Respuestas. El Gobierno estatal señala que se ha creado un banco de datos genéticos de restos sin identificar, resguardados en un denominado 'panteón genético' que contiene 458 muestras sin identificar.
El gobierno de Coahuila respondió a Open Society Foundations que la mayoría de las personas que fueron desaparecidas en Allende en realidad habían huido del lugar, principalmente a Estados Unidos.
Tras el informe "Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México", publicado por Open Society Foundations, el gobierno estatal emitió como respuesta una síntesis de información sobre la acciones realizadas en materia de seguridad pública, procuración de justicia, desaparición de personas y temas relacionados con derechos humanos.
El organismo internacional toma en su informe el caso del municipio de Allende, en Coahuila, donde en marzo de 2011 el Cártel de los Zetas irrumpió, agrupó a los civiles, demolió sus hogares, quemó sus negocios y secuestró a alrededor de 300 personas, de las que ya no se volvió a saber desde entonces.
CRIMEN ATROZ
La administración de Rubén Moreira precisó que se presentaron ataques contra familias de apellidos Garza, Moreno y Villanueva, y sus inmuebles, ocurridos los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011 y perpetrados por integrantes de los Zetas, pero que no fueron realizados al azar, sino que según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la averiguación previa penal radicada en expediente número 045/2012, se trató de una venganza planeada y estructurada, debido a que Alfonso Villanueva, alias "El Poncho" o "El Prieto", y José Luis Garza, alias "El Wichin", quienes trabajaban para dicha organización criminal, habían recibido 8 millones de dólares que no reportaron al grupo, y se trasladaron a Estados Unidos, donde se acogieron al programa de testigos protegidos.
Debido a esto, José Manuel Díaz Guajardo, alias "El Comandante 7", jefe de plaza de los Zetas en la región de los Cinco Manantiales, en Coahuila, ordenó el ataque contra los familiares de aquellos. El Gobierno estatal aseguró que hay una investigación exhaustiva en este caso y que, tanto Villanueva como Garza cuentan con órdenes de aprehensión y extradición.
Señaló que dentro de la investigación se han llevado a cabo entrevistas con las personas que denunciaron la desaparición de algún familiar, se recabaron diversos testimonios y se realizaron pruebas periciales. El entonces alcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, declaró que había tenido conocimiento de los hechos, pero que no fue posible conocer a detalle qué personas participaron en los ilícitos, además de que no hubo denuncias.
"Como parte de esta investigación, una acción prioritaria fue la localización de muchos de los familiares, que se pensaron desaparecidos, pero que en realidad habían huido del lugar, en su mayoría a Estados Unidos, debido a las facilidades que la población de la región norte del estado de Coahuila tiene para trasladarse a dicho país de forma legal. Por lo que a través de las entrevistas con denunciantes y la instalación de un buzón de denuncia anónima, fue posible localizar a la mayoría de estas personas que en realidad habían huido", asegura el documento estatal.
También indica que otras huyeron a ciudades de Coahuila y del país, sin precisar el dato de cuántas personas han sido localizadas y cuántas siguen siendo consideradas como desaparecidas.
Los hechos ocurrieron durante la administración de Humberto Moreira. La Procuraduría inició las investigaciones el 25 de mayo de 2011, ya en la gestión actual, y alertó que el número de desaparecidos era mayor que las 27 personas que se desprendían de las investigaciones como desaparecidas y asesinadas.
El gobierno de Coahuila reporta que hoy Allende no tiene la influencia y presencia del grupo de los Zetas, por lo que algunos han regresado a su lugar original de residencia, sin embargo, no proporciona cifras ni más detalle al respecto.
Indicó que se ha acreditado la responsabilidad de 14 personas en los ilícitos, de los cuales, siete pertenecían al grupo de los Zetas y siete a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Allende, mismos que fueron consignados el 5 de marzo de 2015 al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, en Piedras Negras. De los referidos, nueve han sido detenidos.
También se estableció la identidad de 23 víctimas que fueron privadas de su libertad y ubicadas en un rancho conocido como Los Garza, en carretera Allende-Villa Unión, en la ciudad de Allende, donde fueron ejecutadas e incineradas en el interior de una bodega. Se acreditó además que, un año después, el 11 de marzo de 2012, se privó de su libertad a cuatro personas más, de la familia Garza. El 18 de agosto de 2015 se ubicó con vida a un menor de edad víctima de este ilícito, en Valle de Bravo, Estado de México, viviendo con una tía. Los otros tres se identificaron muertos, incinerados también.
José Manuel Díaz Guajardo, "El Comandante 7", fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en mayo de 2011. La averiguación penal sigue abierta.
POCA COORDINACIÓN
El informe de Open Society señala también que hay obstáculos en las investigaciones sobre las desapariciones por las diferencias en las definiciones de delitos entre el Gobierno federal y los estados, lo que ocasiona que no existan protocolos claros para transferir los casos o realizar investigaciones conjuntas, lo que frustra a las víctimas.
Indica que, por ejemplo, en Coahuila las autoridades afirman tener una buena coordinación con el Gobierno federal, pero las víctimas señalan que rutinariamente estado y Federación no están al tanto de las investigaciones de las otras partes, por lo que las familias, entre otras consecuencias, han tenido que soportar múltiples pruebas de ADN.
Señala que cuando el Gobierno federal cuenta con un evidente fundamento jurídico para establecer su competencia sobre crímenes atroces, con frecuencia no lo ejerce. Cita el caso de una desaparición en Coahuila en 2009, donde los testigos presenciales acusan al Ejército de haberla perpetrado, pero la PGR negó esta participación sin ofrecer explicación alguna.
También indica que en el estado, donde los familiares de los desaparecidos han tenido cierto éxito en involucrar al gobierno en sus casos, las autoridades federales abandonaron eventualmente las reuniones. En este sentido, la administración indicó que se tiene un trabajo coordinado con diversos colectivos y el grupo autónomo de trabajo, que han permitido reformas como la realizada al artículo 7 de la Constitución Política del estado de Coahuila, que prohíbe la desaparición de personas, lo que genera, desde el marco fundamental local, la obligación de investigar y sancionar a quienes realicen esta práctica. Menciona además la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas de Coahuila, para brindar seguridad jurídica a las víctimas directas e indirectas de la desaparición.
DERECHOS HUMANOS
El informe del organismo internacional establece que los defensores de los Derechos Humanos han criticado la naturaleza débil de los mandatos de las comisiones de Derechos Humanos, además de su falta de vigor, pues se considera que no emiten las suficientes recomendaciones ni ejercen su autoridad para exigir el cumplimiento de las mismas.
De Coahuila, se indica que la Comisión de Derechos Humanos del estado se ha ganado la reputación de ser una estación de paso para cualquier político que busca limpiar su imagen antes de ocupar otros cargos públicos, por lo que las organizaciones no gubernamentales locales y las de víctimas desconfían de esta oficina y perciben que su trabajo tiene un impacto marginal.
En este sentido, las víctimas hablan de filtración de información a la Procuraduría sobre sus denuncias y cuando asisten a la comisión para quejarse sobre la falta de resultados en las investigaciones penales se encuentran con los funcionarios objeto de sus denuncias.
Al respecto, el Gobierno estatal manifestó en su respuesta extrañeza y consternación, al considerar que las personas que han fungido como titulares de la comisión de Derechos Humanos local se han distinguido por "su profundo conocimiento y sensibilidad en la materia". Asegura que la mayoría tiene un perfil académico.
DESLINDAN A GATE
Open Society Foundations refiere que la fuerza policiaca especial creada por el gobernador para luchar contra los crímenes atroces, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), ha sido acusada de participar de manera importante en prácticas de tortura y desapariciones forzadas.
Sobre esta afirmación, el gobierno de Rubén Moreira respondió que "grupos criminales, particularmente el Cártel de los Zetas, adoptaron como práctica recurrente el uso de uniformes, equipo táctico e incluso vehículos apócrifos que aparentaban ser unidades oficiales del GATE y otras corporaciones, para realizar secuestros, extorsiones, desapariciones y homicidios". Aseguró que estos materiales fueron encontrados también en la detención de Juan Manuel Díaz Guajardo, "El Comandante 7".
El estado señaló que el GATE fue creado en la anterior administración, en el 2009, y fue disuelto en marzo del 2016. Enseguida se creó un esquema de Mando Único que concluyó en una policía única estatal llamada Fuerza Coahuila, que cuenta con cinco grupos especializados, de reacción, preventivo, de proximidad social, procesal y de custodios penitenciarios.
Indicó que se han implementado medidas en Fuerza Coahuila para impedir la clonación de uniformes mediante la implementación de chips electrónicos en éstos y de dispositivos GPS en las unidades, que permiten ubicar a los elementos, además de videograbación móvil para las detenciones.
CASO BIBIANO
El informe de Open Society Foundations hace referencia al general en retiro, Carlos Bibiano Villa Castillo, quien era director de Seguridad Pública Municipal en Torreón, luego de que el funcionario declarara que se permitía el uso extrajudicial e indiscriminado de la fuerza contra aquellos que se perciba su conexión con el crimen organizado. En 2011, Villa estimó que se había matado a 200 presuntos criminales durante la campaña en Coahuila, indicó que "donde los alcanzamos los matamos".
Villa también fue director de la Policía Preventiva de Parras, de julio de 2009 a diciembre de ese mismo año, a partir de ahí y hasta marzo de 2011 estuvo en Torreón, luego se fue a Quintana Roo como secretario de seguridad pública. Al respecto, el Gobierno estatal respondió que se inició una investigación al respecto, radicada en la carpeta de investigación DGUI 022/2016.
DESAPARECIDOS
Como parte de las acciones en materia de personas desaparecidas, el Gobierno estatal señala que se ha creado un banco de datos genéticos de restos sin identificar, resguardados en un denominado "panteón genético" que contiene 458 muestras sin identificar, cada una correspondiente a una persona desaparecida. Esto bajo estándares del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Se creó también una base de datos de personas no localizadas en el estado, a fin de contabilizar los asuntos denunciados. A junio de 2016, se tenía contabilizado un total de mil 808 personas no localizadas en el estado y se ha logrado encontrar dos mil 339 que estaban desaparecidas, dos mil 200 con vida y 139 muertas.
El informe de Atrocidades Innegables tomó más de tres años de estudio por parte de Open Society Justice Initiative, junto con cinco organizaciones mexicanas independientes de Derechos Humanos. El informe reconoce que el Gobierno federal ha perseguido el objetivo legítimo de reprimir a la delincuencia organizada, pero lo ha hecho a través de una política que desplegó elementos del Ejército y de la Policía Federal autorizados para utilizar de forma aplastante una fuerza extrajudicial e indiscriminada contra población civil, presuntamente vinculadas con los cárteles criminales, sin un adecuado marco regulatorio respecto al uso de la fuerza y prácticamente sin ninguna rendición de cuentas con respecto a los abusos ocurridos como resultado.
Sin respuesta
Algunos señalamientos de Open Society Foundations que no tuvieron respuesta por parte del gobierno de Coahuila:
Pese a los indicios de la práctica común de la tortura, entre 2006 y 2014 sólo se había producido una investigación penal por tortura, sin ninguna formulación de cargos.
Las organizaciones han documentado 321 desapariciones en modo independendiente y se tienen indicios de que en 36 de estos casos los autores fueron agentes estatales.
Las familias de los desaparecidos manifiestan frustración por la falta de avances en sus casos.
