En el Presupuesto de Egresos 2016 se tiene contemplado que los expresidentes de México reciban distintos recursos materiales y económicos, mientras que la mayoría de los ciudadanos vive en condiciones de desigualdad preocupante y, en general, sobreviviendo con una de las pensiones más bajas del mundo. Junto a sus homólogos de Chile, los exmandatarios mexicanos son los que cobran las compensaciones por “jubilación” más altas en América Latina.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al menos 55 millones de personas viven en pobreza y el 60 por ciento de los adultos mayores no tiene acceso a una pensión.
De entre los exmandatarios, Felipe Calderón es considerado el más oneroso pues si sumamos pensiones, seguro de vida y de gastos médicos mayores, personal de apoyo logístico y elementos del Estado Mayor Presidencial encargados de su integridad física, los emolumentos que recibe se calculan en 5 millones de pesos mensuales.
Luis Echeverría, de más de noventa años y presuntamente aquejado por un cuadro de demencia senil, tendría asignado a un equipo de 17 colaboradores.
En tanto, por el personal de apoyo adscrito al expresidente Carlos Salinas de Gortari se eroga un monto de 250 mil pesos mensuales. Los montos reales se manejan con opacidad y discreción, pese a varias solicitudes a la autoridad competente.
“El Ramo Administrativo Oficina de la Presidencia de la República, a que se refiere el Anexo 1, inciso B, de este decreto, incluye los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal”.
Esta semana, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda, presentó una iniciativa que busca eliminar las pensiones vitalicias a los expresidentes de México. Por su parte, la diputada Verónica Delgadillo -también perteneciente a la misma organización- consideró que México no estará en el camino correcto si la clase política se aferra a sus privilegios y permanece ciega ante la realidad de los ciudadanos. A través de una carta, la legisladora exhortó a los expresidentes “a que renuncien a este privilegio de manera voluntaria”.
En su libro “Beneficios expresidenciales”, el abogado y académico Ernesto Villanueva afirma que las pensiones a exmandatarios no tienen sustento legal. “Durante nueve meses revisamos el Diario Oficial de la Federación de los últimos 38 años y encontramos que jurídicamente dicho acuerdo no existe, no tiene base legal pese a que todos creen lo contrario”, escribe.
Pese a las consideraciones de Villanueva, en la actualidad hasta de las viudas presidenciales nos tenemos que hacer cargo. Un ejemplo es la popular actriz del cine de ficheras, Sasha Montenegro, quien vivió una truculenta historia de encuentros y desencuentros con José López Portillo. Por Doña Sasha el erario desembolsa más de ciento veinte mil pesos mensuales y lo mismo ocurre con Paloma Cordero, cónyuge de Miguel de la Madrid. Según el decreto expedido por De la Madrid en 1987, a la viuda de un expresidente de México le correspondería hasta el ochenta por ciento de la pensión del cónyuge. Cabe aclarar que dicha “prestación” es similar a lo que percibe un secretario de estado en funciones.
Si algo acusa y evidencia todo lo anterior, son las enormes desigualdades que existen en el país, y la urgencia de resolverlas. Desde el legislativo, varios e infructuosos han sido los intentos no sólo por transparentar los apoyos que se les da a los expresidentes y a sus familias, sino de regularlos.Mientras el mexicano de a pie tiene que cotizar por lo menos 1, 250 semanas ante el IMSS, y cumplir 60 años, para obtener una pensión; quienes gobernaron durante 6 años disfrutan de privilegios a todas luces desproporcionados e injustos frente a la situación que padece la gran mayoría de los ciudadanos.
Además, huelga señalar que además de pensiones, los expresidentes de México reciben importantes cantidades de dinero por impartir conferencias, viajar, participar en consejos de administración y enlaces con entidades financieras de diversa índole. No se diga de la información privilegiada que poseen antes, durante y después de su sexenio, que además les permite incursionar en diversos negocios.
Por ello, eliminar las pensiones presidenciales es, además de similar a quitarle “un pelo a un gato”, acto de elemental justicia. Seamos claros: ninguno de ellos la necesita. Ninguno.
Nos leemos en Twitter y nos vemos por Periscope, sin lugar a dudas: @patoloquasto
