Foto: Univisión
Entre 1988 y 2014, México pasó de registrar entre uno y nueve casos anuales de linchamiento a un mínimo de 20 casos y un máximo de 47 por año. En 2015 hubo al menos 62 ataques colectivos contra presuntos delincuentes.
Un filme emblemático de los últimos años en México es la Ley de Herodes (Luis Estrada, 1999). El relato comienza con el alcalde de un pequeño municipio devenido en monstruo en su intento por escapar de una multitud armada con antorchas y sed de sangre, decidida a erradicar el mal. La purificación tiene éxito.
La conclusión de la película transita una vía parecida, sin pavimentar, con la salvedad de que la policía llega a tiempo para rescatar a Juan Vargas (Damián Alcázar) y este se convierte en adalid de la justicia por aquello de que había matado a su profesor de artes corruptas.
Linchar a un gobernante no es algo que sólo ocurra en los sets de filmación. El 26 de abril de 2004, Cirilo Robles, en ese entonces alcalde de Ilave, Perú, murió a manos de sus gobernados.
Habían transcurrido veinticuatro días desde su primer informe efectuado en la Plaza de Armas de la población. Sobre el representante popular pesaban acusaciones de corrupción y malversación de fondos además de la decepción ciudadana porque no estaba cumpliendo las promesas de campaña.
El informe acabó en discusión y Robles Callomamani prefirió retirarse, no a su casa sino fuera del territorio sobre el que mandaba. El público difícil se dispersó aunque sin digerir los enojos y la rabia.
El día en que Cirilo volvió a Ilave, el de su muerte, los vecinos se enteraron, se corrió la voz y una muchedumbre lo sacó del hogar (secuestro dijeron las autoridades) para dar paso a una sesión de tortura que se prolongó por varias horas, hasta exprimirle toda gota de vida. Dos individuos fueron condenados a tres décadas de prisión por esa muerte, uno de ellos era un colaborador del alcalde al principio del mandato.
Un informe gubernamental reveló que el alcalde Robles era inocente de los cargos de manejos indebidos del erario.
Más reciente es el linchamiento de Bacilio Juracán, alcalde de Concepción, un poblado de Guatemala. El 11 de octubre del año pasado, sus gobernados también lo sacaron de su dulce morada, entre las muestras de violencia que le dispensaron a Bacilio una, con forma de machetazo, recayó en su hijo.
Luego la masa golpeó y golpeó a su autoridad hasta que alguien tuvo la idea de prenderle fuego.
Sobre el alcalde pesaba la mala sombra de que había ordenado un ataque contra un enemigo político. La jornada previa una decena de hombres disparó contra la camioneta de Lorenzo Sequén, rival de Juracán en la contienda por la alcaldía. Sequén fue herido, pero sobrevivió. Su hija de 17 años y su sobrina de 16 años no corrieron con la misma suerte. Y por esas muertes Juracán ardió.
LA CRISIS COMO ALIMENTO
Las historias de gobernantes ultimados por una multitud sin nombres no es un preámbulo desinteresado. Explicar las causas de un linchamiento pasan por la misma región de hartazgo, descontento, impotencia y demás emociones que, desatadas, son capaces de convertir a los habitantes de un lugar en émulos de los pobladores del San Pedro de los Saguaros de Luis Estrada.
En su estudio Crisis de autoridad y violencia social: los linchamientos en México, el investigador del Departamento de Sociología de la UNAM, Raúl Rodríguez Guillén, propone a la "crisis de autoridad" como la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral que convergen en la ejecución o en el intento de hacer justicia sin la intermediación de algún público poder.
La crisis se presenta cuando los límites sociales han quedado rotos y una persona o una multitud deciden por su cuenta y riesgo hacer algo para frenar defectos del poder como la corrupción, la ineptitud y los abusos de autoridad.
La sociedad se cansa de los malos ejemplos, es decir, de los representantes del Estado que o no actúan o lo hacen de manera incorrecta a juicio de la indefensa ciudadanía, percepción que acaba por concretarse en una crisis de confianza, una pérdida de credibilidad a veces absoluta.
La "crisis de confianza" es uno de los baluartes de toda "crisis de autoridad".
Sandra Valdés Robledo, investigadora de la Cámara de Diputados, señala que para perder la fe en los representantes basta con la presencia de uno de los siguientes factores:
a) Un incremento drástico en el nivel de pobreza.
b) Un aumento en los índices delictivos.
c) Recurrentes violaciones de los derechos políticos o humanos de los ciudadanos.
d) El descubrimiento de prácticas de corrupción de las autoridades.
Ahora, ¿qué pasa cuando se combinan los cuatro factores en un mismo lugar? Busque la respuesta en los párrafos siguientes.
CALDO A LA MEXICANA
México lleva varios lustros convertido en un país proclive a los linchamientos. Desde finales de la década pasada la práctica del castigo multitudinario se ha incrementado.
Para Raúl Rodríguez los enfrentamientos entre bandas delictivas o entre fuerzas del orden y grupos delictivos, así como los linchamientos, son referentes acabados de la erosión de las instituciones.
Una definición básica del fenómeno que nos ocupa es la siguiente: un grupo de miembros de una comunidad ejercen la violencia frente a situaciones o condiciones que ponen en riesgo los principios de convivencia pacífica.
Linchar es, en principio, una forma de expresar una inconformidad y una forma de llenar el vacío que deja la ausencia de autoridad, la falta de justicia, y, en suma, la carencia de un poder común.
En su estudio presentado en 2012, Rodríguez Guillén advierte contra el surgimiento de grupos de la sociedad mexicana, cada vez más numerosos, propensos a "prácticas que no están reconocidas por la ley, pero tampoco están prohibidas, o bien están prohibidas pero no son castigadas". Como ejemplos de esas prácticas menciona a las ejecuciones y los linchamientos.
En estos últimos participan hombres y mujeres sin distinción de edad, algunos representan el instrumento punitivo y otros interpretan el papel de la voz que instiga.
Según el investigador, la indignación moral que antecede a la violencia es "un rechazo a la autoridad que no cumple y un intento por restablecer los principios de convivencia pacífica".
"Cuando la sociedad lincha pone en tela de juicio a las autoridades, la justicia, los cuerpos policíacos y el Ministerio Público", remata.
El sociólogo concluye que la violencia expresada en los linchamientos es aceptada porque goza de la legitimidad que la autoridad ha perdido.
INCIDENCIA
El artículo 17 de la Constitución Mexicana establece que "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho".
Sin embargo, en agraviadas comunidades de territorios como el Estado de México, Tamaulipas o Puebla los colonos atacan sin contemplaciones a individuos asociados con ilícitos como robo, violación, abuso policíaco, atropellamiento, secuestro, y demás.
En Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), firmado por Rodríguez Guillén en colaboración con Norma Ilse Veloz Ávila, los investigadores universitarios subrayan que en las últimas tres décadas las instituciones mexicanas han sufrido un proceso de desgaste que es retratado con frecuencia creciente en la forma de violencia política y social.
En el período en cuestión se registraron al menos 366 linchamientos (en sus variantes de tentativa y consumación) en territorio mexicano.
Un promedio de 13.5 eventos por año o más de uno al mes, como prefiera verse.
Podría decirse que entre 1988 y 1995 los casos de justicia expedita y multitudinaria pasaron de ser hechos aislados a poco frecuentes. Había entre uno y nueve casos por año en ese subperíodo. Además, era escasa la distancia entre las ocasiones en las que el acto era interrumpido y aquellas en las que hubo desenlace fatal: 16 tentativas contra 15 llevados al extremo.
Entre 1996 y 2009 el número de casos aumentó de forma significativa, esos años se fueron con un mínimo de tres y un máximo de 27 registros para un promedio de 13.5 escenas de furia múltiple por calendario. El subperíodo dejó 123 intentos y 53 hechos con fatal consecuencia.
De enero de 2010 hasta abril de 2014, los investigadores encontraron un incremento "sumamente notable". Un mínimo de 20 casos y un máximo de 47 por año. Los totales arrojan 127 tentativas frente a 32 linchamientos consumados.
El número de ofensores-víctimas de este ejercicio popular en los 27 años analizados asciende a 752 personas, de las cuales 186 (25 por ciento) no salieron vivos.
CASOS
El subperíodo por completar tiene todo para romper las marcas de sus predecesores. Tan sólo en 2015, indican las fuentes universitarias, hubo al menos 62 casos con su debida difusión en medios de comunicación.
El año en curso, a la mitad del camino, ya obsequió turbas que intentaron o bien consiguieron aleccionar a un ofensor-víctima.
El pasado 12 de junio, pasajeros de un autobús de línea golpearon hasta la muerte a un supuesto asaltante.
Ocurrió en una autopista, a poco de concluir el trayecto entre Hidalgo y la Ciudad de México. Tres delincuentes trataron de robar a 40 pasajeros. Algunas de los asaltados se defendieron. Uno de los victimarios disparó, pero la bala fue a impactarse en uno de sus secuaces. Lo demás fue la reprimenda colectiva que lo sacó a golpes del autobús. En la carretera siguió el castigo. La Policía Federal llegó cuando el ladrón ya estaba muerto. El tercer actor del despojo también fue golpeado. A él lo detuvieron. No hubo más arrestos.
El 24 de mayo, en Atlatongo, localidad del municipio de Teotihuacán, Estado de México, el quiosco de la plaza principal fue el escenario de un ajusticiamiento popular. Octavio Ramírez y Nayeli Pérez, dos forasteros de mediana edad, murieron a manos de la masa anónima. Al tercer objetivo, Jesús Rivera, lo rescataron la policía estatal y el ejército. El detonante de la acción fue el secuestro de Ezequiel Flores. Los forasteros fueron vistos a bordo de la camioneta que conducía la víctima. La movilización de los integrantes de la comunidad llevó a la aprehensión. La condena fue unánime. Una decena de agentes municipales intentó, sin éxito, aplazar el castigo en espera de refuerzos. Hubo 17 detenidos. Todos quedaron libres por falta de pruebas.
En el apartado de los intentos quedaron casos como el de Juan Manuel Gudiño Jiménez, conserje de un jardín de niños en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. El 17 de junio corrió la noticia de que había abusado sexualmente de tres niños. La policía le protegió de los esfuerzos por lincharlo.
El pasado 10 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron a seis personas en la colonia Morelos. Dos mujeres habían sido lesionadas (impactos de bala). Los agentes detuvieron a los presuntos agresores, pero un grupo de vecinos se apersonó en el lugar de la aprehensión con la intención de ajusticiar a los presuntos. Los uniformados tuvieron que negociaron con los vecinos para poder marcharse con los detenidos.
El 24 de mayo en Amozoc, Puebla, cerca de 100 vecinos trataron de linchar a un joven de 19 años de edad. El ofensor-víctima había ingresado a robar a un domicilio junto con otras dos personas que huyeron indemnes. Elementos policíacos llegaron al rescate del infractor.
NO HAY QUE DECIRLO
Las autoridades, incapaces de someter a la justicia ordinaria a los participantes de un asesinato colectivo, suelen encubrirlo bajo otros tipos delictivos como "homicidio" o "atropellamiento".
El 9 de junio vecinos de la colonia Los Colorines de Nuevo Laredo, Tamaulipas, golpearon hasta la muerte a un presunto violador. Circula en internet un video de los ofendidos sacudiendo con balompédica soltura la cabeza del presunto.
Una pareja pidió ayuda a sus vecinos. Un hombre había raptado a su hija de cuatro años. La niña fue encontrada en un terreno en breña. La pequeña no se sentía bien, los signos de un abuso sexual encendieron a la comunidad.
El supuesto agresor se movía en bicicleta y, según la versión oficial, fue atropellado por un coche fantasma. Las lesiones del accidente vehícular, y no los golpes propinados por los indignados vecinos, acabaron con su vida de acuerdo con el relato de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
El 4 de mayo en Yecapixtla, Morelos, vecinos de la localidad de Xochitlán también lincharon a un presunto violador. El ofensor-víctima fue sorprendido abusando de una persona sin goce pleno de sus facultades.
La familia ofendida pidió ayuda a la comunidad y esta respondió. La masa cayó sobre el individuo. Las fuerzas de seguridad no llegaron a tiempo.
El gobierno morelense, sin embargo, difundió una versión distinta. Sí, efectivamente, ocurrió un delito, pero un homicidio y dos personas fueron detenidas. Nada de una turba ajusticiando a un delincuente sexual.
Cuando no hay videos para desmentir, las autoridades también atribuyen los asesinato por masa vecinal a enfrentamientos entre grupos criminales.
El 27 de julio de 2015, en el ejido Morelos Piedra del municipio de Cunduacán, Tabasco, dos hombres perdieron la vida. Medios locales informaron que una multitud les suministró la pena capital, mediante golpes y machetazos, por haber asesinado a una persona. La versión oficial indica que no hubo ejecución comunitaria extrajudicial sino decesos provocados por la "pelea entre dos bandas".
ERRORES
El juicio de la masa, sin embargo, también incurre en injusticias capitales. En octubre de 2015 dos hermanos fueron sacados a golpes de una comandancia de policía en Ajalpan, localidad poblana.
La comunidad descargó en ellos su ira y el final llegó con purificación ígnea. Las víctimas, José Abraham Copado Molina, de 25 años, y Rey David Copado Molina, de 35 años, trabajaban para una casa encuestadora de la capital mexicana.
La fiscalía vecinal los acusó del delito de secuestro.
La masa, al principio, tenía un centenar de pares de manos dispuestos a hacer justicia. Creció hasta alcanzar el millar y entre los agentes preventivos que intentaron impedir el desenlace obviamente hubo varios heridos. La gente, para demostrar que iba en serio la cosa, incendió patrullas.
La empresa Marketing Research and Services confirmó que los hermanos eran empleados de su firma. Otros exempleadores, Técnicos Encuestadores de Campo, también defendieron el trabajo honesto que realizaban los Copado Molina.
Testimonios de excompañeros de MRS recogidos por medios nacionales describieron a los fallecidos como personas responsables, honradas, laboriosas, que ni viciosas eran.
Para Jesús Cantú, director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, México se ha convertido en un "imperio de los linchamientos".
Respalda que los abusos que se cometen en el país y la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de la población han favorecido el surgimiento de los ajusticiamientos en masa, del vigilantismo y de las guardias comunitarias.
Señala que mientras las dos primeras surgen en respuesta a la delincuencia común; la tercera es una forma colectiva de defensa contra el crimen organizado.
La tendencia a la alza de los linchamientos, puntualiza, es clara y las causas de la misma -abusos de las fuerzas de seguridad, impunidad y corrupción- se agudizan, por lo que no hay razones para pensar que pueda revertirse o detenerse.
PUNTEROS
Siete son las demarcaciones que concentraron el mayor número de linchamientos en el período de 1988 a 2014: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
En ese lapso sumaron 296 de 366 casos registrados, es decir, 80.8 por ciento.
Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas destacaron en el sentido opuesto: en 27 años no se registró un solo evento relacionado con ajusticiamientos colectivos.
Los factores que impiden o propician la consumación de un linchamiento según Rodríguez Guillén son: la oportuna intervención de la autoridad; el grado de irritación social; la predisposición a la violencia.
Algunos de los casos antes referidos, sin embargo, dejan constancia de que la presencia de las autoridades a veces no basta para desalentar a una multitud furiosa.
Carlos Celaya, autor del blog Ciudades Inmigrantes, señala que "no hay linchamiento sin espectadores. El linchamiento es para eso: para que lo vean todos. O mejor dicho, para que participemos todos".
Explica que luego de intervenir en un acto espontáneo dirigido a hacer justicia, una comunidad puede desarrollar un modo de pensar muy particular que podría resumirse en: "si te agarramos no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar".
El descontento social que se manifiesta en un linchamiento, según los especialistas, no empieza ni termina con el hecho inmediato que ocasiona la reacción multitudinaria. Para entender la explosión que se origina en un momento dado, es necesario profundizar en dos conceptos que se nutren mutuamente: la indignación individual y la colectiva.
Ecatepec, municipio del Estado de México, se ha convertido en un referente de esa forma comunitaria o vecinal de tratar con la delincuencia. Utilizan estrategias como el uso de las redes sociales para alertar de ilícitos o presencias sospechosas y reclutar indignados.
Por ejemplo, en Ecatepec Alerta, una comunidad de Facebook, los administradores publicaron este 23 de junio un mensaje con la siguiente entrada:"no tenemos garantizada nuestra seguridad, ya hay demasiados robos, secuestros y asesinatos y las autoridades no hacen su trabajo".
Luego de la invitación a denunciar cualquier crimen o presencia sospechosa a través de la red social, se recuerda a los vecinos que "no debemos de tener miedo porque somos muchos más, tenemos que empezar a proteger a nuestras familias".
Enseguida se informa que "somos un grupo de vecinos que nos estamos organizado para empezar ya la cacería de ratas, secuestradores, etcétera en nuestra colonia y alrededores".
Los administradores exponen que estarán atentos a cualquier reporte, se comprometen a hacer vigilancia a domicilios y vehículos sospechosos. Una vez comprobado el proceder ilegal "actuaremos y expondremos a los delincuentes a la sociedad para que los reconoza y darles su lo que la sociedad crea que es justo pero sin antes darle una muy buena madriza".
Al final se advierte que cualquier interesado en unirse a la guardia vecinal será investigado pues "nosotros tenemos que permanecer en el anonimato para no exponer a nuestras familias".
OTROS LINCHAMIENTOS
Fuera de las comunidades hartas de la inseguridad es posible encontrar otro tipo de linchamientos: el mediático y el político.
El primero es ejecutado por los medios de comunicación. En él las ondas de la información se lanzan sobre una persona a quien se presume culpable de un delito. Desprestigiar y perjudicar su integridad moral, de forma independiente a cualquier acción judicial, es el objetivo de esta campaña.
El segundo es el castigo al que una sociedad somete a una persona que presumiblemente perpetró un ilícito sin mediar juicio alguno o sin ofrecer evidencia sólida del hecho señalado.
Sobre la rama "mediática" un ejemplo a mano es el caso de siete militares detenidos bajo el cargo de haber ejecutado a delincuentes ya sometidos en Tlatlaya, Estado de México.
Durante el desarrollo del juicio la defensa de los acusados pidió al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, que se abstuviera de hacer comentarios sobre el caso ante los medios con el argumento de que sus declaraciones no hacían sino "contribuir al clima de división y linchamiento mediático" de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y que los comunicados y comentarios vertidos desde la CNDH enardecían los ánimos de las personas en contra de los militares.
Cuando todos los detenidos recobraron su libertad, el abogado defensor, Juan Velásquez, afirmó que la inocencia de sus representados confirmó que había sido un caso inventado que estigmatizó nacional e internacionalmente al Ejército Mexicano.
Por el otro lado, excolaboradores del exgobernador de Sonora (2009-2015), Guillermo Padrés Elías han denunciado que su expatrón es víctima de un "linchamiento político".
La fiscalía del nuevo gobierno sonorense acusó a Padrés de un presunto desvío de recursos estatales por un monto de 30 mil millones de pesos.
Según las autoridades se pretende que el político panista rinda cuentas de sus actos. Como el acusado no atendió el llamado que le hicieron, la fiscalía prevé utilizar órdenes de presentación, con uso de la fuerza pública incluida, si persiste en su esquiva actitud.
Las acciones del nuevo gobierno ya incluyen un par de cateos en propiedades del panista.
Para los defensores de la honradez del exgobernador, se trata de acusaciones surgidas al calor de tiempos electorales, de un linchamiento mediático dirigido a manipular a la opinión pública.
Si Padrés Elías es hallado culpable de los cargos que se le imputan podría ser carne de presidio por al menos 22 años y sin derecho a fianza.
PULITZER
Ailssa Rubin, periodista de The New York Times, ganó el premio Pulitzer 2016 gracias a su cobertura de hechos registrados en un país con graves conflictos encima.
En diciembre pasado, Rubin publicó un reportaje titulado 'El que no la golpee es infiel´: La historia de un linchamiento en Afganistán.
En sus párrafos reproduce el calvario y la muerte de Farkhunda Malikzada, mujer de 27 años acusada de quemar una copia del Corán.
Fue pateada y pisoteada hasta expirar mientras Cientos de hombres (...) sostenían sus teléfonos en alto para poder capturar la violencia.
La inocencia de Farkhunda se demostró en la investigación de los hechos que, en algún punto del ajusticiamiento, provocaron el grito de "El que no la golpee es infiel".
Hubo 49 acusados, 19 de ellos policías, por el asesinato colectivo. El juicio se realizó como si fuera un caso de terrorismo y no uno de asesinato. El proceso dejó cuatro sentencias a pena capital. Otros 18 enjuiciados recibieron condenas de 16 años de prisión.
Luego de las apelaciones los castigos fatales no se sostuvieron y sólo 10 acusados acabaron recluidos.
En México, de unas décadas a la fecha, el fenómeno del linchamiento ha ido adquiriendo propiedades que se asemejan a las de la pólvora religiosa.
Allá el que no golpea es infiel, acá el que no golpea no defiende a su familia.
Castigar al culpable, humillar y degradar al infractor, son tareas ineludibles en localidades espoleadas por la ausencia, la indiferencia o el mal actuar de las autoridades.
La inconformidad se lleva en las espaldas y el acuerdo comunitario en las extremidades lanzadas hacia el objetivo.
Basta con un chispazo para detonar, aunque sea dentro del radio de unos minutos, la explosión de una indignación indómita.
Los mexicanos siguen esperando a la justicia en un país en el que más del 92 por ciento de los delitos no se denuncian, en el que los primeros cinco meses de 2016 dejaron un registro oficial de ocho mil 469 asesinatos.
México vive, según organismos internacionales, organizaciones civiles y personajes notables en la escena política mundial, una "crisis de inseguridad", una "crisis de derechos humanos" y una "crisis de Estado de derecho".
Con las vicisitudes del país inclinadas hacia la impunidad, no es difícil concluir que algunos cientos, a veces miles, de civiles presos entre los ríos Bravo y Suchiate, entre el Golfo de México y el océano Pacífico, se han cansado de esperar y han decidido entrar al intercambio de golpes.
Correo-e: bernantez@hotmail.com
