Las acusaciones que pesan contra el gobernador con licencia de Veracruz y el exgobernador de Sonora parecen
probar la estrecha relación entre el poder y los actos
deshonestos o ilícitos, independientemente de la afiliación partidista.
A Javier Duarte se le investiga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le acusa de desviar 253 millones de pesos procedentes de las arcas veracruzanas, pero hasta el pasado miércoles fue expulsado del Revolucionario Institucional.
Desvío de recursos y enriquecimiento ilícito son las causas por las que la Procuraduría General de la República (PGR) va tras el exmandatario de Sonora, Guillermo Padrés. Además, su partido Acción Nacional mantiene un procedimiento de expulsión en su contra.
Raúl Cervantes, el recién nombrado titular de PGR, asegura que ambos exfuncionarios están cerca de ser capturados y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, coincide en que se realizará el arresto de los dos acusados de corrupción conforme a las normas del nuevo código nacional de procedimientos penales. La aplicación de la ley parece ser inminente para estos personajes, según los miembros del gabinete presidencial que dan estas declaraciones en medio de los múltiples cuestionamientos sobre la fuga de Duarte y una presunta protección del gobierno.
La realidad es que a pesar de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifieste sobre la corrupción que “no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra” es un fenómeno que no puede ser minimizado y que su combate va más allá de la aplicación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que desde su aprobación ha sido calificado como insuficiente por analistas, organizaciones civiles y miembros de la oposición.
Según un análisis de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el proyecto de presupuesto para el próximo año que se presentó a inicios de septiembre, no incluye los recursos suficientes que garanticen el funcionamiento de este sistema ya que no se contempla la inversión requerida en la creación de dos nuevas instituciones clave: la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana.
Dicho estudio destaca que se plantea un recorte de 6.2 % al gasto asignado a la Secretaría de la Función Pública mientras que se mantiene el presupuesto para la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia a pesar de que tendrá mayores responsabilidades al ser la base sobre la que se creará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Ambas instancias son imprescindibles para el arranque del SNA.
La corrupción representa costos económicos, políticos y sociales. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia International (TI), México ocupa el lugar 95 de 168 países y la corrupción le cuesta al país 347,000 millones de pesos, equivalente al 9 % del PIB nacional.
Políticamente ocasiona una crisis de representación ya que el 91 % de los mexicanos no confía en los partidos políticos, además de que esta es la institución que se percibe más corrupta, seguida de la policía. Socialmente, se presenta una correlación entre la corrupción y la violencia, de acuerdo a la investigación México: Anatomía de la Corrupción, realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En los casos de Duarte y Padrés hay una oportunidad de oro para aplicar un castigo ejemplar, pero las acciones deben ir más allá de la simulación y de un intento de los partidos por no perder votos en las siguientes elecciones.
