la mayor parte de la población que diariamente lucha por su subsistencia (la mitad de los mexicanos, algo para no presumir) como para preguntarse o ver una nota en los medios sobre la depreciación del peso o el petróleo, la sobreexplotación de un acuífero o la construcción de una presa, o los Papeles de Panamá.
A la ausencia de información y el propio interés por ella (como parte de la cultura autista que parecemos tener, que a su vez es una debilidad de la sociedad civil) hace permisible actos de opacidad, impunidad o autoritarismos de nuestros gobernantes y/o sus cómplices ciudadanos, aunado a que los primeros se han especializado en el manejo de los recursos públicos a través de las estructuras políticas partidarias, creando redes clientelares que sólo administran la precariedad social de una parte importante de la población y no con la convicción de reducirla real y significativamente. Es lamentable que el régimen político se base en este juego perverso que distorsiona la democracia representativa, que si bien asegura triunfos legales en los procesos electorales estos resultan de dudosa legitimidad, sobre todo cuando impliquen los llamados carros completos.
El ejercicio de la ciudadanía además de implicar la búsqueda o el acceso a información sobre los asuntos públicos, también se traduce en un posicionamiento de los ciudadanos frente a ellos, en los que se involucran no sólo los gobernantes sino también otros ciudadanos, como ocurre con los liderazgos sociales cooptados desde las estructuras de mediación y control políticos gubernamental que desempeñan funciones de simulación democrática. Pero esa es la realidad.
Ejercer la ciudadanía implica dilucidar este tipo de prácticas inherentes al régimen político, adoptados por las formaciones partidarias que inhiben el posicionamiento genuino de los ciudadanos por la pavimentación de una calle, de la instalación o mejoramiento del drenaje o la red de agua entubada, de acceso a agua en calidad y cantidad suficiente, de mejora laboral e ingresos, de protección y cuidado de su ambiente, de su fauna y flora silvestre como Torreón o Lerdo que tienen áreas naturales protegidas, de una de elección democrática de sus gobernantes.
Esto no anula el concepto sobre los partidos políticos como instrumentos de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el propio acceso a las estructuras de poder del Estado, sino más bien parece que en México el régimen político debe reformularse como el propio modelo de desarrollo económico, y a quienes interesa que esto ocurra es a los principales protagonistas, los ciudadanos, por ello debemos ejercer nuestra ciudadanía desde los espacios o lugares en que nos encontramos, de incidir en los asuntos públicos, sobre todo de aquellos relacionados con nuestra vida familiar y laboral. Esto ocurre todos los días.
