Hace unos días el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, advirtió que los países emergentes, como México, deben estar preparados para “una crisis potencialmente severa y de consecuencias violentas”. La causas de esta crisis serían la desaceleración de la economía china y el retiro de políticas monetarias no convencionales en países desarrollados. Detrás de esto último se encuentra la venta de acciones y bonos de mercados emergentes que desde 2015 están llevando a cabo inversionistas internacionales, lo cual podría derivar en una contracción del crédito que pondría en aprietos a las empresas de estos países para pagar sus deudas. Esta advertencia se da en medio de un panorama de volatilidad que ha ido mermando el optimismo en cuanto a la expansión de la economía.
En los primeros días de enero el Fondo Monetario Internacional recortó la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para 2016 y 2017 en 0.2 por ciento. Este ajuste a la baja se debe principalmente al estancamiento económico mundial, la pérdida de dinamismo de China, el desplome de los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas. De no haber mejoras en este contexto, es posible que los recortes continúen. En los últimos meses se ha observado una tendencia a la baja en cuanto a los petroprecios y al valor del peso producto de la volatilidad de los mercados. La semana pasada la moneda nacional llegó a su peor nivel histórico, y la mezcla mexicana a su precio más bajo en más de una década.
Si bien la depreciación del peso puede resultar benéfica para las exportaciones, se observa ya un efecto negativo en los sectores altamente dependientes de insumos procedentes del extranjero. Hasta ahora los productores han absorbido el costo, aunque algunos ya han advertido que no lo van a poder hacer por mucho tiempo más, por lo que se prevé un incremento en precios de productos básicos. En cuanto a la renta petrolera, de la que todavía dependen en buena medida las finanzas nacionales, el precio actual, alrededor de los 20 dólares, está por debajo de las coberturas programadas y muy lejos del referencial contemplado en el Presupuesto de Egresos 2016 de 50 dólares. De seguir cayendo, el gobierno federal se verá obligado a aplicar más recortes al gasto público con el consecuente impacto en obras y programas.
Frente a este escenario adverso, la apuesta del gobierno de la República tiene tres vertientes: la disciplina financiera, aumentar la recaudación de impuestos y las reformas aplicadas en la primera mitad del sexenio. Respecto a la primera, resulta contrastante el nivel de endeudamiento que ha tenido la administración de Enrique Peña Nieto, al rebasar ya el 44 por ciento en relación con el PIB, una cifra superior a la de los tres sexenios anteriores. En cuanto a la recaudación y las reformas, la fiscal de 2013 agotó muy pronto su ciclo de vida y la energética de 2014 aún no ha logrado despegar. Llama la atención que a pesar de las alertas y riesgos que a nivel mundial y nacional se observan y lo incierto de las estrategias aplicadas, el gobierno federal mantenga una postura optimista, ante lo cual no queda más que una disyuntiva: o la Presidencia de la República tiene un as bajo la manga que los mexicanos desconocen, o simplemente no está dimensionando el peligro de una crisis inminente para la cual, por ende, no está preparado. Ojalá que sea lo primero, aunque todo indica que es lo segundo.
