El júbilo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mostró por la recaptura del narcotraficante más peligroso del mundo, parece a una primera vista justificado. El objetivo de la cacería sin precedentes que llevaron a cabo las fuerzas federales durante casi seis meses se cumplió: regresar a Joaquín Guzmán Loera, jefe del temible cártel de Sinaloa, a prisión. El primer mandatario definió la recaptura como “una detención que tenía que suceder”. Sin embargo, en una mirada menos superficial del hecho, dicho júbilo se coloca en territorios menos alegres. Dentro de la misma lógica del jefe del Ejecutivo Federal, si la tercera captura del capo era un hecho que “tenía que suceder”, su segunda fuga nunca debió haber ocurrido. Y sin embargo, ocurrió. Los 181 días que pasaron desde el ominoso escape del “Chapo” el sábado 11 de julio de 2015 hasta la reaprehensión el viernes 8 de enero de 2016, son suficientes para cuestionar las anomalías que existen en el aparato institucional de seguridad y, en especial, en el sistema penitenciario.
De la propia versión oficial del gobierno de la República sobre la fuga de Guzmán Loera, su desplazamiento hacia el noroeste del país y el operativo montado para su búsqueda, es posible deducir que durante todo el tiempo que estuvo prófugo el capo contó con amplias facilidades para moverse en al menos cinco entidades (Estado de México, Querétaro, Durango, Chihuahua y Sinaloa), además de las fallas, por omisión o complicidad, que permitieron su insólito escape del penal de máxima seguridad del Altiplano I, en Almoloya de Juárez. Para su evasión, “El Chapo” pudo disponer de un ejército de trabajadores y especialistas, maquinaria y obras, todo prácticamente frente a un destacamento militar, además de autos, aviones y casas para trasladarse y esconderse en el llamado Triángulo Dorado, zona que controla desde hace años. Llama la atención que ninguna autoridad estatal o local se haya percatado de los movimientos de quien hasta el viernes pasado era el delincuente más buscado del mundo. Fue necesario un despliegue de 9,000 elementos de las fuerzas federales, en especial de la Marina, para recapturar al capo en una región en donde los gobiernos estatales y municipales están ausentes.
Por otra parte, la fuga del “Chapo” se convirtió en el símbolo de la pudrición del sistema penitenciario mexicano. En los últimos cinco años más de mil reos se han escapado de prisiones mexicanas. Ejemplos sobran, pero sobresalen los casos de Piedras Negras, Coahuila, en 2012, con 130 reos evadidos, y el de Gómez Palacio, Durango, en donde los reclusos tenían vía libre para salir a matar y regresar al penal a dormir como si fuera un hotel. El problema es que muy poco se ha hecho desde entonces para mejorar la situación de seguridad de las cárceles, lugares donde debería sentirse con mayor fuerza la presencia del Estado, donde tendría que ser efectivo el imperio de la ley. Porque no se trata sólo de que Guzmán Loera y otros delincuentes evadidos regresen a prisión, sino de garantizar que no puedan volver a fugarse. Incapacidad, miedo, negligencia, corrupción: todos estos factores han contribuido a carcomer los cimientos de sistema carcelario y, definitivamente, el gobierno de la República debe hacer algo radical al respecto.
Quedarse sólo en el júbilo y la euforia de la recaptura del “Chapo” en nada abona al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y al sistema penitenciario. Es necesario romper el ciclo de corrupción y fragilidad que permite que sectores de ciudades o regiones de estados continúen en manos del crimen organizado. Morelos y Guerrero son hoy claro ejemplo de ello, pero no son los únicos. Al mismo tiempo, se debe combatir el alto índice de impunidad y fortalecer los controles en todos y cada uno de los penales. Porque de nada servirá tener cuerpos de seguridad capaces de detener a delincuentes si en las cárceles los dejan ir. Como de nada serviría tener prisiones muy seguras si no se cuenta con corporaciones fuertes, eficientes y probas. Lejos de considerar la reaprehensión del líder del cártel de Sinaloa como el fin de un proceso, debe ser apenas el inicio del restablecimiento del estado de derecho en México.
