Ya tratamos en textos anteriores la ineficacia, la falta de voluntad para hacer justicia y de aplicar la ley que exhiben de manera generalizada los ministerios públicos en todo el país.
Una muestra más de esa impunidad en favor de la delincuencia, es el ataque sexual tumultuario que sufrió en Boca de Río, Veracruz, la menor Daphne Fernández y la manera como desde hace un año se ha venido llevando la denuncia por el Ministerio Público. En este caso se repite el perverso círculo de como una caterva de vagos inútiles son protegidos precisamente por quien debería ponerlos ante un juez para aplicarles la ley.
En este tipo de asuntos se refrenda de manera casi sistemática lo que en todo el país hacen los señores procuradores de Justicia y sus agentes ministeriales. Ellos insisten de manera machacona no aplicar la ley, pero eso sí, proteger a los delincuentes y criminalizar a las víctimas.
Es ahí donde se genera la impunidad que ahoga a este país. Cuando los responsables de aplicar la ley, ya por acción u omisión, se niegan a cumplir con sus obligaciones constitucionales, sino por el contrario, se dedican a proteger al delincuente en aquellos asuntos que interesan a los que tienen dinero o alguna influencia en el medio.
En el caso de Daphne se trata de una joven de 17 años abusada sexualmente por cuatro jóvenes hijos de familias influyentes de Veracruz, que como otros miles de delitos, seguramente quedará también impune.
Ello no obstante que los mismos violadores mediante una grabación en video, confesaron plenamente la comisión de su delito. Esta evidencia se puso en manos del "señor" fiscal, pero éste resolvió que las confesiones grabadas por particulares no hacen prueba. Como consecuencia los violadores están ahora en su casa disfrutando del amparo y cobijo del funcionario público que debió haberlos puesto ante un juez.
Los abogados y el padre de la víctima aportaron, además de la confesión en video, las pruebas psicológicas de la víctima, las médicas, los señalamientos directos de la víctima, los testimoniales y tampoco pasó nada, razón por la cual el fiscal de opereta se negó a ejercitar la acción penal.
En este país tal parece que se puede asesinar o desaparecer miles de mexicanos, robar en los domicilios particulares, en tiendas o comercios y no va a pasar nada. Se puede asaltar a cuentahabientes en los cajeros automáticos; causar daño en propiedad ajena, robar, defraudar, asaltar camiones con mercancías, secuestrar, cortarle la cabeza a las víctimas para tirarlas por cualquier lugar; desaparecer o enterrar por montes y desiertos a las víctimas y tampoco pasa nada.
La cruel realidad es que los ministerios públicos no pueden encontrar a un solo sicario, a un solo ladrón, a un secuestrador. Para concretar: el ministerio público no puede hallar ningún delincuente responsable.
De ahí que el imaginario colectivo de nuestra sociedad y con toda razón, no cree en la institución del ministerio público o fiscalía, como el brazo de la ley que castiga a los delincuentes. Y no puede creerlo porque al día de hoy tenemos más de 60,000 homicidios y desaparecidos cuyos asesinos la institución no ha podido poner ante un juez. Con ello se pone de manifiesto que el Ministerio Público ha resultado una institución fallida que prohíja y fomenta abiertamente la corrupción y la impunidad en nuestra patria.
Este caso de violación no es nada más que otro, entre miles, de archivados en los polvorientos cajones de las procuradurías, que seguramente seguirá la misma suerte que aquellos: quedará impune.
