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La reforma y la otra política

JESÚS SILVA-HERZOG

Han chocado en la Reforma Educativa las dos cuerdas de la política mexicana. Tuvo mano la política de las instituciones, la que se aloja en los partidos y que hace las leyes pero ha chocado frontalmente con la otra. Tuvo éxito al rehacer, en el papel, la plataforma de la educación pública. En el Congreso se selló una amplia coincidencia de la clase política: la necesidad de emancipar la escuela pública del sometimiento sindical. Reconociendo el desastre de la escuela, habiendo pagado muy caro las extorsiones de los sindicatos, gobierno, derecha e izquierda, resolvieron acotar ese poder para darle al Estado capacidad rectora en materia educativa. Como se sabe, el gigantesco poder sindical no se detenía en el salario o las vacaciones que se negocian en los acuerdos laborales. Por una serie de abdicaciones gubernamentales sucesivas, los sindicatos ejercieron control sobre la política educativa subordinando todo asunto académico a los intereses de los líderes. En particular, se adueñaron de la pista de reclutamiento y de promoción de los profesores. También se hicieron de garrote para castigar a sus críticos.

La reforma puso un alto a esa anomalía. Su camino institucional fue impecable. Compartiendo el diagnóstico, los partidos acordaron cambios a la ley para volver las cosas a su sitio: que el Estado, no el gremio que condujera la política educativa. Mucho ayudó, por supuesto, aquella luna de miel del Pacto por México. La iniciativa se presentó en el Congreso y recorrió la ruta de la reforma constitucional. En la arena institucional la resistencia fue mínima. Se percibía un amplísimo consenso. La Constitución se modificó y nacieron oficinas e instituciones para lograr los propósitos de la reforma. Había motivos de celebración: la clase política se ponía de acuerdo para dar respuesta a una demanda social. Las instituciones respondían a la exigencia.

El éxito, sin embargo se detenía en el texto. La reacción de la otra política, la que no se hace oír en el parlamento, la que apenas pasa por los partidos políticos, la que no se inclina ante los dictados de la ley, la que no presta mucha atención a las encuestas y los dichos de la prensa tiene en jaque a la reforma, si no es que la ha matado ya.

El secretario de Educación entendió que la publicación en el Diario Oficial consumaba la reforma. Quedaba solamente el trabajo de los burócratas para alcanzar la ansiada calidad. Se trataba de una ley vigente y, por lo tanto, de un hecho consumado, una decisión irreversible. Toda protesta era, además de irracional, extemporánea. Era ya norma constitucional. Tenía el apoyo de las principales fuerzas políticas del país. Tras la decisión del Legislativo, no había ya nada que negociar. De ahí su confianza de que sus opositores serían anulados por la marcha del cambio. Hablaba reiteradamente como si la única política fuera la de las instituciones, la de las reglas, la de sus órganos formales. Ignoraba la importancia de esa política insumisa que no se subordina a los plazos y a los códigos de la ley. Desestimaba el peso de esa energía social que se organiza de otro modo. Una política ciertamente clientelar que sostiene la vida de miles y que se alimenta de una muy vieja, pero viva épica insurreccional. Es una política que no duda en violar la ley, que está dispuesta a vejar a sus críticos y que se empeña en afectar los derechos de los demás para imponerse. Es una política que tiene su código, sus mecanismos distributivos y también su legitimidad.

Condenar los efectos de esas prácticas no supone ignorar su raigambre y su sentido. Pueden ser todo lo antimodernas, lo antiliberales, lo antidemocráticas, que se quiera. Pueden ser frontalmente contrarias al régimen de la legalidad. Pueden ser opacas, corruptoras y opresivas. Puede coincidirse también en que son obstáculos de la calidad educativa. Lo que no podemos permitirnos es creer que no importan porque rechazamos su discurso, sus tácticas, sus propósitos. Existen y cuentan. No desaparecerán de un día al otro porque la Constitución o las leyes han cambiado. Haber creído que la batalla por la Reforma Educativa era simplemente una batalla por cambiar el texto de las leyes fue una ingenuidad gigantesca. La política democrática se juega en el campo de las instituciones, pero no solamente ahí.

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